Por Gustavo Cobos
10 Septiembre 2015
Pamela Laime no está sola. Siguió el mismo camino de Juan Andrés Salinas, el policía acribillado en 1992. En dos años más se sumarán a sus nombres el del contador Carlos Julio Albarracín, y en una década se integrarán Elda Ana Hovannes, Jorge Matteucci, Luis Coronel y Gerardo González. Fueron asesinados y sus homicidas nunca fueron identificados. En casi todos, la desidia, la negligencia, la impericia, la desinteligencia (y muchos otros adjetivos) de la Policía o de la Justicia posibilitaron que quedaran impunes.
La mayoría de los homicidios que se cometen en Tucumán tiene un sospechoso identificado. De ello se jactan en la Policía y la Justicia. Sucede que generalmente los crímenes se producen en peleas barriales o familiares, y los autores de las muertes son detenidos en el momento o a las pocas horas de haber sucedido. Pero basta repasar el historial de aquellos casos que aún permanecen impunes, para considerar que la prescripción de esas causas no es provocada por el paso del tiempo, sino por la acción u omisión de funcionarios policiales o judiciales:
Juan Andrés Salinas. El policía fue acribillado en 1992 cuando estaba en un auto con Ángel “El Mono” Ale, quien curiosamente no recibió ninguno de los 40 disparos que hicieron contra el vehículo. Los Ale y los miembros del “Comando Atila” fueron absueltos, y el fiscal Carlos Albaca nunca resolvió el crimen. El año pasado se remitió la causa a la jueza Mirta Lenis de Vera para que dicte la prescripción.
Pamela Laime. Su muerte es tal vez la muestra cabal de la impunidad. Su madre, Mercedes Saldaño, había denunciado su desaparición, mientras la Policía encontró un cuerpo en Ticucho el 17 de octubre de 2000. La Fiscalía VIII°, a cargo de Joaquina Vermal, la enterró como NN en el cementerio del Norte. El expediente en el que se investigaba el homicidio se perdió en alguna dependencia policial. Saldaño hizo denuncias por la desaparición de su hija que nunca llegaron a tribunales, y luego se abrió una causa por el paradero en la Fiscalía III°. Recién en 2014, por una nota de LA GACETA, un comisario vinculó los hechos y se pudo identificar a Laime. En octubre la causa prescribirá, sin que se sepa qué pasó.
Carlos Julio Albarracín. El financista había desaparecido el 2 de diciembre de 2002 y sus restos óseos fueron encontrados en Villa Nougués, el 17 de setiembre de 2003. Se habló de un posible crimen por encargo, vinculado al manejo de dinero de la financiera Compañía Regional S.A., de la que era gerente y socio minoritario. El entonces fiscal de Instrucción de la V° Nominación, Alejandro Noguera, no pudo determinar de qué forma lo mataron y ni siquiera si el homicidio ocurrió en el lugar en el que encontraron los restos. Hubo allanamientos, se sospechó de un custodio que conocía al contador de 37 años, pero ninguna medida llevó a nada concreto.
Elda Ana Hovannes. Fue asesinada el 19 de julio de 2011 en la puerta de su casa, en el barrio Ampliación Kennedy. Estaba por abordar un taxi cuando dos delincuentes que iban en una moto intentaron robarle su cartera. Elda se resistió, la arrastraron 10 metros y le dispararon. Los homicidas escaparon, y nunca lograron dar con ellos. La Policía direccionó la investigación a dos supuestos ladrones del barrio Juan XXIII, conocido como “La Bombilla”. A pesar de algunos testigos que los vincularon a la causa, nunca obtuvieron una prueba contundente para detenerlos. Uno de esos sospechosos murió, y el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Albaca, no resolvió ninguna de las medidas que había pedido la división Homicidios.
Jorge Mateucci. El cuerpo del empresario fue hallado en un camino vecinal de La Aguadita. Tenía la cabeza cubierta con cinta de embalaje, y estaba atado de pies y manos. Tres días antes de que lo encontraran, el 19 de diciembre de 2011, había salido de su casa supuestamente para pasar a cobrar una deuda, pero no llegó a destino. De acuerdo a la autopsia fue asesinado el día de su desaparición. Numerosas hipótesis se manejaron, y la mayoría estaban vinculadas a un ajuste de cuentas por motivos económicos. La causa estuvo a cargo de la fiscala III°, Teresita Marnero. Cuando la división Homicidios afianzó una línea de investigación por el rastreo del IMEI del teléfono celular de Mateucci, Marnero ya se había jubilado. La Policía envió a la Fiscalía el expediente con el pedido de varias medidas judiciales, pero nunca fue respondido. La carencia de un fiscal permanente atentó contra la prosecución de la causa. Hace dos meses se hizo cargo María del Carmen Reuter, quien deberá estudiar el complejo caso para ver si hay elementos que permitan seguir la hipótesis de la división Homicidios.
Luis Coronel. Era chofer de la línea 6 y tenía 37 años. El 26 de noviembre de 2012 fue encontrado en la finca San Esteban, en La Cañada de Viclos. Estaba dentro de su Renault 9 que había sido incendiado, en medio de unos cañaverales. El cuerpo estaba calcinado. El principal inconveniente que encontraron los investigadores (la causa está en la fiscalía IV° de Diego López Ávila), es que la víctima usaba varios números de teléfono. Al parecer cambiaba de chip constantemente, por lo que no pudieron establecer cuáles fueron sus últimas comunicaciones. Quedó latente una hipótesis por una supuesta infidelidad, pero no pudo ser probada.
Gerardo González. Tenía 29 años y vivía en el paraje San Miguel, en el departamento Cruz Alta. El 8 de enero de 2014, cerca de la medianoche, lo encontraron dentro de una acequia a la vera de la provincial 302, en cercanías de la comuna de Cevil Pozo. Estaba a la par de su moto. Al principio se creyó que había sufrido un accidente de tránsito, pero al revisarlo le descubrieron heridas de bala en el mentón, en la cabeza y en la espalda. La causa fue instruida en la Fiscalía IX°, de María de las Mercedes Carrizo. Nunca se identificó a algún sospechoso ni se determinó un posible móvil.
Basta repasar cada una de estas muertes para concluir que aunque el paso del tiempo genere la prescripción de las causas, no son los años los que traen impunidad, sino los encargados de combatirla.
La mayoría de los homicidios que se cometen en Tucumán tiene un sospechoso identificado. De ello se jactan en la Policía y la Justicia. Sucede que generalmente los crímenes se producen en peleas barriales o familiares, y los autores de las muertes son detenidos en el momento o a las pocas horas de haber sucedido. Pero basta repasar el historial de aquellos casos que aún permanecen impunes, para considerar que la prescripción de esas causas no es provocada por el paso del tiempo, sino por la acción u omisión de funcionarios policiales o judiciales:
Juan Andrés Salinas. El policía fue acribillado en 1992 cuando estaba en un auto con Ángel “El Mono” Ale, quien curiosamente no recibió ninguno de los 40 disparos que hicieron contra el vehículo. Los Ale y los miembros del “Comando Atila” fueron absueltos, y el fiscal Carlos Albaca nunca resolvió el crimen. El año pasado se remitió la causa a la jueza Mirta Lenis de Vera para que dicte la prescripción.
Pamela Laime. Su muerte es tal vez la muestra cabal de la impunidad. Su madre, Mercedes Saldaño, había denunciado su desaparición, mientras la Policía encontró un cuerpo en Ticucho el 17 de octubre de 2000. La Fiscalía VIII°, a cargo de Joaquina Vermal, la enterró como NN en el cementerio del Norte. El expediente en el que se investigaba el homicidio se perdió en alguna dependencia policial. Saldaño hizo denuncias por la desaparición de su hija que nunca llegaron a tribunales, y luego se abrió una causa por el paradero en la Fiscalía III°. Recién en 2014, por una nota de LA GACETA, un comisario vinculó los hechos y se pudo identificar a Laime. En octubre la causa prescribirá, sin que se sepa qué pasó.
Carlos Julio Albarracín. El financista había desaparecido el 2 de diciembre de 2002 y sus restos óseos fueron encontrados en Villa Nougués, el 17 de setiembre de 2003. Se habló de un posible crimen por encargo, vinculado al manejo de dinero de la financiera Compañía Regional S.A., de la que era gerente y socio minoritario. El entonces fiscal de Instrucción de la V° Nominación, Alejandro Noguera, no pudo determinar de qué forma lo mataron y ni siquiera si el homicidio ocurrió en el lugar en el que encontraron los restos. Hubo allanamientos, se sospechó de un custodio que conocía al contador de 37 años, pero ninguna medida llevó a nada concreto.
Elda Ana Hovannes. Fue asesinada el 19 de julio de 2011 en la puerta de su casa, en el barrio Ampliación Kennedy. Estaba por abordar un taxi cuando dos delincuentes que iban en una moto intentaron robarle su cartera. Elda se resistió, la arrastraron 10 metros y le dispararon. Los homicidas escaparon, y nunca lograron dar con ellos. La Policía direccionó la investigación a dos supuestos ladrones del barrio Juan XXIII, conocido como “La Bombilla”. A pesar de algunos testigos que los vincularon a la causa, nunca obtuvieron una prueba contundente para detenerlos. Uno de esos sospechosos murió, y el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Albaca, no resolvió ninguna de las medidas que había pedido la división Homicidios.
Jorge Mateucci. El cuerpo del empresario fue hallado en un camino vecinal de La Aguadita. Tenía la cabeza cubierta con cinta de embalaje, y estaba atado de pies y manos. Tres días antes de que lo encontraran, el 19 de diciembre de 2011, había salido de su casa supuestamente para pasar a cobrar una deuda, pero no llegó a destino. De acuerdo a la autopsia fue asesinado el día de su desaparición. Numerosas hipótesis se manejaron, y la mayoría estaban vinculadas a un ajuste de cuentas por motivos económicos. La causa estuvo a cargo de la fiscala III°, Teresita Marnero. Cuando la división Homicidios afianzó una línea de investigación por el rastreo del IMEI del teléfono celular de Mateucci, Marnero ya se había jubilado. La Policía envió a la Fiscalía el expediente con el pedido de varias medidas judiciales, pero nunca fue respondido. La carencia de un fiscal permanente atentó contra la prosecución de la causa. Hace dos meses se hizo cargo María del Carmen Reuter, quien deberá estudiar el complejo caso para ver si hay elementos que permitan seguir la hipótesis de la división Homicidios.
Luis Coronel. Era chofer de la línea 6 y tenía 37 años. El 26 de noviembre de 2012 fue encontrado en la finca San Esteban, en La Cañada de Viclos. Estaba dentro de su Renault 9 que había sido incendiado, en medio de unos cañaverales. El cuerpo estaba calcinado. El principal inconveniente que encontraron los investigadores (la causa está en la fiscalía IV° de Diego López Ávila), es que la víctima usaba varios números de teléfono. Al parecer cambiaba de chip constantemente, por lo que no pudieron establecer cuáles fueron sus últimas comunicaciones. Quedó latente una hipótesis por una supuesta infidelidad, pero no pudo ser probada.
Gerardo González. Tenía 29 años y vivía en el paraje San Miguel, en el departamento Cruz Alta. El 8 de enero de 2014, cerca de la medianoche, lo encontraron dentro de una acequia a la vera de la provincial 302, en cercanías de la comuna de Cevil Pozo. Estaba a la par de su moto. Al principio se creyó que había sufrido un accidente de tránsito, pero al revisarlo le descubrieron heridas de bala en el mentón, en la cabeza y en la espalda. La causa fue instruida en la Fiscalía IX°, de María de las Mercedes Carrizo. Nunca se identificó a algún sospechoso ni se determinó un posible móvil.
Basta repasar cada una de estas muertes para concluir que aunque el paso del tiempo genere la prescripción de las causas, no son los años los que traen impunidad, sino los encargados de combatirla.
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