Temen que en una comuna lleven a votar a 700 foráneos

La comuna El Naranjo y El Sunchal es un paraje del Departamento Burruyacu, ubicado a 25 kilómetros de la capital tucumana. Pareciera ser que en algún tramo de la ruta 312 existe un portal invisible que regresa al pasado al visitante que lo atraviesa. En El Naranjo no hay una plaza para que los niños puedan jugar y los viejos pasear. En El Naranjo no hay calles pavimentadas, no hay recolección de residuos. La iluminación de las pedregosas arterias es casi nula. Como Yupanqui, los vecinos de El Naranjo esperan ansiosos la salida de la luna porque ella los guía en su andar. Tampoco las calles tienen nombre y numeración. Los casi 4.000 habitantes de este caserío de viviendas humildes residen en un mismo lugar: en el kilómetro 7 de la ruta 321. Allí, la pobreza es la palabra que más se escucha.

Desde hace 12 años, son conducidos por la misma comisionada comunal: la alperovichista Amanda Grau, conocida como “Cotona” por los pocos amigos que, según dicen los propios vecinos, a ella le quedan en este terruño donde el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, supo cosechar votos con la maquinaria alperovichista. Su hija, Maia Martínez, es la actual subcomisionada rural y busca suceder a su madre en los comicios del 23 de agosto.

Pero desde hace días, casi una decena de candidatos oficialistas y opositores se unieron en una causa común: garantizar que no haya fraude -en esos términos lo plantean- en los comicios. Concretamente, los candidatos manzuristas, canistas y amayistas denuncian que en el padrón de El Naranjo se incorporaron unas 700 personas que residen en otras localidades de la provincia, pero que recién ahora realizaron el cambio de domicilio al paraje ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 321.

Días atrás, LA GACETA visitó el lugar y conversó con los candidatos a comisionados rurales Luis Zelaya (Acuerdo para el Bicentenario), Juan Carlos Jaime (Frente para la Victoria), Eduardo Rey Rojas (ApB), Susana Romano (Proyecto K), José Salgado (FpV), Fabián Torres (ApB), Gustavo Cáceres (FpV) y Sebastián Sir (FpV). Los dirigentes sostienen que el padrón habilitado por la Junta Electoral Provincial (JEP) contiene 700 votantes de otras localidades que realizaron el cambio de domicilio para beneficiar directamente a la actual comisionada comunal. Precisamente, el 15 de julio los postulantes a comisionado comunal denunciaron esta presunta irregularidad ante la JEP.

“Todos los candidatos, opositores y oficialistas decidimos unirnos para evitar un fraude que se está pergeñando en nuestra comuna. Porque con esos 700 votantes truchos, la Junta confeccionó un padrón definitivo de 2.172 votantes. Como nosotros advertimos esa irregularidad realizamos un censo propio y nos damos con que la cantidad de vecinos en condiciones de votar y que realmente viven aquí son 1.333. Por esta irregularidad, la hija de la actual comisionada ya tiene ganadas las elecciones de antemano porque esos 700 votos van a ir directamente para esta familia”, se queja el amayista Zelaya, quien integra el espacio político que conduce el funcionario municipal de la capital y candidato a legislador por la Sección Este, Marcos Díaz.

“Nosotros controlamos el padrón que elaboró la Junta Electoral y nos damos con que hay votantes que son de El Chañar, El Timbó, Macomita, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, La Madrid y Taco Palta. Es fácil hacer cambio de domicilio para esta localidad. Como las calles no tienen nombre ni numeración, todos aparecen como que viven en el kilómetro 7”, explica Zelaya, quien hace las veces de vocero del grupo.

En el patio de una precaria vivienda, los postulantes están sentados en círculo. Cuentan que ellos trabajan en la cosecha del citrus de la zona y que también realizan trabajos de albañilería. Comentan también que el marido de “Cotona”, Juan Carlos Martínez, es un ex comisario que se desempeña como asesor de la comuna. Aseguran que estuvo preso durante las trágicas jornadas de diciembre donde reinaron la anomia, los desmanes y los saqueos a supermercados.

“Estuvo preso y tuvo que pagar $ 200.000 para salir”, asegura Romano, de Proyecto K. El resultado de esto es que esta comuna ha sido saqueada. No hay pavimento, no hay iluminación, no hay recolección de residuos, no tenemos ambulancia. Desde hace muchos años que venimos denunciando en la Defensoría del Pueblo el abandono de este pueblo”, agrega el dirigente Jaime, del FpV.

“Soy candidata por Proyecto K, un movimiento netamente kirchnerista. Y desde hace muchos años trabajo con la señora Alicia Kirchner como promotora territorial. Nuestro objetivo es juntarnos todos los candidatos, más allá de las banderas políticas, para sacar a El Naranjo de esta postración”, acota Romano, la única mujer que encabeza una lista a comisionado comunal.

“Nosotros le dijimos que no habrá elecciones tranquilas, porque si el 23 de agosto vemos un solo votante de afuera se va armar un lío tremendo. Ella responde políticamente a Osvaldo Jaldo, pero como al gobierno sólo le interesan los votos, el ministro no actúa. Es más, ni vienen para acá porque saben que ya tienen ganada la elección”, interviene Zelaya con resignación.

Desde hace cinco días, LA GACETA intenta comunicarse con la comisionada Grau y con la subcomisionada Martínez, pero no responden los llamados. El viernes, este diario llamó al domicilio particular de Grau y atendió una mujer que afirmó formar parte de la familia. “La señora Grau vendrá recién a la noche”, sólo atinó a responder la mujer, ante la requisitoria periodística.