Les imputaron seis delitos a los 27 parlamentarios

Pérez verificó un estado de sospecha insuperable. El juez concluyó que hubo un elevado crecimiento patrimonial de los funcionarios.

Tras dos meses de investigación sumaria previa, el juez Víctor Pérez llegó a una conclusión lapidaria: desde 1999 hubo un elevado crecimiento patrimonial de 23 de los 27 legisladores investigados por el presunto cobro de coimas para aprobar la reforma de la Constitución provincial (ver "Según el juez..."). Ese incremento -agregó- se advierte "en especial en aquellos que en alguna oportunidad se manifestaron en contra de la enmienda, ambicionada por el Poder Ejecutivo desde larga data".
En base a los informes suministrados por la Justicia Electoral, la AFIP, los registros Civil, Automotor, Inmobiliario y de Comercio y, por 16 sucursales bancarias, el magistrado solicitó a la Legislatura el desafuero de los 27 legisladores investigados. A estos les imputó la presunta comisión de seis delitos: exacciones ilegales (exigir o recibir una contribución o una dádiva); enriquecimiento ilícito; negociaciones incompatibles con la función pública; violación de los deberes de funcionario; malversación de caudales públicos y cohecho.
Se trata de ilícitos sancionados con penas que van desde un mes a seis años de prisión y que inhabilitan para desempeñarse en la función pública.
Pérez reconoció que no comprobó que David Padilla, Edgardo Rocha, Alberto Salvatierra (PJ) ni el topista Raúl Lossi hayan tenido un incremento patrimonial. Sin embargo, igual solicitó el desafuero de ellos, por considerar que "podrían haber incurrido en una participación secundaria al haber entorpecido la investigación".

Maniobras de obstrucción
En su requerimiento de 14 páginas, el magistrado subrayó que su investigación sumaria se ciñó estrictamente a lo que ordenan la Constitución tucumana y el Código Procesal Penal. Por ende, no lesionó la inmunidad de los legisladores. "Tampoco se persiguió dilucidar la necesidad o no de la reforma de nuestra Ley Suprema Provincial, lo cual no es competencia material del juzgador", destacó.
El juez no dijo lo mismo del proceder de la Legislatura como poder del Estado. En efecto, subrayó que "se llegó a extremos tales de obstrucción de la investigación y de falta de colaboración con la Justicia" que se puso de manifiesto "una actitud poco transparente y que no se condice con el sistema republicano de gobierno".
Para justificar sus dichos, el magistrado recordó que el presidente de la Legislatura, Sisto Terán, no remitió las 27 declaraciones juradas en término. Por el contrario, envió la de todos los parlamentarios, y no al despacho del magistrado, sino a la Corte Suprema.
"No queda claro si la actitud omisiva fue decisión personal solamente del presidente (Terán) o fue consensuada con los investigados. Estos seguramente alegarán una u otra cosa, en el primero de cuyos casos el interrogante sería por qué lo permitieron", subrayó.
Pérez terminó convencido de que "el estado de sospecha insuperable" que reinó en la etapa era de por sí suficiente para obligarlo a pedir el desafuero de los 27 y profundizar la investigación.
PRERROGATIVAS QUE DA LA CONSTITUCION
¿Qué alcance tienen los fueros parlamentarios?
PRIVILEGIOS I.- Los legisladores gozan de una serie de privilegios establecidos por la Constitución no en el interés personal de ellos, sino para asegurar la independencia y el funcionamiento del Poder Legislativo.

PRIVILEGIOS II.- En virtud de los privilegios, los legisladores no pueden ser molestados por los votos ni por las manifestaciones que efectúen en el recinto (inmunidad de opinión y de expresión). Tampoco pueden ser detenidos, salvo que sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito (inmunidad de arresto).

DESAFUERO I.- Otro privilegio con el que cuentan es que para poder ser juzgados por la presunta comisión de un delito, previamente tienen que ser despojados de los fueros (inmunidad de proceso relativa). Los fueros son "la protección que se les asigna para que puedan desarrollar su función sin presiones ni condiciones de los otros órganos de poder", según el constitucionalista Luis Iriarte.

DESAFUERO II.- El desafuero es el acto por el cual, ante el requerimiento de un juez, la Legislatura pone a entera disposición de la Justicia -sin restricciones- a los parlamentarios presuntamente involucrados en un delito."Esto no implica una suspensión, ya que el legislador sigue siéndolo salvo que se le imponga una condena penal firme, en cuyo caso la Cámara puede destituirlo por inhabilidad moral sobreviniente", agregó el profesor de la UNT.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LOS LEGISLADORES
¿Cómo se hace para investigarlos?
INVESTIGACION I.- En virtud de los fueros, si se denuncia a un legislador (es lo que hizo el diputado Ricardo Bussi contra los 27 parlamentarios que votaron por la reforma constitucional), un juez (no un fiscal como a un ciudadano común) debe hacer una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado.

INVESTIGACION II.- Bajo pena de ser considerada nula, la investigación sumaria no puede durar más de dos meses. Esta es la razón del apuro que tenía el juez Víctor Pérez para recabar información que probara que los 27 legisladores que votaron por la reforma experimentaron un significativo aumento patrimonial.

REQUERIMIENTO.- Si al término de los dos meses el juez considera que hay mérito suficiente como para juzgar a un legislador, debe pedir a la Legislatura el desafuero, para poder citarlo e investigarlo en profundidad. Pérez solicitó el desafuero de los 27 legisladores imputados por considerar que habrían cometido cinco delitos.

RESOLUCION.- Ante el pedido de desafuero, la Legislatura tiene 15 días para concederlo o denegarlo. Si ocurre lo primero, el parlamentario sigue en sus funciones pero a entera disposición de la Justicia. Si sucede lo segundo, la causa se archiva hasta que el imputado ya no posea fueros.

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