La Legislatura analizaba esta madrugada rechazar el pedido que hizo el juez Víctor Pérez para lograr el desafuero de 27 legisladores que aprobaron la ley que declara la necesidad de reformar la Constitución de la provincia.
Al cierre de esta edición había una mayoría dispuesta a rechazar la medida de la Justicia. Los 11 miembros del Interbloque integrado por los peronistas disidentes del oficialismo, radicales, Fuerza Republicana, Pueblo Unido y el socialismo se sumaban a los ocho legisladores del peronismo que sí querían que los investiguen (Germán Alfaro, Edgardo Rocha, Julio Topa, Nancy Albero, Adriana Neske de Gutiérrez, Gustavo Rojas Alcorta, Gerónimo Vargas Aignasse y Diego Nieva).
Anoche se especulaba con que no se alcanzaría a sumar 21 voluntades para otorgar el desafuero. Era factible que Segundo Fernández, del Frente para Todos, acompañara el voto en favor de la pérdida de privilegios de los legisladores. Si eso fuera así se produciría un empate en 20 y por lo tanto debería definir el presidente, Sisto Terán. Este -se descontaba- negaría el pedido.
El juez Pérez solicitó el desafuero de los 27 legisladores que el 19 de febrero habilitaron la reforma de la Constitución, por considerar que 23 de ellos experimentaron un un elevado crecimiento patrimonial desde 1999. Y los cuatro que no tuvieron un incremento (los peronistas David Padilla, Edgardo Rocha y Alberto Salvatierra y el topista Raúl Lossi) habrían participado, en forma secundaria, en la tarea de entorpecer la investigación, dijo.
El magistrado les imputó a los legisladores seis delitos: exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, violación de los deberes de funcionario, malversación de caudales públicos y cohecho.
Pérez concluyó que obstruyeron su accionar y no colaboraron con la Justicia. También aclaró que los imputados mostraron "una obstinada reticencia a ser investigados, pese a declarar públicamente lo contrario". "Esto evidencia la necesidad de un ocultamiento patrimonial y de impedir que se escudriñe en los bienes que conforman su patrimonio", acotó.
Al cierre de esta edición había una mayoría dispuesta a rechazar la medida de la Justicia. Los 11 miembros del Interbloque integrado por los peronistas disidentes del oficialismo, radicales, Fuerza Republicana, Pueblo Unido y el socialismo se sumaban a los ocho legisladores del peronismo que sí querían que los investiguen (Germán Alfaro, Edgardo Rocha, Julio Topa, Nancy Albero, Adriana Neske de Gutiérrez, Gustavo Rojas Alcorta, Gerónimo Vargas Aignasse y Diego Nieva).
Anoche se especulaba con que no se alcanzaría a sumar 21 voluntades para otorgar el desafuero. Era factible que Segundo Fernández, del Frente para Todos, acompañara el voto en favor de la pérdida de privilegios de los legisladores. Si eso fuera así se produciría un empate en 20 y por lo tanto debería definir el presidente, Sisto Terán. Este -se descontaba- negaría el pedido.
El juez Pérez solicitó el desafuero de los 27 legisladores que el 19 de febrero habilitaron la reforma de la Constitución, por considerar que 23 de ellos experimentaron un un elevado crecimiento patrimonial desde 1999. Y los cuatro que no tuvieron un incremento (los peronistas David Padilla, Edgardo Rocha y Alberto Salvatierra y el topista Raúl Lossi) habrían participado, en forma secundaria, en la tarea de entorpecer la investigación, dijo.
El magistrado les imputó a los legisladores seis delitos: exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, violación de los deberes de funcionario, malversación de caudales públicos y cohecho.
Pérez concluyó que obstruyeron su accionar y no colaboraron con la Justicia. También aclaró que los imputados mostraron "una obstinada reticencia a ser investigados, pese a declarar públicamente lo contrario". "Esto evidencia la necesidad de un ocultamiento patrimonial y de impedir que se escudriñe en los bienes que conforman su patrimonio", acotó.
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