La mayoría de los legisladores investigados por la Justicia considera que la actuación del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, y del juez de instrucción, Víctor Pérez, adolece de "groseros errores de investigación". El clima generalizado era de indignación y de tensión frente a la decisión que iba a adoptar el cuerpo sobre el pedido de desafuero de 27 de sus miembros.
"Esto es una aberración, un mamarracho, y constituye una vergüenza para los que entienden algo de Derecho", planteó al filo de la medianoche el titular del bloque oficialista, José Gutiérrez. "Equivocadamente se dice que mi nacionalidad es boliviana y además desconocen mi sexo", dijo el peronista, citando estos hechos como ejemplos. "Lo que más me indigna es que también incluyen en la indagación de los bienes a mi hijo de siete años que falleció de leucemia", puntualizó.
Su par en el bloque, Juan Carlos Mamaní, consideró que la actuación judicial "deja mucho que desear, porque sigue siendo politizada en una campaña de desprestigio hacia la Cámara".
Mariano Poliche (Vanguardia Provincial), otro de los imputados por el presunto cobro de coimas para habilitar la reforma constitucional, coincidió con Mamaní. "La acción del magistrado tiene contenidos netamente políticos y no tiene asidero legal. No se tomaron en cuenta las declaraciones juradas, ya que imputan bienes de mi padre, quien a sus 80 años tiene una dilatada trayectoria en el medio como profesional", indicó.
Los ex republicanos
El ex republicano Diego Nieva manifestó que es saludable que se pidan todos los informes sobre el patrimonio de los legisladores. No obstante, aclaró que "en la investigación hubo errores groseros que se podrán subsanar con una mayor dedicación de los actuantes".
Su par Gustavo Siciliani exteriorizó anoche su indignación, al afirmar que la imputación que se le hace es infundada, y que se cometieron errores procesales. "En mi caso, no administro dineros públicos (al hablar sobre presunta malversación de fondos) y, además, se quiere investigar a mi hijo de 9 años", remarcó.
Gustavo Rojas Alcorta, en cambio, prefirió adoptar una postura conservadora. "No voy opinar políticamente sobre este tema. Prefiero seguir el camino institucional y jurídico y ese será el desenlace de esta causa", expresó.
Jorge de Faveri, en tanto, indicó que le hubiera gustado que el juez abra las declaraciones juradas de los imputados. "Esa es la manera más sencilla de comprobar si hubo algún incremento del patrimonio. Creo que toda la comunidad se merecía este proceder", puntualizó.
Los planteos de Parajón
El legislador Gumersindo Parajón consideró que los legisladores investigados tienen la obligación de acudir a la Justicia, antes de priorizar actitudes particulares. No obstante, el titular de Pueblo Unido manifestó que el juez Víctor Manuel Pérez debió pedir el desafuero de los que, según la investigación, consideraba que estaban más comprometidos. "Creo que pedir el desafuero de 27 legisladores no llevará a la solución de fondo", opinó.
"Esto es una aberración, un mamarracho, y constituye una vergüenza para los que entienden algo de Derecho", planteó al filo de la medianoche el titular del bloque oficialista, José Gutiérrez. "Equivocadamente se dice que mi nacionalidad es boliviana y además desconocen mi sexo", dijo el peronista, citando estos hechos como ejemplos. "Lo que más me indigna es que también incluyen en la indagación de los bienes a mi hijo de siete años que falleció de leucemia", puntualizó.
Su par en el bloque, Juan Carlos Mamaní, consideró que la actuación judicial "deja mucho que desear, porque sigue siendo politizada en una campaña de desprestigio hacia la Cámara".
Mariano Poliche (Vanguardia Provincial), otro de los imputados por el presunto cobro de coimas para habilitar la reforma constitucional, coincidió con Mamaní. "La acción del magistrado tiene contenidos netamente políticos y no tiene asidero legal. No se tomaron en cuenta las declaraciones juradas, ya que imputan bienes de mi padre, quien a sus 80 años tiene una dilatada trayectoria en el medio como profesional", indicó.
Los ex republicanos
El ex republicano Diego Nieva manifestó que es saludable que se pidan todos los informes sobre el patrimonio de los legisladores. No obstante, aclaró que "en la investigación hubo errores groseros que se podrán subsanar con una mayor dedicación de los actuantes".
Su par Gustavo Siciliani exteriorizó anoche su indignación, al afirmar que la imputación que se le hace es infundada, y que se cometieron errores procesales. "En mi caso, no administro dineros públicos (al hablar sobre presunta malversación de fondos) y, además, se quiere investigar a mi hijo de 9 años", remarcó.
Gustavo Rojas Alcorta, en cambio, prefirió adoptar una postura conservadora. "No voy opinar políticamente sobre este tema. Prefiero seguir el camino institucional y jurídico y ese será el desenlace de esta causa", expresó.
Jorge de Faveri, en tanto, indicó que le hubiera gustado que el juez abra las declaraciones juradas de los imputados. "Esa es la manera más sencilla de comprobar si hubo algún incremento del patrimonio. Creo que toda la comunidad se merecía este proceder", puntualizó.
Los planteos de Parajón
El legislador Gumersindo Parajón consideró que los legisladores investigados tienen la obligación de acudir a la Justicia, antes de priorizar actitudes particulares. No obstante, el titular de Pueblo Unido manifestó que el juez Víctor Manuel Pérez debió pedir el desafuero de los que, según la investigación, consideraba que estaban más comprometidos. "Creo que pedir el desafuero de 27 legisladores no llevará a la solución de fondo", opinó.
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