Jueces denuncian al jefe de los auditores del fuero penal

La Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) asumió este lunes el papel de denunciante de Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales del Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, según confirmó el defensor oficial y presidente Roberto Paz. La entidad gremial acusó al funcionario judicial por su actuación durante la auditoría de casos del fiscal Guillermo Herrera que habían sido cuestionados por el Colegio de Abogados de la Capital (“Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”).

“Estimamos que se estaría ante la presunta comisión de hechos delictivos, que, a prima facie, encuadrarían en los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y los que pudieren surgir de la investigación penal preparatoria”, expresa la denuncia, que ingresó en la Fiscalía N°4 a cargo de Diego López Ávila (es vocal suplente de la AMT y está de turno desde este lunes).

La Asociación que preside Paz citó una serie de publicaciones de este diario (todas ligadas a la cobertura de la crisis judicial) que, según su criterio, revelarían que el jefe de los auditores penales violó los deberes de confidencialidad expresamente previstos en el anexo de la Acordada 743/2010, que regula la implementación de las auditorías.

La institución dijo que el artículo 11 de ese documento establece que los auditores deberán respetar el valor y la propiedad de la información que reciben, y (están obligados a) no divulgarla sin la debida autorización previa, a menos de que exista una obligación legal o profesional para hacerlo. “Asegurarán la prudencia en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso de su trabajo, y la no utilización de la información para lucro personal o de alguna manera que fuera contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos del Poder Judicial”, transcribieron. Y añadieron: “en las declaraciones periodísticas se constatan juicios valorativos efectuados por el auditor (Lezana Flores) sobre la actuación de magistrados, que, a más de implicar una violación al deber de confidencialidad, constituyen un exceso de las facultades asignadas por la reglamentación vigente, que veda la posibilidad de revisar actuaciones jurisdiccionales”.

Las publicaciones

La acusación de la Asociación, que nuclea a más 170 defensores, jueces y fiscales provinciales, hace referencia en concreto a notas incluidas en las ediciones del 24, 29 y 30 de abril de este año. La primera crónica divulga un acta que elaboraron Lezana Flores, y los auditores Mariana Tasquer y Agustín Ladetto, y que también lleva la firma de Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia. Dicho documento relata que Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales y defensores oficiales, intentó condicionar la auditoría de casos objetados de Herrera al control de sellos, firmas y plazos. “El ministro público (Jiménez) nos dijo que si leíamos los expedientes, podríamos tener problemas”, dice el acta. En ella también consta que Tasquer hizo notar al ministro público que surgía el inconveniente de que el apoderado de la querella en la causa “Teves” sería su hijo Edmundo Javier Jiménez. “Preguntado el ministro si, como consecuencia de tal situación, procedería a inhibirse de actuar, (este) contesta que no; que dicha circunstancia no tenía relevancia y que también constituía un tema jurisdiccional ajeno a nuestra competencia”, expresa el texto.

El 29 de abril, LA GACETA publicó una entrevista con Lezana Flores. “No tenemos facultades para fiscalizar las decisiones de los magistrados, pero sí debemos describir los distintos pasos procesales. Era imposible auditar en las condiciones que estableció el ministro público y se lo dijimos, de modo que nos retiramos y labramos un acta. Jiménez hizo la suya pero nosotros no firmamos porque esta no reflejaba la realidad. Insisto en que la Corte nos pidió que veamos los expedientes en forma íntegra y no sólo en la medida en que quiere el ministro público, para quien acto jurisdiccional es también la denuncia, el escrito de las partes, la declaración testimonial, la declaración del imputado, etcétera”, comentó entonces.

La nota del 30 de abril da cuenta del malestar del defensor oficial Paz y de su entidad respecto de las expresiones del funcionario. “Estamos profundamente preocupados por los dichos de Lezana Flores porque las formas deben ser respetadas, más aún si se va a opinar de un superior jerárquico como el ministro público Jiménez”, explicó. El titular de la AMT enfatizó que el órgano que encarga la auditoría es el que audita, no el auditor, que sólo actúa como un brazo ejecutor de aquel. “Si la Corte es la que audita, es la Corte la que debe hablar. Los auditores no tienen vida propia”, agregó.

El 14 de abril, Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, ordenó la auditoría respecto de las causas cuestionadas de Herrera. Esta decisión fue cuestionada por Jiménez, quien adujo que, a partir de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo él podía ejercer la superintendencia sobre fiscales y defensores. Luego, la Corte en pleno (con el voto de sus cinco miembros) ratificó dos veces la orden de Gandur. En el ínterin, Jiménez quitó las causas en proceso de auditoría de la oficina de Herrera y las redistribuyó en otras fiscalías. Como consecuencia de las abundantes anomalías detectadas por los auditores, el alto tribunal a continuación decidió someter a Herrera a un sumario administrativo cuya dirección quedó en manos de la fiscala Juana Prieto.

Ya en junio, Gandur amplió esa investigación administrativa después de recibir otro informe crítico de Lezana Flores relativo a la causa “Pérez”. Tras esta decisión, el fiscal controvertido, que a su vez afronta al menos nueve denuncias en sede penal y un pedido de destitución, había definido al Cuerpo de Auditores como una “Gestapo” (policía secreta del nazismo), y fustigado a Lezana Flores y al presidente de la Corte Suprema, a quienes acusó de “apretar” a los magistrados y de lesionar su independencia.