Jugar en las plazas, hacer deportes y programar actividades al aire libre son algunos de los derechos al que tienen -o deberían- tener acceso todos los niños. Sin embargo, en las grandes ciudades de la Argentina, estos derechos se practican cada vez con menos frecuencia. Al celebrarse el sábado pasado el 21 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, de la Universidad Católica Argentina (UCA), en colaboración con la Fundación Minetti y la Fundación Arcor, reveló un informe inquietante: el 45,4% de la niñez y la adolescencia urbana no alcanza los niveles recomendados de actividad física. El 52,8% de los chicos entre 5 y 17 años dedica menos de 40 minutos diarios a jugar al aire libre: correr, trepar, andar en bicicleta y patines. Además, el 42% de los niños de entre 5 y 12 años juega al aire libre menos de tres veces por semana. Estas cifras, que abarcan a todo el país, son particularmente alarmantes en Tucumán, una provincia que por su crecimiento urbanístico ha provocado que los chicos jueguen cada vez menos al aire libre. A pesar de que la mayoría de las plazas principales del Gran San Miguel de Tucumán han sido acondicionadas para conseguir una mayor inclusión a través de juegos especialmente adaptados, la afluencia de niños sigue sin ser masiva. Esto tiene que ver, sobre todo, con la falta de un plan sistemático que apunte a proteger los lugares públicos del vandalismo que tanto daño causa. Por ejemplo, en las principales plazas de la ciudad -no todas porque hay honrosas excepciones-, es común ver a jóvenes estudiantes o adolescentes revoltosos haciendo uso de los juegos que están destinados a los niños. Esa falta de control pone en jaque no sólo la inversión que se hizo para volver más amigable e inclusivos a los espacios públicos, sino también a los chicos y a sus padres, que buscan escapar de esos desenfrenos. Aproximadamente $60.000 mensuales le cuesta al municipio revertir los daños en las plazas Independencia, Urquiza, Belgrano, Alberdi, Yrigoyen, San Martín y Decididos de Tucumán (ex Rivadavia, ubicada frente al Hospital de Niños). En algunas plazas barriales o del interior, incluso, la restauración de la que fueron objeto es a menudo opacada por la acumulación de residuos que nadie se ocupa de erradicar. Sería muy difícil que cada paseo público tuviese una vigilancia policial durante las 24 horas. Se trata, por cierto, de un problema cultural. Una buena parte de los tucumanos carece de identidad o de sentido de pertenencia, y no asume que los bienes sociales son de todos y, en consecuencia, debemos cuidarlos. La falta de educación cívica es, a todas luces, alarmante. El Estado, por cierto, está obligado a reparar los bienes públicos que se estropean, pero habría que profundizar en la educación la instrucción cívica. Como sugerimos en alguna oportunidad, para comenzar, una vez al mes, se podría llevar a los alumnos de una escuela a la plaza del barrio para que elaboraran un registro sobre el estado de los árboles, de las plantas, de los bancos, de la caminería, de los juegos, del parquizado, de las estatuas. Otro día, con el asesoramiento municipal, se podría incentivar a los mismos chicos -acompañados por los padres- a reparar lo que está deteriorado. O se podría trabajar con los centros vecinales. Seguramente, a mayor educación, menos vandalismo, y plazas amables que los chicos podrán disfrutar todos los días, como lo recomienda la Convención de los Derechos del Niño.
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