Por Gustavo Cobos
04 Junio 2015
Dice el refrán que cuando un hilo se usa mucho y se tira, siempre se corta. Y ese corte se produce en el lado más delgado. El dicho se aplica casi sin excepciones a las investigaciones del narcotráfico; siempre se ataca al vendedor minorista, que es el que se lleva la porción más chica de la torta. En el banquillo de los acusados de la justicia federal se sientan personas de pocos recursos económicos, a quienes les secuestraron una escasa cantidad de droga. Son uno de los lados del narcomenudeo (el otro es el adicto) y la consecuencia visible de una decisión que incluye a jueces y policías: el narcotráfico se investiga hasta allí, hasta el vendedor minorista.
En todas las causas que llegan al Tribunal Oral Federal (TOF) por traslado o tenencia de estupefacientes para su comercialización, la cantidad de droga incautada alcanza, como mucho, para la venta de un fin de semana. Las investigaciones que realiza la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía tucumana (Digedrop), la Policía Federal o Gendarmería Nacional, hasta acá no incluyeron al proveedor de la mercadería que venden los pequeños “transas”. Es la evidencia clara de que el hilo del narcotráfico se corta por lo más delgado.
En el debate oral por la presunta venta de droga en el negocio Supernor que funcionaba en avenida Roca y Entre Ríos (que finalizó el martes con la absolución de los acusados porque no se pudo probar que en ese lugar funcionara una boca de expendio del narcotráfico) quedó al desnudo la aplicación del refrán. El fiscal general Diego Velazco lo deslizó al enumerar las diferentes deficiencias de las tareas previas al allanamiento. “Después de cuatro o cinco meses de investigación, desde un primer momento se los mencionó a (Rodolfo) Murúa y a una persona de pelo largo, flaco (Juan Manuel Gómez, otro de los propietarios). En el curso de la investigación se determinó quién era Murúa y quién era el de pelo largo. Eran los dueños. Sabíamos que tenían teléfonos. Incluso el local tenía un teléfono fijo. Pero no se solicitó nunca una intervención telefónica. ¿Por qué? No lo vamos a saber nunca”, aseguró Velazco. Sin embargo, el fiscal lanzó sus sospechas. Si todas las noches había policías que custodiaban los alrededores del local, en el que a pesar de la presencia de los efectivos y del tope de las 4AM vendía alcohol cuando los boliches cerraban (según lo reconoció una empleada cuando declaró durante el debate oral), ¿no será que no se quiso avanzar en la investigación por temor de llegar “más allá”?, se preguntó.
Las investigaciones judiciales parecen acabarse con el allanamiento, y las causas son elevadas a juicio sin medidas posteriores. La máxima es cerrar rápidamente el lugar en el que venden droga, afirmaron fuentes de los juzgados federales. “El problema es que se cierra una boca de expendio y a la semana se abre otra al lado. Por allí no estaría la solución”, advirtió Velazco. El fiscal, que había asumido a fines del año pasado, ahora regresará a Buenos Aires para subrogar otra fiscalía, y su cargo en Tucumán será cubierto provisoriamente por el fiscal federal N°2 Pablo Camuña. Una de las últimas decisiones que tomó Velazco antes de viajar a Buenos Aires (regresará para la sentencia del juicio a Manlio Martínez y luego cumplirá su nuevo rol por al menos un año) fue remitir a Camuña un caso sobre un control en una ruta en el que se detectó que trasladaban droga. La causa había sido elevada a juicio sólo contra los detenidos por Gendarmería, pero no se investigó las posibles connivencias de fuerzas de seguridad para que la droga traspasara dos provincias (entre otros detalles que no se difundieron porque está en plena etapa de investigación).
Los ejemplos de que el hilo se corta por lo más delgado sobran. Hay dos casos emblemáticos. En 2013 fueron allanados varios domicilios vinculados con el presunto dealer Diego “Garra” Jalil. La investigación la había realizado la sección Drogas Peligrosas de la Policía Federal, a la que le había llamado la atención que en todos los allanamientos que se realizaban en la casa del sospechoso no encontraban droga, pese a que las tareas previas de vigilancia mostraban otra cosa. Fue así que se intervinieron teléfonos, y se detectó la vinculación con policías (una ex agente de la Digedrop fue detenida). Cuando los abogados defensores tuvieron acceso a las transcripciones completas de las escuchas, descubrieron que uno de los involucrados mencionaba a un legislador como uno de sus contactos. La decisión de los investigadores fue no corroborar si esa mención era cierta o no, y quedó afuera de los argumentos de la sentencia de procesamiento.
Un caso similar ocurrió en un procedimiento que el año pasado realizó el 911 en la zona sur de la ciudad. Un allanamiento solicitado por la fiscala de Instrucción María de las Mercedes Carrizo por un robo, permitió descubrir un “quiosco de drogas”. Fuentes policiales y judiciales confirmaron que cuando realizaron ese operativo llegaron con la presunción de que iban a hallar estupefacientes, ya que varias denuncias al 911 habían alertado de la situación. Lo llamativo para los policías fue que el sospechoso exhibía en una pared del comedor de la vivienda una foto en la que se lo veía abrazado a un legislador y a un concejal. Una imagen similar estaba en un portarretrato. Tampoco se ahondó en esta conexión.
En los juzgados federales aducen que están atiborrados de trabajo. Fue uno de los fundamentos para que el narcomenudeo sea transferido a la justicia provincial por ley, pero suspendido por la Corte Suprema. Mientras tanto, el TOF le sacó una amarilla a la Digedrop por su labor en la investigación del caso Supernor (las contradicciones de los policías que declararon eran extremas). Los buzones que instalaron hace un año para que la gente realice denuncias anónimas están tirados al costado de una escalera en los tribunales penales. Los allanamientos crecieron en los últimos años, pero no disminuyeron las bocas de expendio, y los que llegan a ser juzgados son el lado más flaco del sistema del tráfico de drogas.
En todas las causas que llegan al Tribunal Oral Federal (TOF) por traslado o tenencia de estupefacientes para su comercialización, la cantidad de droga incautada alcanza, como mucho, para la venta de un fin de semana. Las investigaciones que realiza la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía tucumana (Digedrop), la Policía Federal o Gendarmería Nacional, hasta acá no incluyeron al proveedor de la mercadería que venden los pequeños “transas”. Es la evidencia clara de que el hilo del narcotráfico se corta por lo más delgado.
En el debate oral por la presunta venta de droga en el negocio Supernor que funcionaba en avenida Roca y Entre Ríos (que finalizó el martes con la absolución de los acusados porque no se pudo probar que en ese lugar funcionara una boca de expendio del narcotráfico) quedó al desnudo la aplicación del refrán. El fiscal general Diego Velazco lo deslizó al enumerar las diferentes deficiencias de las tareas previas al allanamiento. “Después de cuatro o cinco meses de investigación, desde un primer momento se los mencionó a (Rodolfo) Murúa y a una persona de pelo largo, flaco (Juan Manuel Gómez, otro de los propietarios). En el curso de la investigación se determinó quién era Murúa y quién era el de pelo largo. Eran los dueños. Sabíamos que tenían teléfonos. Incluso el local tenía un teléfono fijo. Pero no se solicitó nunca una intervención telefónica. ¿Por qué? No lo vamos a saber nunca”, aseguró Velazco. Sin embargo, el fiscal lanzó sus sospechas. Si todas las noches había policías que custodiaban los alrededores del local, en el que a pesar de la presencia de los efectivos y del tope de las 4AM vendía alcohol cuando los boliches cerraban (según lo reconoció una empleada cuando declaró durante el debate oral), ¿no será que no se quiso avanzar en la investigación por temor de llegar “más allá”?, se preguntó.
Las investigaciones judiciales parecen acabarse con el allanamiento, y las causas son elevadas a juicio sin medidas posteriores. La máxima es cerrar rápidamente el lugar en el que venden droga, afirmaron fuentes de los juzgados federales. “El problema es que se cierra una boca de expendio y a la semana se abre otra al lado. Por allí no estaría la solución”, advirtió Velazco. El fiscal, que había asumido a fines del año pasado, ahora regresará a Buenos Aires para subrogar otra fiscalía, y su cargo en Tucumán será cubierto provisoriamente por el fiscal federal N°2 Pablo Camuña. Una de las últimas decisiones que tomó Velazco antes de viajar a Buenos Aires (regresará para la sentencia del juicio a Manlio Martínez y luego cumplirá su nuevo rol por al menos un año) fue remitir a Camuña un caso sobre un control en una ruta en el que se detectó que trasladaban droga. La causa había sido elevada a juicio sólo contra los detenidos por Gendarmería, pero no se investigó las posibles connivencias de fuerzas de seguridad para que la droga traspasara dos provincias (entre otros detalles que no se difundieron porque está en plena etapa de investigación).
Los ejemplos de que el hilo se corta por lo más delgado sobran. Hay dos casos emblemáticos. En 2013 fueron allanados varios domicilios vinculados con el presunto dealer Diego “Garra” Jalil. La investigación la había realizado la sección Drogas Peligrosas de la Policía Federal, a la que le había llamado la atención que en todos los allanamientos que se realizaban en la casa del sospechoso no encontraban droga, pese a que las tareas previas de vigilancia mostraban otra cosa. Fue así que se intervinieron teléfonos, y se detectó la vinculación con policías (una ex agente de la Digedrop fue detenida). Cuando los abogados defensores tuvieron acceso a las transcripciones completas de las escuchas, descubrieron que uno de los involucrados mencionaba a un legislador como uno de sus contactos. La decisión de los investigadores fue no corroborar si esa mención era cierta o no, y quedó afuera de los argumentos de la sentencia de procesamiento.
Un caso similar ocurrió en un procedimiento que el año pasado realizó el 911 en la zona sur de la ciudad. Un allanamiento solicitado por la fiscala de Instrucción María de las Mercedes Carrizo por un robo, permitió descubrir un “quiosco de drogas”. Fuentes policiales y judiciales confirmaron que cuando realizaron ese operativo llegaron con la presunción de que iban a hallar estupefacientes, ya que varias denuncias al 911 habían alertado de la situación. Lo llamativo para los policías fue que el sospechoso exhibía en una pared del comedor de la vivienda una foto en la que se lo veía abrazado a un legislador y a un concejal. Una imagen similar estaba en un portarretrato. Tampoco se ahondó en esta conexión.
En los juzgados federales aducen que están atiborrados de trabajo. Fue uno de los fundamentos para que el narcomenudeo sea transferido a la justicia provincial por ley, pero suspendido por la Corte Suprema. Mientras tanto, el TOF le sacó una amarilla a la Digedrop por su labor en la investigación del caso Supernor (las contradicciones de los policías que declararon eran extremas). Los buzones que instalaron hace un año para que la gente realice denuncias anónimas están tirados al costado de una escalera en los tribunales penales. Los allanamientos crecieron en los últimos años, pero no disminuyeron las bocas de expendio, y los que llegan a ser juzgados son el lado más flaco del sistema del tráfico de drogas.
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