04 Junio 2015
En la semana en que el gobernador José Alperovich dirigió dardos a la Justicia local y al Congreso de la Nación por la inaplicabilidad de la ley provincial que habilita la prisión preventiva contra los “motochorros”, desde la sede penal de Tribunales llegaron novedades que prometen generar revuelo.
El martes, el titular del Ministerio Fiscal y Pupilar, Edmundo Jiménez, firmó la resolución N° 164, en la que alude a la ley N° 8.747. En esta norma, aprobada en noviembre por el oficialismo de la Legislatura, se agregó un párrafo al Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) para permitir la detención bajo el régimen de prisión preventiva a los “motochorros”. Jiménez recomendó mediante ese escrito a los fiscales que apliquen la ley contra los “motochorros”. Con esto, el presunto arrebatador puede pasar hasta dos años bajo arresto, sin condena firme.
“Entre los fundamentos expuestos por este Ministerio (Público Fiscal) al momento de proponer la modificación (señalada), se ha tenido como objetivo dar una respuesta a la conmoción social que genera este tipo de delitos, caracterizados por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, generando grave peligro a su integridad psicofísica”, redactó Jiménez en la resolución, a la que accedió LA GACETA. El ex funcionario de Alperovich, luego, remarcó su preocupación por las cifras de los “motoarrebatos” y hechos similares. “Las estadísticas en el ingreso de causas penales demostraron que este tipo de robo ha aumentado considerablemente en relación a años anteriores. Por ello, encontrándose vigente la ley N° 8.747 (contra ‘motochorros’), resulta necesario que los integrantes del Ministerio Público Fiscal den pleno cumplimiento a ello, garantizando la efectividad en la investigación de estos hechos ilíticitos, evitando así que quienes los cometen gocen de beneficios procesales, eludiendo la correcta aplicación de la ley”, agregó Jiménez.
Apoyo oficialista
En noviembre, por impulso de los legisladores oficialistas José León (titular de la comisión de Seguridad y Justicia) y de Guillermo Gassenbauer (comisión de Asuntos Constitucionales) se aprobó la modificación al CPPT. La norma apunta a casos “de delitos de robo en la vía pública, cuando el hecho implique grave peligro psicofísico o cuando sea evidente el aprovechamiento de circunstancias de vulnerabilidad de la víctima, en razón a su edad o condición (...), o por los medios de movilidad utilizados”.
En diciembre, en una entrevista con este diario, Antonio Gandur, titular de la Corte local, se mostró en contra de esa norma por considerarla inconstitucional. El lunes pasado, Alperovich había planteado la necesidad de su aplicación. “Uno se desvela y estudia para ver cómo mejoramos (en seguridad). Pero si (quien delinque) no va preso, veo difícil que cambie la seguridad. Las carteristas que están en el microcentro, por ejemplo, se las pone presas y salen a la tarde”, renegó. Al ser consultado sobre qué pediría al fuero penal, añadió: “la Justicia debe ayudarnos para que quien cometa un delito tenga un castigo. Tendrían que cambiarse las leyes”.
El martes, el titular del Ministerio Fiscal y Pupilar, Edmundo Jiménez, firmó la resolución N° 164, en la que alude a la ley N° 8.747. En esta norma, aprobada en noviembre por el oficialismo de la Legislatura, se agregó un párrafo al Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) para permitir la detención bajo el régimen de prisión preventiva a los “motochorros”. Jiménez recomendó mediante ese escrito a los fiscales que apliquen la ley contra los “motochorros”. Con esto, el presunto arrebatador puede pasar hasta dos años bajo arresto, sin condena firme.
“Entre los fundamentos expuestos por este Ministerio (Público Fiscal) al momento de proponer la modificación (señalada), se ha tenido como objetivo dar una respuesta a la conmoción social que genera este tipo de delitos, caracterizados por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, generando grave peligro a su integridad psicofísica”, redactó Jiménez en la resolución, a la que accedió LA GACETA. El ex funcionario de Alperovich, luego, remarcó su preocupación por las cifras de los “motoarrebatos” y hechos similares. “Las estadísticas en el ingreso de causas penales demostraron que este tipo de robo ha aumentado considerablemente en relación a años anteriores. Por ello, encontrándose vigente la ley N° 8.747 (contra ‘motochorros’), resulta necesario que los integrantes del Ministerio Público Fiscal den pleno cumplimiento a ello, garantizando la efectividad en la investigación de estos hechos ilíticitos, evitando así que quienes los cometen gocen de beneficios procesales, eludiendo la correcta aplicación de la ley”, agregó Jiménez.
Apoyo oficialista
En noviembre, por impulso de los legisladores oficialistas José León (titular de la comisión de Seguridad y Justicia) y de Guillermo Gassenbauer (comisión de Asuntos Constitucionales) se aprobó la modificación al CPPT. La norma apunta a casos “de delitos de robo en la vía pública, cuando el hecho implique grave peligro psicofísico o cuando sea evidente el aprovechamiento de circunstancias de vulnerabilidad de la víctima, en razón a su edad o condición (...), o por los medios de movilidad utilizados”.
En diciembre, en una entrevista con este diario, Antonio Gandur, titular de la Corte local, se mostró en contra de esa norma por considerarla inconstitucional. El lunes pasado, Alperovich había planteado la necesidad de su aplicación. “Uno se desvela y estudia para ver cómo mejoramos (en seguridad). Pero si (quien delinque) no va preso, veo difícil que cambie la seguridad. Las carteristas que están en el microcentro, por ejemplo, se las pone presas y salen a la tarde”, renegó. Al ser consultado sobre qué pediría al fuero penal, añadió: “la Justicia debe ayudarnos para que quien cometa un delito tenga un castigo. Tendrían que cambiarse las leyes”.
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