“Era cómplice del poder militar”

“No tenía miedo del poder militar. Era su socio y cómplice”. El abogado Pablo Gargiulo enhebró en esta frase medular de su alegato una serie de irregularidades que, consideró, habría cometido el ex juez federal Manlio Martínez. “Usaba confesiones sacadas bajo tortura en centros clandestinos. Al testigo Rolando Figueroa, de 14 años, lo puso en manos de (Roberto) ‘Tuerto’ Albornoz, de (Luis) De Cándido y del cabo (Antonio) Carrizo. Mientras lo interrogaban, le decía que firme (la declaración) para que dejaran de pegarle. Martínez argumenta que no sabía que en la Jefatura y ‘La Escuelita’ funcionaban centros clandestinos ¿De dónde creía que procedían? ¿Se materializaban espontáneamente? No tomó denuncias de apremios (…). Me da gracia que hable del carácter novedoso de algunas declaraciones, cuando están en el informe de la Bicameral”, respondió a dichos del acusado durante el proceso oral. Gargiulo y Bernardo Lobo Bugeau llevaron adelante la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lobo Bugeau, además, de parte de la familia de Miguel Romano (falleció en 2010), el dueño de la casa de Azcuénaga al 1.800 cuya detención fue ordenada por Martínez.

Lobo Bugeau afirmó que todo el proceso contra Romano estuvo “viciado”: “en la Brigada al señor Romano se lo torturó y no se le dio medicación”. Advirtió las extrañas circunstancias en las que Romano “malvendió” luego la propiedad a un presunto empleado del juzgado de Martínez llamado Manuel Núñez. Recordó que en causas anteriores quedó acreditado que el despojo de bienes de las víctimas estuvo entre los mecanismos delictivos de las fuerzas de seguridad. Por este caso, requirió que Martínez sea condenado a 18 años de prisión y que se ordene la devolución de la casa. Por otro lado, pidió que se le revoque la prisión domiciliaria y que, de no ser alojado en Villa Urquiza por motivos de salud, sea enviado a Ezeiza. Por la secretaría de Derechos Humanos, pidieron una condena de 25 años y que se efectúe la búsqueda de los restos de las tres víctimas de la “matanza de la calle Azcuénaga” que permanecen desaparecidos.