Garantizan que se respete el cupo femenino

El alperovichismo impuso ayer su mayoría en la Cámara para sancionar modificaciones al sistema electoral vigente. El cambio más trascendente impide a los dirigentes ser candidatos en forma simultánea a un cargo nacional y a otro provincial, o a dos puestos en el orden local. Algunos opositores, indignados, dijeron que judicializarán la norma. Cubren un vacío legal del régimen electoral.

22 May 2015
1

VOCERO. El oficialista León conversa con Loza (de pie) y González Navarro. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA

En el recinto de la Legislatura, donde 38 de las 49 bancas están ocupadas por varones, se aprobó ayer una modificación al Régimen Electoral Provincial, con el objetivo de garantizar un piso de participación de mujeres en los armados para cargos parlamentarios. La norma, denominada oficialmente como “Ley de Cupo Femenino”, establece que “las listas no podrán incluir más del 70% de personas de sexo masculino, debiendo ubicarse cada dos candidatos de sexo masculino, uno de sexo femenino, alternando desde el primero al último lugar”.

El texto, sancionado por unanimidad, incluye un anexo que ejemplifica la aplicación “del nuevo criterio establecido por la Junta Electoral Provincial”: 1) hombre, 2) mujer, 3) hombre, y así, sucesivamente. La disposición no impide que sea una dirigente quien encabece el armado, ni que todos los lugares de la nómina sean ocupados por candidatas. Sí advierte que, de no cumplirse con ese requisito, la lista no será oficializada. Sin embargo, no tendrá efecto en las fórmulas de aspirantes a gobernador y vicegobernador.

Los dos proyectos presentados para la ley de Cupo Femenino -uno elaborado por el alperovichista Dante Loza, otro por la representante del Partido de los Trabajadores, Nancy Bulacio- pasaron por las comisiones de Protección de los Derechos de la Mujer y de Asuntos Constitucionales e Institucionales.

La oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo se refirió a un “enfoque de género”, y habló de un “mecanismo de herramientas tendientes a desmontar y eliminar las inequidades entre géneros, y sus formas de subordinación y dominio”. La presidenta de la comisión de Derechos de la Mujer, además, aclaró que se siguieron los lineamientos de la ley nacional que regula la participación de precandidatas en los armados electorales. Más allá de que rige una resolución de la Junta Electoral Provincial respecto a este asunto, Loza se encargó de aclarar que era necesario cubrir “un vacío legal” para evitar la judicialización de los armados electorales. “Se ha seguido en este punto una participación igualitaria y sin discriminaciones”, relató el imprentero.

La amayista Beatriz Ávila de Alfaro, quien había propuesto también una norma similar, se mostró a favor de la medida. “Varias legisladoras hemos llegado a ocupar una banca, y muchas gracias a esta disposición. Este es mi último mandato, pero ojalá la próxima conformación tenga muchas más legisladoras. Pero, para eso, es necesario debatir el impacto que tiene la participación de la mujer en la vida política. Tenemos que insistir para que dejemos de ser una minoría en los espacios de poder, donde se toman las decisiones políticas clave”, expresó.

Roque Álvarez, presidente del bloque oficialista Tucumán Crece, calificó la medida como “un acto de justicia”. Recordó que, antes de la llegada de Juan Perón a la Presidencia de la Nación, las mujeres, desde el punto de vista de la participación comicial, “eran menos que los kelpers, menos que el ganado vacuno”. “Hasta entonces, los censos nacionales solamente eran de hombres”, relató.

El dirigente taficeño añadió que, durante una conversación con el legislador radical Fernando Valdez -docente de la UNT- llegaron a la conclusión de que la casa de altos estudios tiene en efecto una fuerte participación femenina. “Junto al colega corroborábamos que hoy, en la UNT, el 53% de las docentes son mujeres, y también son mayoría en las matrículas de estudiantes. Incluso en el Consejo Superior de la UNT hay más decanas que decanos”, remarcó Álvarez.

“Ni una más”.- El legislador Fernando Valdez (UCR) presentó sobre tablas una iniciativa para apoyar la lucha contra la violencia de género en la provincia, y declarar de interés provincial la marcha “Ni una más”. “Lamentablemente, Tucumán se transformó en una de las provincias con mayores casos de femicidios y con una extendida cultura de violencia contra las mujeres. Es imprescindible que desde el Estado brindemos todas las herramientas para garantizar la integridad y la vida de todos los ciudadanos y más aun de los sectores vulnerables”, afirmó. El texto contó con el apoyo del oficialismo. La presidenta de la comisión de Derechos de la Mujer, Beatriz Bordinaro de Peluffo, apoyó la iniciativa del dirigente radical.

Dinero para patrulleros.- El alperovichista Ramiro González Navarro, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, expuso un proyecto de ley que habilita la recepción de $ 25 millones de la Nación, producto del Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de Seguridad y Salud. “En Tucumán los fondos serán destinados, sobre todo, a patrulleros equipados especialmente para el servicio del 911”, destacó. Indicó que esos recursos económicos serán reintegrados en 60 cuotas con baja tasa de interés en relación al mercado, y que la compra de los vehículos se realizará mediante un sistema similar a la licitación pública.

Expropiación en Famaillá.- El legislador camporista Jesús Salim impulsó un proyecto de ley para la expropiación de un terreno para un barrio en Famaillá. “Este es un reconocimiento a 80 familias”, destacó el kirchnerista, oriundo de esa ciudad, que aspira a lograr la Intendencia. En el acto, el legislador alperovichista José Orellana, hermano del jefe municipal de Famaillá, Enrique Orellana, se sumó a la celebración de la iniciativa. “Que los vecinos tengan la tranquilidad de que tendrán el lugar que les pertenece”, dijo el “Mellizo”.

Escribanos.- El legislador oficialista Alfredo Quinteros defendió un proyecto de ley para permitir la asunción y/o titularización de escribanos que hayan ejercido la profesión durante los últimos 10 años, entre otros requisitos. “Esto es por única vez. Luego de reuniones con el Colegio de Escribanos, con Fiscalía de Estado y otros organismos, creemos que esto permitirá finalizar con un conflicto judicial que lleva varios años, y logrará la incorporación de unos 30 nuevos registros (de escribanos). Esto no sólo permite trabajar a los profesionales, sino que también la sociedad tendrá un mejor servicio notarial”, afirmó.

Comentarios