24 Marzo 2015
IMPUTADO. Martínez junto a una de sus defensores, Vanessa Lucero. la gaceta / foto de franco vera
“Nos dijo que si nos liberaba, corría peligro su vida. El argumento para procesarnos era que (si no lo hacía) lo iban a matar a él”. Alberto Genoud recordó que estaba muy golpeado y torturado cuando llegó al Juzgado Federal de Tucumán, en 1974, y pudo mantener un breve diálogo con el entonces juez Manlio Torcuato Martínez. El ex preso político fue uno de los testigos-víctima que declaró durante las últimas audiencias del juicio que tiene como imputado a Martínez por delitos de lesa humanidad.
No es la primera vez que Genoud relata su historia en un proceso oral en el Tribunal Oral Federal (TOF) local. El año pasado la había contado en el juicio que sentenció a seis ex militares por la ejecución-en un simulacro de fuga- del militante del ERP Osvaldo Sigfrido de Benedetti, en 1978. De Benedetti había sido detenido originalmente junto a un grupo que integraba Genoud y que se encontraba reunido por un conflicto en Fotia. Entre ellos estaban también Humberto Tumini y Ricardo Rípodas.
En esta oportunidad, Genoud precisó que el clima era “bélico” en la dependencia judicial cuando fueron trasladados allí desde el centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía. “Se escuchaban tiros adentro. Nos hacían saber que, de acuerdo a lo que dijéramos, viviríamos o no”, lamentó. Detalló que dieron cuenta ante el juez de las torturas y que, incluso, les tomaron fotografías. Este material gráfico, sostuvo, habría desaparecido del expediente. Él, De Benedetti y Rípodas fueron trasladados al Hospital Padilla por el mal estado en el que estaban.
“Habíamos pasado de la mesa de torturas a un lugar de aparente legalidad”, graficó. Detalló que el trato a los detenidos por parte de quienes los llevaron a los Tribunales era de extrema agresividad. “Si impartir justicia era imposible, una cuota de dignidad era dar un paso al costado y dejar de dar consenso a la actividad de la dictadura”, concluyó sobre el accionar de Martínez.
Luego, junto a varios de los detenidos cumplieron un derrotero por diversas cárceles del país. El abogado que los defendió, recordó, fue Ángel Pisarello. “Lo asesinaron después de que nos visitara en Rawson”, lamentó.
“Mandaron a matarme”
Durante su declaración frente a los jueces Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón, Martínez se había referido al caso de Genoud. “Me negaba a entregar los detenidos, no obstante la presión. Decían que de Benedetti era un tipo peligrosísimo, según ellos. Me negué a entregarlo. Me mandaron a matar, pero no me quiero victimizar. Les tomé declaración indagatoria. Cuando vamos a cerrar el despacho, había un paquete sobre mi escritorio. Detonadores de bomba que el comisario Fischetti ‘se había olvidado’. Ese era el ambiente en el que desarrollábamos nuestras tareas”, había referido. Martínez había asegurado también que los militares “tenían los fales (sic) apuntados en la cabeza de los jueces” y que le habían puesto una bomba en su casa durante el terrorismo de Estado.
Martínez, juez federal entre 1974 y 1984, está sospechado por sus “acciones y omisiones” durante la investigación de la matanza de cinco militantes de Montoneros. El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen durante un allanamiento ilegal en una casa que pertenecía a Miguel Romano. Lo que ocurrió -y lo que no- en Tribunales tras ese violento episodio es abordado en la causa.
Las imputaciones al ex juez están divididas en tres grupos: las relacionadas con las cinco víctimas de la matanza -así calificó el hecho el TOF en el fallo “Romero Niklison” (la sentencia está firme)- y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios. Por otro, también por abuso de autoridad y violación de sus deberes. A esto se suman el prevaricato y la privación ilegítima de la libertad por lo sucedido con Romano. Por ambos, a su vez, se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.
Según la Fiscalía, su desempeño habría producido la legitimación de la ejecución extrajudicial del grupo por parte de policías y militares y habría asegurado la impunidad para quienes la llevaron adelante.
Las próximas audiencias se desarrollarán el martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril. Este es el primer juicio de derechos humanos en el NOA contra un magistrado que se desempeñó durante la dictadura.
No es la primera vez que Genoud relata su historia en un proceso oral en el Tribunal Oral Federal (TOF) local. El año pasado la había contado en el juicio que sentenció a seis ex militares por la ejecución-en un simulacro de fuga- del militante del ERP Osvaldo Sigfrido de Benedetti, en 1978. De Benedetti había sido detenido originalmente junto a un grupo que integraba Genoud y que se encontraba reunido por un conflicto en Fotia. Entre ellos estaban también Humberto Tumini y Ricardo Rípodas.
En esta oportunidad, Genoud precisó que el clima era “bélico” en la dependencia judicial cuando fueron trasladados allí desde el centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía. “Se escuchaban tiros adentro. Nos hacían saber que, de acuerdo a lo que dijéramos, viviríamos o no”, lamentó. Detalló que dieron cuenta ante el juez de las torturas y que, incluso, les tomaron fotografías. Este material gráfico, sostuvo, habría desaparecido del expediente. Él, De Benedetti y Rípodas fueron trasladados al Hospital Padilla por el mal estado en el que estaban.
“Habíamos pasado de la mesa de torturas a un lugar de aparente legalidad”, graficó. Detalló que el trato a los detenidos por parte de quienes los llevaron a los Tribunales era de extrema agresividad. “Si impartir justicia era imposible, una cuota de dignidad era dar un paso al costado y dejar de dar consenso a la actividad de la dictadura”, concluyó sobre el accionar de Martínez.
Luego, junto a varios de los detenidos cumplieron un derrotero por diversas cárceles del país. El abogado que los defendió, recordó, fue Ángel Pisarello. “Lo asesinaron después de que nos visitara en Rawson”, lamentó.
“Mandaron a matarme”
Durante su declaración frente a los jueces Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón, Martínez se había referido al caso de Genoud. “Me negaba a entregar los detenidos, no obstante la presión. Decían que de Benedetti era un tipo peligrosísimo, según ellos. Me negué a entregarlo. Me mandaron a matar, pero no me quiero victimizar. Les tomé declaración indagatoria. Cuando vamos a cerrar el despacho, había un paquete sobre mi escritorio. Detonadores de bomba que el comisario Fischetti ‘se había olvidado’. Ese era el ambiente en el que desarrollábamos nuestras tareas”, había referido. Martínez había asegurado también que los militares “tenían los fales (sic) apuntados en la cabeza de los jueces” y que le habían puesto una bomba en su casa durante el terrorismo de Estado.
Martínez, juez federal entre 1974 y 1984, está sospechado por sus “acciones y omisiones” durante la investigación de la matanza de cinco militantes de Montoneros. El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen durante un allanamiento ilegal en una casa que pertenecía a Miguel Romano. Lo que ocurrió -y lo que no- en Tribunales tras ese violento episodio es abordado en la causa.
Las imputaciones al ex juez están divididas en tres grupos: las relacionadas con las cinco víctimas de la matanza -así calificó el hecho el TOF en el fallo “Romero Niklison” (la sentencia está firme)- y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios. Por otro, también por abuso de autoridad y violación de sus deberes. A esto se suman el prevaricato y la privación ilegítima de la libertad por lo sucedido con Romano. Por ambos, a su vez, se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.
Según la Fiscalía, su desempeño habría producido la legitimación de la ejecución extrajudicial del grupo por parte de policías y militares y habría asegurado la impunidad para quienes la llevaron adelante.
Las próximas audiencias se desarrollarán el martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril. Este es el primer juicio de derechos humanos en el NOA contra un magistrado que se desempeñó durante la dictadura.
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