Los efectos en nuestra provincia de las violentas tormentas y las inundaciones de las últimas semanas han comenzado a quedar a la vista de todos: los daños en las infraestructuras públicas y en las viviendas de las familias afectadas son de una cuantía que aún debe medirse responsablemente; las consecuencias en miles de personas superan largamente la ayuda o el apoyo que les está llegando, mediante la solidaridad social y la atención de los gobiernos provinciales y municipales. Pero también los agricultores, productores, transportistas, empresas de logísticas, comerciantes y los trabajadores del campo -entre los principales sectores implicados- aguardan una evaluación concienzuda de los daños que el fenómeno climático y la magra cobertura de las instalaciones desarrolladas para controlarlo han provocado en la economía de la provincia y en los puestos de trabajo.
Por empezar, los destrozos provocados por el agua en las principales rutas provinciales y nacionales significarán un grandísimo trastorno para levantar la cosecha del citrus, que ya está a la vista -normalmente los primeros lotes están listos en la última semana de marzo- e impondrán, con toda seguridad, un aumento de los costos en los fletes, en la limpieza, evaluación y desmalezamiento de las fincas, y, cuando no, se trasladarán en demoras para la contratación del personal competente, con el problema social que trae aparejada esta situación.
La crecida de los ríos, arroyos y canales, más la saturación de los suelos por el exceso de lluvia, han transformado a cientos de fincas en enormes lodazales o en lugares inaccesibles, pero, especialmente, han terminado de destruir o dañar severamente la ya precaria red terciaria de caminos, muchos de los cuales se convirtieron en verdaderos cauces por donde se escurrían la lluvia y los torrentes de agua.
Se ha ido conociendo que son numerosos los campos en actividad que han quedado incomunicados, inundados y con afectaciones significativas en su producción y cosecha, especialmente, los localizados en las zonas del pedemonte, en el sur provincial y en localidades y sitios del departamento Burruyacu y Tafí Viejo. Son fincas que verán disminuida su potencialidad y rendimiento y sus empresas o propietarios controlantes sufrirán, con seguridad, una caída de sus beneficios y rentabilidad.
Para expresarlo de un modo más competente: estas lluvias prácticamente monzónicas y sus estropicios consecuentes le están ocasionando un severo perjuicio a la economía tucumana, que ciertamente, arrastra dificultades desde hace por lo menos tres años a raíz de la caída de los precios del azúcar (como se sabe, una de las principales actividades productivas), la disminución del consumo interno y la caída generalizada del movimiento de bienes y servicios, derivada de la práctica situación recesiva en la que cayó la Argentina en el último año.
Corresponde entonces, que este dramático y complejo cuadro de situación tenga también por parte de los gobiernos nacional y provincial una rápida atención. Una caída de las principales producciones y un menor rendimiento de las actividades regionales impactarán también en las arcas y en el manejo de los fondos, ante la menor incidencia que tendrían en las recaudaciones impositivas y municipales, además de un probable mayor incremento de la conflictividad social.
Un diagnóstico localizado, una reparación urgente de los daños sobre puentes, caminos y vías de accesos a campos, acopiadoras e industrias y ayudas, subsidios, además de suspensiones o prórroga en el pago de impuestos a las empresas y empresarios serían otras de las medidas de apoyo al campo y a los agricultores para enfrentar la contingencia. Y la declaración de una emergencia agropecuaria también podría abrir el camino que permita mitigar al menos amarguras y quebrantos.
Por empezar, los destrozos provocados por el agua en las principales rutas provinciales y nacionales significarán un grandísimo trastorno para levantar la cosecha del citrus, que ya está a la vista -normalmente los primeros lotes están listos en la última semana de marzo- e impondrán, con toda seguridad, un aumento de los costos en los fletes, en la limpieza, evaluación y desmalezamiento de las fincas, y, cuando no, se trasladarán en demoras para la contratación del personal competente, con el problema social que trae aparejada esta situación.
La crecida de los ríos, arroyos y canales, más la saturación de los suelos por el exceso de lluvia, han transformado a cientos de fincas en enormes lodazales o en lugares inaccesibles, pero, especialmente, han terminado de destruir o dañar severamente la ya precaria red terciaria de caminos, muchos de los cuales se convirtieron en verdaderos cauces por donde se escurrían la lluvia y los torrentes de agua.
Se ha ido conociendo que son numerosos los campos en actividad que han quedado incomunicados, inundados y con afectaciones significativas en su producción y cosecha, especialmente, los localizados en las zonas del pedemonte, en el sur provincial y en localidades y sitios del departamento Burruyacu y Tafí Viejo. Son fincas que verán disminuida su potencialidad y rendimiento y sus empresas o propietarios controlantes sufrirán, con seguridad, una caída de sus beneficios y rentabilidad.
Para expresarlo de un modo más competente: estas lluvias prácticamente monzónicas y sus estropicios consecuentes le están ocasionando un severo perjuicio a la economía tucumana, que ciertamente, arrastra dificultades desde hace por lo menos tres años a raíz de la caída de los precios del azúcar (como se sabe, una de las principales actividades productivas), la disminución del consumo interno y la caída generalizada del movimiento de bienes y servicios, derivada de la práctica situación recesiva en la que cayó la Argentina en el último año.
Corresponde entonces, que este dramático y complejo cuadro de situación tenga también por parte de los gobiernos nacional y provincial una rápida atención. Una caída de las principales producciones y un menor rendimiento de las actividades regionales impactarán también en las arcas y en el manejo de los fondos, ante la menor incidencia que tendrían en las recaudaciones impositivas y municipales, además de un probable mayor incremento de la conflictividad social.
Un diagnóstico localizado, una reparación urgente de los daños sobre puentes, caminos y vías de accesos a campos, acopiadoras e industrias y ayudas, subsidios, además de suspensiones o prórroga en el pago de impuestos a las empresas y empresarios serían otras de las medidas de apoyo al campo y a los agricultores para enfrentar la contingencia. Y la declaración de una emergencia agropecuaria también podría abrir el camino que permita mitigar al menos amarguras y quebrantos.
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