El fiscal de Instrucción de la V Nominación, Daniel Marranzino, se excusaría de entender en la causa por desobediencia judicial entablada contra el presidente de la Legislatura, Sisto Terán, por el juez Víctor Manuel Pérez.
El magistrado denunció al vicegobernador por considerar que incumplió con el pedido de que le envíe las copias de las declaraciones juradas de los 27 legisladores que votaron en favor de la reforma, así como las remuneraciones percibidas por ellos desde noviembre de 1999. El requerimiento se efectuó en la investigación sumaria por presunta compra de voluntades (coimas) para sancionar la ley que habilitó la enmienda de la Carta Magna.
Marranzino se distanciaría de la causa porque en la Legislatura está en análisis su pliego como fiscal de Cámara (sería tratado en la sesión de mañana). El expediente sería girado al ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, para que lo remita a otro fiscal.
Estudian los argumentos
En tanto, la sala III de la Cámara Penal aún no se pronunció sobre la sanción pecuniaria de $1 millón que dispuso Pérez por cada día que la Legislatura se demore en remitir la información que le solicitó a Terán.
El tribunal evaluó los motivos del magistrado para aplicar el fuerte castigo (conocido como astreintes), y las objeciones planteadas por la Legislatura en diversos escritos presentados por el abogado Federico Nazur. Este interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
El magistrado denunció al vicegobernador por considerar que incumplió con el pedido de que le envíe las copias de las declaraciones juradas de los 27 legisladores que votaron en favor de la reforma, así como las remuneraciones percibidas por ellos desde noviembre de 1999. El requerimiento se efectuó en la investigación sumaria por presunta compra de voluntades (coimas) para sancionar la ley que habilitó la enmienda de la Carta Magna.
Marranzino se distanciaría de la causa porque en la Legislatura está en análisis su pliego como fiscal de Cámara (sería tratado en la sesión de mañana). El expediente sería girado al ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, para que lo remita a otro fiscal.
Estudian los argumentos
En tanto, la sala III de la Cámara Penal aún no se pronunció sobre la sanción pecuniaria de $1 millón que dispuso Pérez por cada día que la Legislatura se demore en remitir la información que le solicitó a Terán.
El tribunal evaluó los motivos del magistrado para aplicar el fuerte castigo (conocido como astreintes), y las objeciones planteadas por la Legislatura en diversos escritos presentados por el abogado Federico Nazur. Este interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
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