Desde que asumió, en noviembre de 1999, el interventor del Instituto de Vivienda, Rodolfo Neme, contrató a 86 personas. Sobre una planta de personal de 280 empleados, esto significa un incremento del 30% en la planilla salarial.
La mayor parte de los contratos se hizo en 1999 y 2000. El año pasado y el actual sólo se nombró a 15 personas. La mayoría de los contratos son profesionales: arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, licenciados en Trabajo Social, topógrafos y agrimensores, aunque también hay contratos de auxiliares administrativos.
"Cuando llegué al Instituto, me encontré con que, precisamente, faltaba personal capacitado. A tal punto que las inspecciones de las obras las hacían las propias empresas constructoras, lo cual era una irregularidad", señaló Neme al admitir y justificar los nombramientos que hizo. "Casi la mitad del personal, unas 130 personas, no tenían estudios primarios completos", agregó.
Neme afirmó que esas contrataciones no incrementaron los gastos de personal. "Eliminé todas las extensiones horarias que no tenían justificativo. Aquí no hay más ñoquis; todos trabajan", explicó. El funcionario admitió que se pagan extensiones horarias, pero aclaró que "son rotativas, según el área que tenga más trabajo que hacer; a veces son para las asistentes sociales; otras para los agrimensores o para los inspectores".
Neme también defendió el precio pagado ($13 millones) por el predio donde se hará el mega barrio Lomas de Tafí. "Ya había empresas constructoras que estaban ofreciendo más que lo que el Gobierno pagó", sostuvo.
La mayor parte de los contratos se hizo en 1999 y 2000. El año pasado y el actual sólo se nombró a 15 personas. La mayoría de los contratos son profesionales: arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, licenciados en Trabajo Social, topógrafos y agrimensores, aunque también hay contratos de auxiliares administrativos.
"Cuando llegué al Instituto, me encontré con que, precisamente, faltaba personal capacitado. A tal punto que las inspecciones de las obras las hacían las propias empresas constructoras, lo cual era una irregularidad", señaló Neme al admitir y justificar los nombramientos que hizo. "Casi la mitad del personal, unas 130 personas, no tenían estudios primarios completos", agregó.
Neme afirmó que esas contrataciones no incrementaron los gastos de personal. "Eliminé todas las extensiones horarias que no tenían justificativo. Aquí no hay más ñoquis; todos trabajan", explicó. El funcionario admitió que se pagan extensiones horarias, pero aclaró que "son rotativas, según el área que tenga más trabajo que hacer; a veces son para las asistentes sociales; otras para los agrimensores o para los inspectores".
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