Piden el desafuero de 25 legisladores que votaron en favor de la reforma

Sólo excluyeron a René Concha y a Edgardo Rocha.El fiscal anticorrupción comprobó numerosas compras de bienes, muchos viajes al exterior y plazos fijos que superan los $500.000. Todo comenzó en 1999.

CONTRA EL VICEGOBERNADOR. Según Jerez, Terán participó por la facilidad para disponer de fondos oficiales.
CONTRA EL VICEGOBERNADOR. Según Jerez, Terán participó por la facilidad para disponer de fondos oficiales.
El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, está convencido de que 25 de los 27 legisladores que votaron por la reforma constitucional experimentaron un incremento patrimonial ostensible desde que asumieron en 1999. "Este crecimiento -acotó- no podría ser justificado por la dieta de $2.500 netos que cada uno percibe por mes".
Jerez pidió ayer al juez Víctor Manuel Pérez que requiera el desafuero de los justicialistas Rosa Augier de Rojas, Leonor Barquet de Delgadino, Osvaldo Jaldo, José Orellana, David Padilla, Juan Carlos Mamaní, Juan Antonio Ruiz Olivares, Gerónimo Vargas Aignasse, Emilio Salvatierra, Germán Alfaro, Teresa Felipe de Heredia, José Gutiérrez, Claudia Herrera, Camilo Khoder y Lilia Ramírez de Castro; de Nancy Albero, Julio Topa, Adriana Neske de Gutiérrez y Raúl Lossi (Movimiento Independiente), del radical Juan Vildoza; y de los ex republicanos Diego Nieva, Gustavo Siciliani, Jorge de Faveri, Gustavo Rojas Alcorta y Mariano Poliche.
El fiscal excluyó a René Concha y a Edgardo Rocha (PJ) porque, pese a haber votado en favor de la reforma, no pudo determinar que sus patrimonios hayan crecido desde que asumieron, en diciembre, en reemplazo de Roque Alvarez y de Stella Córdoba, electos diputados nacionales. Pérez tiene plazo hasta mañana para pronunciarse.
Sin dar nombres, Jerez remarcó que los informes de los registros automotor e inmobiliario detallan la adquisición de numerosos bienes por parte de los 25 señalados. "Los informes bancarios existentes en el expediente dan cuenta de saldos positivos en certificados de plazos fijos que superan en algunos casos los $500.000, y los de Migraciones indican la salida al exterior de varios legisladores, en diferentes oportunidades", manifestó. El fiscal solicitó al juez que el pedido de desafuero a la Legislatura sea realizado en forma individual y caso por caso, "para que la Legislatura decida sobre cada uno de ellos en atención a las pruebas colectadas y en el convencimiento de que el Derecho Penal tiene un aspecto objetivo (el hecho y sus pruebas) y uno subjetivo (el dolo o intencionalidad con que se cometió el acto)".
Jerez resaltó que la norma que habilitó la reforma de la Constitución fue la conclusión de un proceso que se inició en 1999. "No se debe empezar a sospechar de una determinada conducta desde la sanción de la ley, sino que con ella se alcanza la perfección de una sucesión de actos", consideró.
Jerez vinculó en la presunta maniobra de compra de voluntades (coimas) al vicegobernador Sisto Terán. Para ello tomó en cuenta el testimonio del legislador peronista disidente Osvaldo Cirnigliaro. Este denunció que el presidente de la Legislatura maneja $5 millones por año en gastos de funcionamiento parlamentario sin explicación.

Si el juez acusa, la Legislatura debe pronunciarse en 15 días
El procedimiento que sigue al pedido de desafuero de uno o más legisladores está contemplado en el artículo 60 de la Constitución provincial. Si el juez Víctor Pérez resuelve hacer lo propio, deberá comunicar su decisión a la Cámara y solicitar que se despoje de los privilegios a los acusados. Una vez recibido este pedido, el Parlamento local deberá pronunciarse, concediéndolo o denegándolo, en 15 días corridos.
Si no se pronuncia, se entenderá concedido el desafuero. "La denegatoria deberá ser fundada, votada nominalmente por lo menos por 21 legisladores, y dada a publicidad dentro de los cinco días corridos, por la prensa local, con las razones de la denegatoria y los nombres de los legisladores que así decidieron", establece la Carta Magna.

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