La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró un caso que generó mucha polémica en Tucumán. En diciembre pasado, dictó una resolución que dejó firme un fallo de la Corte Suprema de la provincia, según el cual los aportes previsionales de los abogados y de los procuradores deben hacerse tomando como base los honorarios pactados con los clientes, cuando existe tal acuerdo. Esto, en los hechos, tiene mucha importancia para los usuarios. En efecto, al concluir el juicio, la parte obligada al pago de los honorarios debe correr -en concepto de aportes previsionales- con el 10% de lo acordado a los profesionales, en tanto estos deben correr con otro 8%.
El 7 de diciembre, el Alto Tribunal de la Nación consideró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán contra la sentencia de la Corte Suprema provincial. Esta, en consecuencia, quedó en pie.
En un fallo del 21 de noviembre de 2000, los vocales del Alto Tribunal tucumano, Héctor Eduardo Area Maidana, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, fueron contundentes. "Existiendo convenio válido de honorarios entre el abogado o procurador y su cliente, los aportes jubilatorios previstos deberán calcularse porcentualmente sobre la retribución pactada, la cual sustituye y hace innecesaria la determinación judicial de los emolumentos", concluyeron.
Antecedentes de la causa
El fallo de la Corte es clave. Si bien desde 1991 -por disposición de normas nacionales a las que se adhirió Tucumán- están desregulados los honorarios, los aportes previsionales solían hacerse en base a las pautas fijadas por la ley local 5.480 (Ley Arancelaria), pese a que esta perdió el carácter de ser de orden público. Esto hacía que los aportes se efectuaran por montos superiores a las sumas pactadas -y efectivamente pagadas- en concepto de honorarios.
La sentencia tuvo como origen la presentación que hicieron los abogados Aurelio Giménez y Alberto Paz, en un juicio sucesorio. Ellos depositaron el importe exigido por el Juzgado de Familia y Sucesiones de la II Nominación de acuerdo con la Ley Arancelaria, pero lo hicieron bajo protesta. Apelaron la sentencia desfavorable de primera instancia, que fue confirmada el 18 de mayo de 1999 por la sala I de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones, razón por la que interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema de la provincia.
La Caja Previsional y la propia Cámara Civil sostenían que, exista o no un acuerdo de partes sobre los honorarios, las regulaciones había que efectuarlas -al solo efecto previsional- sobre las bases porcentuales establecidas por Ley 5.480. Pero la Corte aclaró que semejante interpretación, además de dar jerarquía a una norma local por encima de las nacionales que desregularon la actividad, viola las garantías constitucionales de propiedad y de igualdad ante la ley. También precisó que los aranceles fijados por la Ley 5.480 sólo se aplican, supletoriamente, cuando no existe un convenio de partes sobre los honorarios.
Como el fallo de la Corte tucumana quedó firme a raíz de la decisión del Alto Tribunal nacional, Giménez y Paz ahora deberán reclamar que la Caja les devuelva lo que, anticipadamente, aportaron de más y bajo protesta.
El 7 de diciembre, el Alto Tribunal de la Nación consideró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán contra la sentencia de la Corte Suprema provincial. Esta, en consecuencia, quedó en pie.
En un fallo del 21 de noviembre de 2000, los vocales del Alto Tribunal tucumano, Héctor Eduardo Area Maidana, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, fueron contundentes. "Existiendo convenio válido de honorarios entre el abogado o procurador y su cliente, los aportes jubilatorios previstos deberán calcularse porcentualmente sobre la retribución pactada, la cual sustituye y hace innecesaria la determinación judicial de los emolumentos", concluyeron.
Antecedentes de la causa
El fallo de la Corte es clave. Si bien desde 1991 -por disposición de normas nacionales a las que se adhirió Tucumán- están desregulados los honorarios, los aportes previsionales solían hacerse en base a las pautas fijadas por la ley local 5.480 (Ley Arancelaria), pese a que esta perdió el carácter de ser de orden público. Esto hacía que los aportes se efectuaran por montos superiores a las sumas pactadas -y efectivamente pagadas- en concepto de honorarios.
La sentencia tuvo como origen la presentación que hicieron los abogados Aurelio Giménez y Alberto Paz, en un juicio sucesorio. Ellos depositaron el importe exigido por el Juzgado de Familia y Sucesiones de la II Nominación de acuerdo con la Ley Arancelaria, pero lo hicieron bajo protesta. Apelaron la sentencia desfavorable de primera instancia, que fue confirmada el 18 de mayo de 1999 por la sala I de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones, razón por la que interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema de la provincia.
La Caja Previsional y la propia Cámara Civil sostenían que, exista o no un acuerdo de partes sobre los honorarios, las regulaciones había que efectuarlas -al solo efecto previsional- sobre las bases porcentuales establecidas por Ley 5.480. Pero la Corte aclaró que semejante interpretación, además de dar jerarquía a una norma local por encima de las nacionales que desregularon la actividad, viola las garantías constitucionales de propiedad y de igualdad ante la ley. También precisó que los aranceles fijados por la Ley 5.480 sólo se aplican, supletoriamente, cuando no existe un convenio de partes sobre los honorarios.
Como el fallo de la Corte tucumana quedó firme a raíz de la decisión del Alto Tribunal nacional, Giménez y Paz ahora deberán reclamar que la Caja les devuelva lo que, anticipadamente, aportaron de más y bajo protesta.
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