Piden a la Justicia que paralice la elección de los constituyentes

Medida de no innovar. Según el denunciante, no hubo urgencia ni gravedad que sustenten el proceso reformista. Los plazos y las denuncias.

PEDIDO. Canevaro hizo su presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán.
PEDIDO. Canevaro hizo su presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán.
Por Redacción Política 26 Marzo 2002
La ley que habilita la reforma de la Constitución provincial encuentra algunos obstáculos en el terreno judicial. Un abogado tucumano interpuso ayer, ante la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 7.194, que declara la necesidad de la reforma total de la Carta Magna.
La presentación fue realizada por Carlos Canevaro, quien es uno de los miembros de la junta de gobierno de Fuerza Republicana. El letrado -aclaró que la acción es a título personal y no partidaria- persigue dos objetivos con su acción judicial:
* Que el Poder Ejecutivo suspenda el trámite reformista y todos los plazos que estuvieran corriendo a tal efecto.
* Que se deje sin efecto, de manera preventiva, la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, hasta tanto la Justicia dictamine sobre la inconstitucionalidad o no de la norma que habilita a cambiar el texto constitucional.

El justificativo
En el escrito de 34 carillas, Canevaro señaló que se persigue la declaración de nulidad del decreto de la presidencia de la Legislatura, por la que se citó a sesión extraordinaria del cuerpo el 19 de febrero pasado, la sanción legislativa y la posterior promulgación, por parte del PE, de la Ley 7.194.
El abogado entiende que el llamado a sesión "no reviste una causal de gravedad o de urgencia -como lo marca el artículo 49 de la Carta Magna-", como justificativo para declarar la necesidad de la reforma constitucional. Más aún, Canevaro sostiene que el resultado de esa sesión "motivó graves denuncias penales sobre las supuestas compras de voluntades realizadas por los diputados nacionales José Ricardo Falú y Ricardo Bussi, y por el abogado Exequiel Avila Gallo". "Esto justifica la ilegalidad del tratamiento otorgado por la Legislatura a la reforma", dice.
El abogado señaló que el PE, como órgano de contralor de validez, "podría haber subsanado el tema devolviendo a la Cámara la ley sancionada para su correcto tratamiento o incorporación a las sesiones ordinarias". Por el contrario -dice Canevaro-, el PE promulgó la norma y la publicó en el Boletín Oficial de la provincia el jueves pasado, nueve días antes del inicio del período ordinario de sesiones.

Peligro en la demora
El letrado afirma que existe la posibilidad de que si se pone en marcha el calendario electoral, "ninguna medida puede devolver a los ciudadanos los gastos de los fondos públicos" que se destinan para ese proceso.
Como pruebas, Canevaro requirió a la Justicia que se libre oficio a la Cámara para que se adjunte el decreto de la presidencia por la que se convocó a la sesión, la citación de cada legislador a esa sesión, la versión taquigráfica y los dictámenes de comisión distribuidos a los parlamentarios. Además, incorpora las denuncias efectuadas sobre la eventual compra de voluntades.

El oficialismo prepara la respuesta al juez Pérez
La decisión del juez Víctor Pérez de investigar el patrimonio de los legisladores que votaron a favor de la reforma constitucional habría generado ciertos roces entre el PJ y sus aliados, en la definición de la estrategia a seguir.
Los justicialistas analizaron el criterio futuro en el máximo nivel. El desfile de legisladores oficialistas por la Casa de Gobierno fue incesante ayer a la mañana, cuando se reunieron con miembros del gabinete (incluso habrían intentado hablar con el gobernador Julio Miranda) para analizar la respuesta a Pérez.
Algunos oficialistas barajaron la posibilidad de demorar lo más posible la remisión de los informes solicitados en la Cámara (el total de lo pagado a cada legislador desde el 99 y las declaraciones juradas presentadas al asumir). Otros, en cambio, sugirieron comenzar una campaña de hostigamiento contra el juez, y no se descartaría la presentación de un pedido de juicio político por un particular.
Los aliados al mirandismo no estarían de acuerdo con bloquear la acción judicial. Se inclinarían por entregarle a Pérez sus propias declaraciones juradas si hay una demora parlamentaria.
Los opositores a la reforma también ingresarán en la pelea. Gumersindo Parajón se presentará hoy ante el magistrado para pedirle que lo incluya entre los investigados. El titular de Pueblo Unido respaldó a Pérez y adelantó que quiere que se determine judicialmente su evolución patrimonial desde 1983.
El legislador Diego Nieva (distanciado de FR por ser reformista) está de acuerdo con que la investigación patrimonial alcance a todos los parientes de cada acusado. "No tengo ningún problema en ponerme a disposición del juez. Debe llegar al final, para que el juez vea que no hay mérito y que es una denuncia infundada", sostuvo.Juan Vildoza es el único legislador radical que votó por la reforma, lo que le valió estar en la lista de los investigados por la Justicia. "Estoy feliz con esta actuación del juez, porque es hora de que todo salga a la luz y de que se despejen todas las dudas. No tengo ningún inconveniente en que revise todo lo que quiera; no tengo nada que esconder", dijo.

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