La situación de la Justicia merece estudio y replanteo

No es exagerado afirmar que, desde tiempo inmemorial y hasta hace relativamente muy pocos años, todo magistrado judicial era tenido, por la sociedad y por los demás poderes del Estado, como alguien intocable, ubicado en una suerte de pedestal.

Nadie osaba discutir (ni siquiera lanzando rumores) las motivaciones que lo habían llevado a fallar en un sentido o en otro. No hacían declaraciones al periodismo. Tampoco alternaban socialmente con abogados o con políticos. Los caracterizaba un perfil muy bajo y, por regla general, eran personas solitarias, con una situación económica que no iba más allá de lo simplemente decoroso.

De pronto, los cambios operados en la sociedad argentina en los tiempos recientes, vinieron a modificar de raíz ese panorama, mantenido inalterable durante siglos. La política y la opinión pública han irrumpido en el ámbito, antes tan reservado y circunspecto, de ese poder.

La conducta de los magistrados se pone bajo la lupa, y con no poca frecuencia se los enjuicia y se los destituye. Igualmente frecuente es la vinculación ostensible –y complaciente- entre el magistrado y el funcionario. El nombre del juez aparece a menudo en el periodismo, y las más de las veces para recibir graves cuestionamientos

Cabe preguntarse si esta mayúscula novedad es positiva, en este comentario que no tiene más pretensiones que asentar una reflexión. Habría que pensar que, si tales avances de la política y de la opinión existen, es porque tienen, en muchos casos, un justificativo. Es decir, que por algo el juez ha perdido aquella aureola de respeto que solía rodear, tradicionalmente, no sólo a sus decisiones sino a su misma persona.

Es evidente que algo serio ocurre con la Justicia –en nuestra provincia como en nuestro país- a esta altura de la historia. Y también es evidente la necesidad de tomar medidas para encarar la cuestión y poner las cosas en un lugar distinto. No para encerrar a los magistrados en una campana de cristal blindado, sino para que la importantísima función que desempeñan esté al margen de las turbulencias e intereses de la política y de los virajes de la opinión pública.

No es cometido del periodismo sugerir esas medidas. Pero sí podemos dejar planteado el problema, como una de las cuestiones realmente delicadas del presente. Acaso el camino pueda iniciarse a partir de una revisión a fondo de muchos aspectos de nuestro sistema judicial. Como ejemplos al azar, se nos ocurre el tema del carácter vitalicio del magistrado, que lo pone ante el peligro de esa corrupción que, como se sabe, acompaña fatalmente al largo ejercicio de toda función. O la cuestión de las normas que otorgan demasiadas facilidades al poder político para removerlo, cosa que afecta su libertad para decidir y le genera una sensación de precariedad.

En fin, repetimos que se trata de un asunto de muy ponderable importancia. Sería sobreabundante insistir en la trascendencia que tiene, para una sociedad democrática, contar con un Poder Judicial al que respalde el respeto invariable de la sociedad. Bien ha dicho el secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cristián Abritta, en un reportaje del año pasado, que “la fuerza de los fallos y decisiones judiciales, yace en los fundamentos que las sostienen y en el prestigio del tribunal”.