Ocurre, cada vez con mayor asiduidad, que la administración (nacional, provincial, municipal y hasta comunal), en prácticamente todo el país, aplica criterios oportunistas o de provecho político directo, para bautizar elementos o espacios públicos. Así, se han hecho habituales las designaciones sin sustento histórico alguno, dirigidas a perpetuar personajes, hechos o circunstancias notoriamente vinculados a los gobiernos de turno, o a las ideas de los gobernantes. Se trata de un criterio que genera desconcierto y rechazo, en la generalidad de las opiniones sensatas de la comunidad.
Un buen ejemplo de todo lo contrario, y digno de imitarse en este orden, ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su Constitución (artículos 81, inciso 7º, 89 y 90) establece que tales imposiciones son una atribución exclusiva de la Legislatura. En 1998, además, se dictó la ley 83, que regula las nomenclaturas y que ordena de entrada la consulta previa obligatoria a la Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana, creada mediante ordenanza de 1994.
Se dispone que los nombres deben estar directamente relacionados con la ciudad, o revestir importancia nacional o universal. Prohíbe expresamente bautizos con nombres de personas, antes de haber transcurrido diez años de su muerte o de su desaparición forzada, y rige igual lapso para los hechos históricos que se busca honrar. Con razonable criterio democrático, veda las designaciones que recuerden a quienes hubieran ejercido la función pública fuera del orden constitucional. Asimismo, prohíbe la imposición de nombres de sociedades o empresas comerciales o financieras.
Es lamentable que, para nuestra provincia y nuestra ciudad, esta criteriosa tesitura resulte absolutamente extraña. Se han cambiado denominaciones de arterias y de sitios públicos con total ligereza, sin consulta idónea alguna, por el solo capricho de las autoridades de turno. Se han practicado cortes arbitrarios en la nomenclatura, para aminorar la importancia de próceres como Julio Argentino Roca o Bernardino Rivadavia: hasta se ha retirado, sin explicación alguna, el busto de este último de la plazoleta de su nombre. Y se ha hecho costumbre que, en los carteles estampados sobre bienes de la comunidad, adquiridos o erigidos por el Estado, se publicite el nombre de la autoridad del momento.
Creemos que todas estas prácticas debieran desterrarse. Es necesario crear Comisiones de Nomenclatura, que integren personas y organizaciones con verdadera autoridad para asesorar en la materia. Estas tendrían participación obligatoria y previa en los bautizos, emitiendo opiniones fundadas antes de cualquier asignación de nombres a espacios públicos. Nos parece que tales instancias representarían cierta garantía del acierto y de la justicia en los nombres que finalmente se impongan. Esto, para hacerlos representativos del sentir mayoritario de la ciudadanía, al margen de toda especulación política. En suma, como fue el criterio habitual, hasta hace pocos años.
Y por cierto que correspondería terminar con las leyendas "gestión de Fulano de Tal", pintadas o grabadas en los bienes adquiridos con el presupuesto del Estado, ente que obviamente trasciende la individualidad del funcionario. De esa manera se dejaría suficientemente clara la distinción entre el Estado, que es algo permanente, y su empleado, que es quien sólo transitoriamente lo representa, obrando en su nombre y manejando sus fondos.
No es necesario decir que estas puntualizaciones no son menoreds. Tienen cimiento en elementales principios democráticos, que en ningún caso debieran ser orillados.
