Estados Unidos mete la nariz en el caso Marita Verón

El presidente de la Corte Suprema, días atrás, tuvo un sorpresivo encuentro con una comitiva del Departamento de Estado de EE.UU. interesada en conocer el decurso y tratamiento judicial del caso Marita Verón. Fue secuestrada hace 11 años, bajo el gobierno de Julio Miranda, cuando Alperovich era ministro de Economía.

Sara Gilmer, de la Oficina de Monitoreo y Combate de la Trata de Personas, presidía la comisión acompañada por Analda Hass y Silvana Oneto, de la embajada norteamericana en Buenos Aires. La de María de los Ángeles Verón es una causa emblemática de la trata de persona. Cobró repercusiones dentro y fuera del país por sus características y por la lucha sin descanso de su madre, Susana Trimarco, por encontrar a su hija. Hasta ahora, en vano. Continúa desaparecida.

La delegación, que no permitió ser fotografiada por LA GACETA, almorzó con el togado en el Jockey Club, durante dos horas, junto con el ministro fiscal de Corte, Edmundo Jiménez. La finalidad del encuentro fue saber -según el parte oficial- qué criterio jurídico aplicó el tribunal para condenar a los imputados, después de que la Cámara Penal declaró la absolución de todos ellos. El desarrollo del proceso de juzgamiento tuvo un trasfondo político, que pesó en la decisión del órgano supremo. El juez que redactó la sentencia fue Antonio Gandur, el mismo que otorgó alegremente el inconstitucional tercer mandato a Alperovich. La causa sigue abierta, con insondables ramificaciones todavía. Tarde o temprano, llegará a la última instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que definirá el entuerto de una vez por todas.

Retahila de anomalías

Vale la pena hacer un racconto. La Corte que integraban Antonio Estofán (presidente), junto con Gandur y Claudia Sdbar, declaró culpables a los 11 riojanos involucrados y absolvió a los tucumanos Víctor Rivero y a su hermana María Jesús Rivero, ex pareja de Rubén “La Chancha” Ale. El supremo tribunal revocó, así, parcialmente el fallo absolutorio que emitió la Cámara Penal, Sala II, conformada por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. La definición provocó gran revuelo de consecuencias políticas no apagadas aún, con lonjazos en el rostro del gobernador y remezones en la Casa Rosada. Se esperaba el patíbulo para los encartados y salieron en libertad. La Policía había dispuesto 13 patrulleros para llevarlos -esposados- a la cárcel de Villa Urquiza. El primer sorprendido fue Alperovich, quien no dudaba de la condena colectiva.

Con el expediente en sus manos, la Corte recurrió a un atajo inexistente en el Código de Procedimiento Penal de Tucumán. Tenía dos alternativas: confirmar la sentencia lisa y llanamente o declararla nula. Si optaba por la última, debía devolver el expediente a la Cámara de origen para hacer un nuevo juicio, con una nueva integración. Ante el escándalo político que se vislumbraba, más la presión pública con la lengua incendiaria de Susana Trimarco, el alto tribunal optó por “una salida draconiana”, como la definió. Dictó condena y decidió que las penas las aplicara otra Cámara Penal, esta vez, compuesta por Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez.

¿Qué dijo Gandur?

¿Qué le informó Gandur -es de preguntarse- a la comitiva norteamericana? ¿Que la sentencia de la Corte, encabezada entonces por Estofán, en el caso Marita Verón no tuvo el humo del buen derecho y que, al contrario, estuvo impregnada de un barniz político indubitable? ¿Le contó, acaso, que el gobernador en persona, después de conocerse la absolución colectiva, concurrió a la sede de la Fundación de Trimarco? Ahí, poco menos que de rodillas, le dijo: “Susana, haré lo que me pidas”, aterrorizado por la eventualidad de que la Presidente interviniera el Poder Judicial y la correntada lo arrastrara a él también.

¿Le dijo Gandur al trío femenino que por impulso de la influyente mujer y virtual co-gobernadora en la comarca -de comunicación telefónica directa con Cristina- se abrió el juicio político a los camaristas cuestionados por el fallo? A éstos se juzgó en un proceso exprés, negándoles el zar a los dos primeros el derecho a jubilarse como habían planteado al amparo de la ley.

¿Le dijo Gandur a la delegación de EE.UU. que Estofán expresó públicamente que la causa Verón, cuando llegara a la Corte -presidida entonces por él- el fallo sería distinto? Y así nomás fue. ¿El ahora fiscal del alto tribunal, Edmundo Giménez, habrá dicho que a lo largo de más de 10 años la Policía tucumana, de la que no podía ignorar su desempeño como ministro de Gobierno, poco y nada hizo y que aportó sólo pruebas dudosas e insuficientes en la investigación?

¿Les habrá hablado Gandur a sus visitantes de la “salida novedosa” que inventó el alto tribunal, para esquivar la confirmación o la nulidad del fallo absolutorio de la Cámara Penal, apartándose de lo que determinan expresas normas provinciales? Con la innovación que utilizó la Corte, a la vez de legislar -lo que le está prohibido-, creó con su ingeniería judicial una segunda instancia como un escapismo jurídico ficticio, para zafar de una situación por demás incómoda como el caso Marita Verón, con neutrónica carga política.

¿El supremo cortesano le habrá informado a la comitiva visitante que la Cámara que debía imponer las penas no había leído el expediente, como denunció el juez Emilio Páez de la Torre? ¿Se habrá referido el titular de la Corte al voto en disidencia de este camarista que se negó a dictar sentencia en una causa que no conocía? ¿Les habrá contado que el voto positivo de la camarista Juana Juárez consignaba la aclaración expresa de que la Corte había inventado un trámite irreal?

Una Corte de conjueces, que encabeza el vocal Mario Goane, de la que forman parte Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli, debe resolver ahora la apelación de los acusados, a quienes se impuso prisión entre 18 y 22 años. Zóttoli está recusado por haber participado de un acto de la agrupación Justicia Legítima, y está pendiente de resolución.

Cuando el proceso estaba en plena cocción, a su paso por esta ciudad, desde el Teatro Alberdi, Julián Álvarez, viceministro de Justicia de la Nación (en realidad, su titular por su peso dentro de La Cámpora), en nombre de la reina Cristina con lenguaje de barricada y para que lo oigan en Tribunales, expresó que se apurara la definición del juicio y se condenara a los imputados. Se le hizo caso.

La Cámara Penal, Sala II, al no encontrar pruebas contundentes contra los imputados, resolvió absolverlos, lo que desató la furia de los vientos y los jueces debieron soportar el juzgamiento político por la sentencia que se animaron a firmar. Ese fue el pecado capital que Alperovich no les perdonó y accionó todos los resortes de poder para castigarlos.

Los camaristas Herrera Molina y Piedrabuena, después de largos padecimientos, pudieron jubilarse, con una acción judicial de por medio, ya que el zar, en un acto de arbitrariedad y sin respetar la ley, demoró sine die su retiro. Romero Lascano afronta, en soledad, su procesamiento, hoy con un trámite en la Corte Suprema de la Nación, aún irresuelto.

No deja de extrañar que la comisión norteamericana, si de veras quería cerciorarse de lo que pasó judicialmente con el caso Marita Verón, se haya limitado a escuchar sólo la campana de Gandur, cuya versión fue edulcorada seguramente. Omitió consultar a Romero Lascano, enredado todavía en el juicio político. Al parecer, tampoco tuvo interés de oír a los jueces hoy jubilados y el calvario al que fueron sometidos.

Imaginémonos, en un ejercicio hipotético de prospección. Si la Corte de conjueces que timonea hoy Goane decidiera confirmar el fallo originario de absolución ¿qué haría Susana Trimarco? ¿Volvería a promover otro juicio político? ¿Acusaría a los nuevos jueces de que recibieron seis millones de dólares como lo hizo antes contra los miembros de la Sala II y lo acaba de reiterar en el programa nocturno de Mirtha Legrand?

Tensas como están hoy las relaciones de la Presidente con EE.UU. ¿no considerará la primera dama esta visita a la Corte como una intromisión en asuntos internos del país? ¿Quién promovió el encuentro? ¿Susana Trimarco?

El zar, más lejos de Cristina

El gobernador cada día que pasa acentúa su distanciamiento de la Casa Rosada. A su inquilina, hasta no hace mucho tiempo, rendía lisonjera obsecuencia de sumisión como un vasallo K incondicional. Dejó de asistir a reuniones convocadas por Cristina y manda a su alter ego, Regino Amado. Ya no aparece entreverado entre la manada de sonrientes aplaudidores, cuando ella -como avezada actriz- envuelta en la epopeya antiimperialista, desgrana ante el atril su relato de imaginarios complots, de desestabilizadores y destituyentes, cipayos y vendepatria. Hasta llegó a decir que “se quiere voltear al gobierno” y que si algo le pasa a ella “hay que mirar al Norte, no a Oriente”. Del látigo presidencial no se salvó -como es habitual- la perversidad de los buitres de adentro y de afuera, y el periodismo independiente que no le canta loas. Siempre, siempre, la culpa es del otro. El relato es el sarcófago en el que se encapsuló el kirchnerismo, para negar la cruda realidad del país.

Massa no viene

El reciente encuentro, en Jujuy, de Sergio Massa -timonel del Partido Renovador- con el senador nacional de la UCR, Gerardo Morales, generó el efecto de un tsunami dentro de las fuerzas de centroizquierda. Dividió las aguas en la UNEN y algunos -como Binner y Cobos- le pegaron duro al cofrade, porque desbarata la estrategia electoral con miras al choque de 2015. El tigre bonaerense tenía previsto visitar nuestra ciudad para mostrarse, esta vez, con el radical José Cano. El encuentro se frustrará porque el tucumano viaja a Estados Unidos en misión oficial.

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