29 Agosto 2014
No había dudas de que César Augusto Satle les prestó dinero a Isabel del Carmen Manso y a Gloria Patricia Frías, con intereses usurarios. Lo reconocieron las dos mujeres durante el juicio. Pero no se probó que hayan existido otras víctimas, ni que Satle se dedicaba profesionalmente a esa actividad. Por ello, la fiscala de Cámara Estela Giffoniello afirmó que no podía acusarlo por usura calificada. El delito, entonces, debía ser enmarcado dentro de la usura simple, que establece penas de prisión de uno a tres años. Como los hechos ocurrieron en 2006, la causa se encontraba prescripta y correspondía su absolución.
De esa manera, Satle logró ayer evitar una condena por los préstamos usurarios que había dado, pero los camaristas Juana Juárez, Emilio Páez de la Torre y Dante Ibáñez, dispusieron que debe indemnizar con $ 5.000 a cada una de las víctimas por el daño causado.
“Hay varios fallos, incluso de la Corte Suprema de Justicia, que afirman que dos casos no pueden ser suficientes para considerar que hubo habitualidad en la usura”, describió Giffoniello durante su alegato, en el que pidió la absolución por prescripción, solicitando de todas maneras que se realice una reparación a las víctimas, lo que fue receptado por los jueces.
El defensor de Satle, Cergio Morfil, fue crítico con la actuación policial. Las dos víctimas sostuvieron durante el juicio que nunca realizaron una denuncia, como lo había registrado la Policía. Incluso hubo un testigo de un operativo que durante el juicio negó haber declarado ante la Policía, y por ende desconoció la firma que se encontraba en el expediente.
“La Policía lo venía siguiendo y pidiéndole plata. Satle no aceptó y por eso armaron todo esto”, manifestó Morfil durante su alegato. “Hubo pruebas obtenidas ilegalmente, han hecho lo que han querido. La actuación de la Policía en casos como este no debe ser pasada por alto; dieron asco”, sentenció el defensor.
La propuesta de resarcimiento de los $ 5.000 salió del propio acusado. “Soy inocente, pero si les causé problemas a estas señoras, no tengo problemas en resarcirles con dinero”, manifestó Satle en la corta declaración que brindó ante los camaristas.
De esa manera, Satle logró ayer evitar una condena por los préstamos usurarios que había dado, pero los camaristas Juana Juárez, Emilio Páez de la Torre y Dante Ibáñez, dispusieron que debe indemnizar con $ 5.000 a cada una de las víctimas por el daño causado.
“Hay varios fallos, incluso de la Corte Suprema de Justicia, que afirman que dos casos no pueden ser suficientes para considerar que hubo habitualidad en la usura”, describió Giffoniello durante su alegato, en el que pidió la absolución por prescripción, solicitando de todas maneras que se realice una reparación a las víctimas, lo que fue receptado por los jueces.
El defensor de Satle, Cergio Morfil, fue crítico con la actuación policial. Las dos víctimas sostuvieron durante el juicio que nunca realizaron una denuncia, como lo había registrado la Policía. Incluso hubo un testigo de un operativo que durante el juicio negó haber declarado ante la Policía, y por ende desconoció la firma que se encontraba en el expediente.
“La Policía lo venía siguiendo y pidiéndole plata. Satle no aceptó y por eso armaron todo esto”, manifestó Morfil durante su alegato. “Hubo pruebas obtenidas ilegalmente, han hecho lo que han querido. La actuación de la Policía en casos como este no debe ser pasada por alto; dieron asco”, sentenció el defensor.
La propuesta de resarcimiento de los $ 5.000 salió del propio acusado. “Soy inocente, pero si les causé problemas a estas señoras, no tengo problemas en resarcirles con dinero”, manifestó Satle en la corta declaración que brindó ante los camaristas.
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