La gestión de los recursos para viviendas sociales

El sueño de la casa propia es, quizás, uno de los más importantes para familias y para individuos independizados. Sin embargo, llegar a esa meta es cada vez más difícil y las herramientas que el Estado pone al alcance de los ciudadanos a veces terminan convirtiendo ese objetivo en una pesadilla.

Dos acontecimientos que sucedieron recientemente oscurecieron los esfuerzos estatales por proporcionar el “derecho a una vivienda digna” a los argentinos. En primera instancia, en Tucumán un grupo de vecinos comenzó con una serie de protestas y denuncias contra empleados del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Días después, el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, denunció que “hay una situación caótica” en el manejo de planes sociales para la construcción de viviendas que impulsa el Gobierno nacional, con “deficiencias técnicas”, “desviaciones” de fondos y “manejo clientelar en las adjudicaciones”, entre otras irregularidades.

Lo más preocupante de este tipo de denuncias es que el déficit habitacional en nuestra provincia continúa siendo elevado, pese a que los números mejoraron en la última década. De acuerdo al último relevamiento realizado hace cuatro años por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), en Tucumán hay 396.429 viviendas, contra las 310.674 de 2001, lo que arroja un crecimiento del 28%; pero la muestra también desnuda que cuatro de cada 100 hogares tucumanos no tienen ni baño ni letrina (son 16.527). En 2001, en plena crisis económica y política, la provincia presentaba un déficit habitacional de 140.000 viviendas. Es decir que en la última década, esa carencia se redujo a 80.000 casas, ya que, según datos del propio Indec, la gestión de gobierno aportó 60.000 soluciones habitacionales.

Respecto de la denuncia del grupo de tucumanos presuntamente estafados, los damnificados afirmaron haber entregado importantes sumas de dinero a intermediaron que le aseguraban que conseguirían una vivienda de tipo social, en alguno de los barrios que administra el Ipvdu y que se construyen con fondos nacionales. Al conocer el problema, el interventor de ese organismo oficial, Gustavo Durán, había dicho que los denunciantes también tenían culpa en la operatoria, teniendo en cuenta que estaban al tanto que lo que hacían no era correcto, pero que sin embargo igual pagaron por fuera del sistema establecido para hacerse acreedores de una casa. Si bien el funcionario está amparado en la razón, no es menos cierto que quienes están en situación de mayor vulnerabilidad -y desesperación- son las familias que en algunos casos hace décadas que buscan un modo de alcanzar la casa propia.

Despouy había hecho hincapié más bien en cómo se mal utilizan los recursos públicos para viviendas que en la convalidación de particulares en acciones ilícitas por parte de funcionarios públicos. “Ha habido -dijo Despouy- un verdadero fracaso en la atribución y en la obtención de estos programas sociales. Es preocupante la espectacularidad que han tenido los desembolsos y la ruta en que pudieron ser desviados (fondos), como en el caso de ‘Sueños compartidos’”. Ante este tipo de cuestionamientos y ante esta necesidad social, la pregunta es cuándo se pondrá fin a estas redes de corrupción que golpean a vastos sectores sociales en aspectos tan sensibles como el habitacional.