Por Roberto Delgado
30 Mayo 2014
Después del asombro de que se haya abierto el caso de Pamela Laime, que estaba congelado desde hace 14 años, surgen las preguntas: ¿podrá ser resuelto algún día? ¿Habrá otros casos como el de ella? ¿Qué nos dice esto sobre la seguridad en Tucumán?
La historia de la adolescente de 17 años, asesinada, y cuyo cuerpo apareció el 19 de octubre de 2000 en Ticucho -al día siguiente de su desaparición- salió a luz porque el comisario retirado Marcial Escobar, que en ese entonces era jefe de la Brigada Norte, la vinculó con la historia sobre personas perdidas, publicada hace dos domingos por LA GACETA. Escobar dice que ahora las comunicaciones son instantáneas y la gente está más informada y que por eso pudo hacer la relación. Y que en 2000 era habitual que los policías, cuando llegaba alguien a denunciar la desaparición de un adolescente, le decían que volviese en 72 horas, hasta estar seguros de que no fuese fuga de hogar. Algo han cambiado las cosas a partir del caso de Marita Verón... Pero eso no explica por qué en su momento las fiscalas que tenían a su cargo la causa del homicidio -Joaquina Vermal, ya fallecida- y la causa de la desaparición -la fiscala Teresita Marnero, ya jubilada- no hicieron la relación entre un cuerpo de adolescente asesinada a hachazos hallado el 19 y la denuncia de desaparición de una adolescente, en la comisaría 5ª y en la de Garmendia, el mismo 19. Encima, el expediente del homicidio también desapareció.
No es que se encuentren cadáveres todos los días. Pero muchos difuntos no descansan en paz en Tucumán, como si esta, más que una historia, fuera una pesadilla de García Márquez. Alberto Lebbos estima que hay más de 150 crímenes impunes. Precisamente por enigmas como estos se creó en Tribunales la Oficina de Autores Desconocidos, que funciona como una especie de área de antecedentes, pero no como una sección encargada de relacionar casos distintos, como este que nos ocupa. O sea, a partir del caso Verón hay un atisbo de protocolo para denuncias por desapariciones. Pero eso no garantiza que los agentes lo cumplan, como no cumplen el protocolo ante denuncias de violencia doméstica (como lo demostró en su momento el caso Amín) o de denuncias por agresiones (como fue en su momento el caso del asesino Vera en Los Pizarro)
Tampoco se cuenta con instrumentos para hacer identificación por huellas dactilares; apenas si hay un banco de huellas digitales de delincuentes aportado por la Nación pero no hay datos de personas desaparecidas o enterradas como NN como para reflotar un “cold case”. A menos que haya un memorioso como Escobar que haga la vinculación. Pero eso es casualidad, no protocolo.
Tampoco hay orden en las pericias policiales. La camarista María del Pilar Prieto cuenta que son tantos los casos de juicios orales en que se ven obligados a dictar absoluciones por mala praxis policial, que asustan. Mala recolección de pruebas, falsificación de actas, contaminación del lugar del terreno... se ha visto en el crimen del juez Héctor Agustín Aráoz, en el caso de Paulina Lebbos. Se acaba de ver en el caso Aiziczon, mal instruido por el fiscal Carlos Albaca. Se ha visto en el caso del crimen de Lucas Fernández, de 1996, con irregularidades en la instrucción: la Corte de Justicia nacional ordenó que se investigue todo de nuevo. Se ha visto en el crimen del oficial Andrés Salinas hace 22 años. Acribillado a balazos, nadie condenado.
La doctora Prieto dice que es demasiado frecuente que los fiscales ni siquiera revisen el trabajo de los policías. Les pusieron ayudantes fiscales que, en vez de ir a los lugares de los hechos con los policías, hacen trabajo de oficina. Lo peor ha sido el escándalo destapado en Monteros: jueces, fiscales y funcionarios que viven en la capital dejaban un instructivo para los empleados hagan su tarea en los turnos penales.
¿Podrá resolverse el crimen, 14 años después? Muy difícil. Escobar cree que hay posibilidades y que además, en estos tiempos, ya sería posible trabajar con bancos de datos y vincular la información diseminada. Pero la historia penal no ayuda. A menos que obre una casualidad, el funcionamiento del sistema está demostrando que seguimos sin protocolos, lo cual permite vaticinar futuros casos congelados e impunes en los que, como en la novela neopolicial latinoamericana, triunfa el asesino.
La historia de la adolescente de 17 años, asesinada, y cuyo cuerpo apareció el 19 de octubre de 2000 en Ticucho -al día siguiente de su desaparición- salió a luz porque el comisario retirado Marcial Escobar, que en ese entonces era jefe de la Brigada Norte, la vinculó con la historia sobre personas perdidas, publicada hace dos domingos por LA GACETA. Escobar dice que ahora las comunicaciones son instantáneas y la gente está más informada y que por eso pudo hacer la relación. Y que en 2000 era habitual que los policías, cuando llegaba alguien a denunciar la desaparición de un adolescente, le decían que volviese en 72 horas, hasta estar seguros de que no fuese fuga de hogar. Algo han cambiado las cosas a partir del caso de Marita Verón... Pero eso no explica por qué en su momento las fiscalas que tenían a su cargo la causa del homicidio -Joaquina Vermal, ya fallecida- y la causa de la desaparición -la fiscala Teresita Marnero, ya jubilada- no hicieron la relación entre un cuerpo de adolescente asesinada a hachazos hallado el 19 y la denuncia de desaparición de una adolescente, en la comisaría 5ª y en la de Garmendia, el mismo 19. Encima, el expediente del homicidio también desapareció.
No es que se encuentren cadáveres todos los días. Pero muchos difuntos no descansan en paz en Tucumán, como si esta, más que una historia, fuera una pesadilla de García Márquez. Alberto Lebbos estima que hay más de 150 crímenes impunes. Precisamente por enigmas como estos se creó en Tribunales la Oficina de Autores Desconocidos, que funciona como una especie de área de antecedentes, pero no como una sección encargada de relacionar casos distintos, como este que nos ocupa. O sea, a partir del caso Verón hay un atisbo de protocolo para denuncias por desapariciones. Pero eso no garantiza que los agentes lo cumplan, como no cumplen el protocolo ante denuncias de violencia doméstica (como lo demostró en su momento el caso Amín) o de denuncias por agresiones (como fue en su momento el caso del asesino Vera en Los Pizarro)
Tampoco se cuenta con instrumentos para hacer identificación por huellas dactilares; apenas si hay un banco de huellas digitales de delincuentes aportado por la Nación pero no hay datos de personas desaparecidas o enterradas como NN como para reflotar un “cold case”. A menos que haya un memorioso como Escobar que haga la vinculación. Pero eso es casualidad, no protocolo.
Tampoco hay orden en las pericias policiales. La camarista María del Pilar Prieto cuenta que son tantos los casos de juicios orales en que se ven obligados a dictar absoluciones por mala praxis policial, que asustan. Mala recolección de pruebas, falsificación de actas, contaminación del lugar del terreno... se ha visto en el crimen del juez Héctor Agustín Aráoz, en el caso de Paulina Lebbos. Se acaba de ver en el caso Aiziczon, mal instruido por el fiscal Carlos Albaca. Se ha visto en el caso del crimen de Lucas Fernández, de 1996, con irregularidades en la instrucción: la Corte de Justicia nacional ordenó que se investigue todo de nuevo. Se ha visto en el crimen del oficial Andrés Salinas hace 22 años. Acribillado a balazos, nadie condenado.
La doctora Prieto dice que es demasiado frecuente que los fiscales ni siquiera revisen el trabajo de los policías. Les pusieron ayudantes fiscales que, en vez de ir a los lugares de los hechos con los policías, hacen trabajo de oficina. Lo peor ha sido el escándalo destapado en Monteros: jueces, fiscales y funcionarios que viven en la capital dejaban un instructivo para los empleados hagan su tarea en los turnos penales.
¿Podrá resolverse el crimen, 14 años después? Muy difícil. Escobar cree que hay posibilidades y que además, en estos tiempos, ya sería posible trabajar con bancos de datos y vincular la información diseminada. Pero la historia penal no ayuda. A menos que obre una casualidad, el funcionamiento del sistema está demostrando que seguimos sin protocolos, lo cual permite vaticinar futuros casos congelados e impunes en los que, como en la novela neopolicial latinoamericana, triunfa el asesino.
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