La hora de los fiscales y la farsa judicial

ACTO UNO. El fiscal federal Carlos Brito sorprendió el jueves a la comunidad universitaria al solicitar la indagatoria del rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Cerisola. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectaron una plaga de irregularidades en en obras desarrolladas por Construcciones Universitarias. Según la Procelac hubo pagos de sobreprecios; beneficios para empresas contratistas; incumplimiento de deberes básicos de funcionarios públicos y limitación de la publicidad de los actos de gobierno, entre otros ilícitos.

En buena hora que algo se investigue en una provincia donde sólo van presos los delincuentes pobres. Pero llama poderosamente la atención que tratándose de expedientes que datan desde 2008 hasta 2011, recién siete días antes de la elección del nuevo rector de la UNT el fiscal Brito decida solicitar la indagatoria del rector saliente. “Si yo fuera Cerisola, como mínimo pediría un juicio político para Brito”, deslizó ayer un periodista cuando se supo la noticia en el diario. Insistimos en que debe investigarse hasta el último peso administrado en la UNT, pero en una Justicia que funciona al servicio del poder político es imposible suponer que pueda ser una casualidad que este escándalo estalle una semana antes de la asamblea universitaria.

ACTO DOS. “Santiagueña hija de mil puta te vamos a matar, vas a ser boleta; te vamos a matar a vos y a López Ávila. Van a ser boleta si siguen llamando a declarar”. Esto le dijeron por teléfono el martes a la noche a la fiscala Adriana Gianonni. Es la tercera vez que amenazan a Gianonni y a Diego López Avila, desde que investigan la sedición policial de diciembre, que derivó en saqueos y muertes. La primera fue con panfletos, la segunda por mensajes de texto y ahora con una llamada. “Dejen de joder con la Policía”, les habían advertido anteriormente. Pese a que el fiscal que se encontraba de turno era María de las Mercedes Carrizo, el ministro Fiscal subrogante, Carlos Sale, dispuso que las amenazas sean investigadas por Washington Navarro Dávila, uno de los tres intocables que nunca fueron fiscalizados por el Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema, junto con Carlos Albaca y Guillermo Herrera. Otro dato: desde hace años se solicita la creación de una Policía Judicial que no dependa de Casa de Gobierno, pero en el PE miran para otro lado. Por eso hoy los fiscales investigan a los policías con informes suministrados por la mismos policías. ¿Esta sería la parte graciosa de la obra?

ACTO TRES. Parece que de a poco empiezan a dejar solo al inmutable fiscal Carlos Albaca, célebre por haber cajoneado la causa Lebbos por siete años y por haber hecho todo lo que estaba a su alcance para que no se encuentre al asesino. Ahora, el ministro fiscal de la Corte, Luis De Mitri, acusó a Albaca de “incumplimiento de deberes”, “mal desempeño” y de que es “un menoscabo intolerable en la administración de justicia”. De Mitri fue uno de los defensores más encarnizados de Albaca y ahora, de un plumazo, se transformó en uno de sus máximos detractores. Algo similar está ocurriendo en la Legislatura -esa misma que oculta quién contrató a Marianela Mirra y donde ninguno, ni oficialista ni opositor, accede a mostrar su lista de empleados-. En la Cámara que siempre protegió a Albaca están empezando a sacar los pies del plato. ¿Acaso sabrán que en el caso Lebbos podría haber en los próximos días nuevos pedidos de detención para gente poderosa sospechada de encubrimiento?