Se acerca un hombre de más de 50 años. Se presenta simplemente como un ciudadano que quiere pedir ayuda e inmediatamente suelta su preocupación:
- ¿Puede decirme dónde debo hablar para que lleven a mi hijo, que se droga?
El periodista, entre la sorpresa y la desazón, le recomienda acudir a un centro de recuperación.
-Cualquier lugar. No sé dónde ir. Mi hijo tiene 20 años y voy a la 5ª (seccional de Policía) a hacer una denuncia para que lo detengan, porque es muy violento.
El periodista, pese a ser un hombre de las radios, se queda sin palabras y sólo atina a escucharlo.
-...La Policía me aconseja que vaya a la (Policía) Federal o a la Ditonar (hoy Digedrop) porque según ellos es lo mejor para que actúen.
El hombre de los medios, que ya no sabe qué hacer con la situación, inquiere si ya tiene la denuncia.
-No, lo peor para mí es que yo vivo en El Salvador y es allí donde venden drogas y se las dan a mi hijo. Si yo denuncio sólo servirá para que después le pase algo a mis hijos más chiquitos. No hice la denuncia. Por eso, lo que yo le pregunto es adónde puedo ir para que se ocupen del grande, que ya está metido en la droga y que los propios vecinos se la proveen.
...
Esta conversación casual entre un padre desahuciado y un hombre de la radio tucumana transcurría el jueves pasado, a sólo ocho cuadras de la Legislatura provincial, donde los legisladores argumentaban ventajas y desventajas de hacer que el control de la venta de drogas al menudeo (dealers) sea de competencia provincial, y por lo tanto la Justicia y la Policía tucumanas se encargarán de combatirla a partir de 2015.
La buena noticia es que los representantes del pueblo se estaban ocupando de la droga. La mala es que sus decisiones son un albur. Nadie asegura que dentro de un año las cosas van a empezar a cambiar. Por lo tanto, el señor del barrio El Salvador seguirá sin poder dormir tranquilo. En cambio hay certezas.
1) Los legisladores que promovieron la delegación del control a los dealers no están seguros. Aprobaron una ley de adhesión que entrará en vigencia el primero de marzo de 2015. Pero además dejaron abierta la posibilidad de que se prorrogue automáticamente si es que el Poder Ejecutivo así lo desea. Ni siquiera la propia Cámara será consultada.
2) Se creará una comisión para estudiar factibilidades. ¿Por qué no se hizo al revés, realizando primero un estudio previo al que luego se hubieran adherido? Se puso el carro delante del caballo, como ironizó el siempre polémico legislador opositor Ariel García.
3) El peronista Marcelo Caponio hizo propios los argumentos del camarista federal, Ricardo Sanjuán. Este fue contundente sobre los inconvenientes de la Justicia federal para el manejo de este tema. Sin embargo, el fiscal federal Antonio Gómez -que fue llevado por el legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia- piensa distinto a Sanjuán. ¿No valía la pena detenerse a analizar estas dicotomías para buscar consensos?
4) ¿Qué dijo la Justicia provincial al respecto? También sobran las contradicciones, pero desde el oficialismo dicen que dicen que fue consultado el presidente de la Corte y estuvo de acuerdo. No hubo un pronunciamiento. Es cierto que conseguir consensos entre los vocales de la Corte es más difícil que lograr que José Alperovich reconozca fallas en su gestión. Sin embargo, un tema trascendental podía esperar dictámenes.
5) El proyecto oficialista ingresó a la Cámara el martes 4 del corriente, y el viernes siguiente se firmó el dictamen de comisión que habilitaba a tratar el tema en el recinto. Presidió el grupo parlamentario el flamante titular, José León, quien reemplazó a Gerónimo Vargas Aignasse. Aquel día éste andaba recorriendo la provincia con Sergio Massa de la mano. Como presidente de la comisión había llamado a una reunión para el lunes 10, pero ya había sido reemplazado y se habían tratado temas trascendentales. Es decir, no hubo tiempos para debates profundos ni para darle formalidad a la comisión que el oficialismo no quiere que la maneje un massista.
6) “El quilombo se lo compra la Provincia”, fue una de las frases que se escuchó en el recinto. Después el legislador alperovichista Sisto Terán pidió disculpas por el término. Sin embargo, estaba desnudando que se trata de un gran lío. Tamaño reconocimiento se hace con qué objetivo. El único justificativo y apuro del Gobierno provincial parece ser dar curso a lo que le pide -una vez más- la Nación. Primero hay que ser obsecuente y después pensar si le conviene o no a la Provincia.
7) La Policía provincial que se va a ocupar de atrapar a los dealers es exactamente la misma que el 9 y 10 de diciembre priorizó tanto sus bolsillos que fue incapaz de pensar que la sociedad estaba indefensa por su culpa, y que todo era un caos por su ambición. Justificada o no aquella postura hizo pelear a los tiros a los vecinos de Tucumán.
8) Entre los miembros de la Justicia que van a tener que administrar este tema están aquellos que son manejados a control remoto por el Ejecutivo. Son los mismos que no pudieron encontrar ni una pista después de la muerte de Paulina Lebbos o que mandaron a archivo lo que sea cuando el nombre propio era el de un funcionario alperovichista. Claro que en la vereda del frente también hay ejemplos espantosos como el que protagonizó el juez federal Norberto Oyarbide. Este se desgarró las vestiduras porque un hombre cercano a Carlos Zannini (el presidente virtual) le pidió que suspendiera una acción judicial. Lo curioso es que Oyarbide suspendió el allanamiento y no actuó con la independencia que parecía defender cuando contó el episodio. Fue un farsante. Y la Justicia mostró su cara más débil.
9) Es posible que los argumentos que encontraron los “sijosesistas” puedan germinar en tierra fértil. Más fiscales, más policías y el conocimiento de la sociedad podrían ayudar a que sean mejor las cosas. Las propias madres desesperadas reconocen no encontrar las respuestas que esperan en la Justicia federal. Sin embargo todo pierde su esencia cuando no hay confianza y, es eso precisamente lo que han logrado algunas instituciones del Estado. Es como la inflación. Nadie sabe lo que cuestan las cosas. Con la Policía, nadie está totalmente seguro, más aún después de los saqueos de diciembre.
El periodista que se cruzó con el padre desesperado debió advertirle que el gobierno provincial está más desorientado que él. Que aprobó una ley que no entrará en vigencia hasta dentro de mucho tiempo y que en realidad se hizo más por una necesidad política que por la urgencia de combatir la droga, quizás el problema más grave de la sociedad tucumana.
Tal vez los fondos que se destinarán (Alperovich calcula que son unos $ 200 millones, pero aún no se precisó de dónde saldrán) podrían servir para promover más lugares de rehabilitación y allí podría mandar a su hijo el hombre en cuestión.
Debilitamiento
En marzo de 2015 es posible que la cabeza de los hombres y mujeres de la política tucumana estén ocupados en otros temas. Estarán a sólo cuatro meses de los comicios. Si hoy lo que más desvela es saber si llegarán a ser candidatos, no es descabellado imaginar que el día en que debe entrar en vigencia la ley estén en campaña. Por lo tanto, la posibilidad de una prórroga no es alocada.
Esta semana Osvaldo Jaldo volvió a jurar fidelidad a su cargo -otra vez, ya lo había hecho en diciembre, pero dijo ser fiel a la función de diputado, algo que no fue- de ministro del Interior. En su discurso fue meloso con el matrimonio Alperovich. Alguna vez la fortaleza de Jaldo fue que se movía con independencia, algo que la mayoría de los principales referentes de la política comarcana no pueden hacer. Están presos de la voluntad alperovichista. Ese es el caso de Jaldo, de Juan Manzur y de los ministros obsecuentes. No ocurre lo mismo con los dirigentes intermedios que cuando miran el horizonte sabe que Alperovich ya no estará o por lo menos no empuñará la lapicera. Esto es lo que no termina de asimilar el gobernador que alguna vez creyó convertirse en el líder que no terminó siendo. Hasta su hija dejó el proyecto político y desarmó el Ateneo de la Militancia que supo cautivar a muchos seguidores. Tanto es el desencanto que la polémica Sarita Alperovich ni siquiera fue a la última cita de su agrupación.
Tiempos de cambio
La reforma del Código Penal llega al país en momentos inoportunos. Hay un gobierno nacional errante que se está yendo y que no define herederos. Por lo tanto, se ha vuelto débil a la hora de generar grandes transformaciones. Algo parecido ocurre en Tucumán. En estos días anduvo de visita Ricardo Rouvier porque asesorará a algunos candidatos del peronismo que no están en las marquesinas de la Casa de Gobierno. El sociólogo fue prudente al definir el momento por el que atraviesa la sociedad: “Tucumán está debatiéndose en estos momentos entre la continuidad y el cambio. Es necesario que los candidatos se planteen transmitir actitudes claras y una buena adecuación a lo que espera la sociedad de los políticos”.
El consejo es para el futuro, pero bien hubiera servido para las decisiones que se vienen tomando donde la palabra de uno es más importante que la preocupación de todos. Como si de verdad estuviera el carro delante del caballo.
- ¿Puede decirme dónde debo hablar para que lleven a mi hijo, que se droga?
El periodista, entre la sorpresa y la desazón, le recomienda acudir a un centro de recuperación.
-Cualquier lugar. No sé dónde ir. Mi hijo tiene 20 años y voy a la 5ª (seccional de Policía) a hacer una denuncia para que lo detengan, porque es muy violento.
El periodista, pese a ser un hombre de las radios, se queda sin palabras y sólo atina a escucharlo.
-...La Policía me aconseja que vaya a la (Policía) Federal o a la Ditonar (hoy Digedrop) porque según ellos es lo mejor para que actúen.
El hombre de los medios, que ya no sabe qué hacer con la situación, inquiere si ya tiene la denuncia.
-No, lo peor para mí es que yo vivo en El Salvador y es allí donde venden drogas y se las dan a mi hijo. Si yo denuncio sólo servirá para que después le pase algo a mis hijos más chiquitos. No hice la denuncia. Por eso, lo que yo le pregunto es adónde puedo ir para que se ocupen del grande, que ya está metido en la droga y que los propios vecinos se la proveen.
...
Esta conversación casual entre un padre desahuciado y un hombre de la radio tucumana transcurría el jueves pasado, a sólo ocho cuadras de la Legislatura provincial, donde los legisladores argumentaban ventajas y desventajas de hacer que el control de la venta de drogas al menudeo (dealers) sea de competencia provincial, y por lo tanto la Justicia y la Policía tucumanas se encargarán de combatirla a partir de 2015.
La buena noticia es que los representantes del pueblo se estaban ocupando de la droga. La mala es que sus decisiones son un albur. Nadie asegura que dentro de un año las cosas van a empezar a cambiar. Por lo tanto, el señor del barrio El Salvador seguirá sin poder dormir tranquilo. En cambio hay certezas.
1) Los legisladores que promovieron la delegación del control a los dealers no están seguros. Aprobaron una ley de adhesión que entrará en vigencia el primero de marzo de 2015. Pero además dejaron abierta la posibilidad de que se prorrogue automáticamente si es que el Poder Ejecutivo así lo desea. Ni siquiera la propia Cámara será consultada.
2) Se creará una comisión para estudiar factibilidades. ¿Por qué no se hizo al revés, realizando primero un estudio previo al que luego se hubieran adherido? Se puso el carro delante del caballo, como ironizó el siempre polémico legislador opositor Ariel García.
3) El peronista Marcelo Caponio hizo propios los argumentos del camarista federal, Ricardo Sanjuán. Este fue contundente sobre los inconvenientes de la Justicia federal para el manejo de este tema. Sin embargo, el fiscal federal Antonio Gómez -que fue llevado por el legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia- piensa distinto a Sanjuán. ¿No valía la pena detenerse a analizar estas dicotomías para buscar consensos?
4) ¿Qué dijo la Justicia provincial al respecto? También sobran las contradicciones, pero desde el oficialismo dicen que dicen que fue consultado el presidente de la Corte y estuvo de acuerdo. No hubo un pronunciamiento. Es cierto que conseguir consensos entre los vocales de la Corte es más difícil que lograr que José Alperovich reconozca fallas en su gestión. Sin embargo, un tema trascendental podía esperar dictámenes.
5) El proyecto oficialista ingresó a la Cámara el martes 4 del corriente, y el viernes siguiente se firmó el dictamen de comisión que habilitaba a tratar el tema en el recinto. Presidió el grupo parlamentario el flamante titular, José León, quien reemplazó a Gerónimo Vargas Aignasse. Aquel día éste andaba recorriendo la provincia con Sergio Massa de la mano. Como presidente de la comisión había llamado a una reunión para el lunes 10, pero ya había sido reemplazado y se habían tratado temas trascendentales. Es decir, no hubo tiempos para debates profundos ni para darle formalidad a la comisión que el oficialismo no quiere que la maneje un massista.
6) “El quilombo se lo compra la Provincia”, fue una de las frases que se escuchó en el recinto. Después el legislador alperovichista Sisto Terán pidió disculpas por el término. Sin embargo, estaba desnudando que se trata de un gran lío. Tamaño reconocimiento se hace con qué objetivo. El único justificativo y apuro del Gobierno provincial parece ser dar curso a lo que le pide -una vez más- la Nación. Primero hay que ser obsecuente y después pensar si le conviene o no a la Provincia.
7) La Policía provincial que se va a ocupar de atrapar a los dealers es exactamente la misma que el 9 y 10 de diciembre priorizó tanto sus bolsillos que fue incapaz de pensar que la sociedad estaba indefensa por su culpa, y que todo era un caos por su ambición. Justificada o no aquella postura hizo pelear a los tiros a los vecinos de Tucumán.
8) Entre los miembros de la Justicia que van a tener que administrar este tema están aquellos que son manejados a control remoto por el Ejecutivo. Son los mismos que no pudieron encontrar ni una pista después de la muerte de Paulina Lebbos o que mandaron a archivo lo que sea cuando el nombre propio era el de un funcionario alperovichista. Claro que en la vereda del frente también hay ejemplos espantosos como el que protagonizó el juez federal Norberto Oyarbide. Este se desgarró las vestiduras porque un hombre cercano a Carlos Zannini (el presidente virtual) le pidió que suspendiera una acción judicial. Lo curioso es que Oyarbide suspendió el allanamiento y no actuó con la independencia que parecía defender cuando contó el episodio. Fue un farsante. Y la Justicia mostró su cara más débil.
9) Es posible que los argumentos que encontraron los “sijosesistas” puedan germinar en tierra fértil. Más fiscales, más policías y el conocimiento de la sociedad podrían ayudar a que sean mejor las cosas. Las propias madres desesperadas reconocen no encontrar las respuestas que esperan en la Justicia federal. Sin embargo todo pierde su esencia cuando no hay confianza y, es eso precisamente lo que han logrado algunas instituciones del Estado. Es como la inflación. Nadie sabe lo que cuestan las cosas. Con la Policía, nadie está totalmente seguro, más aún después de los saqueos de diciembre.
El periodista que se cruzó con el padre desesperado debió advertirle que el gobierno provincial está más desorientado que él. Que aprobó una ley que no entrará en vigencia hasta dentro de mucho tiempo y que en realidad se hizo más por una necesidad política que por la urgencia de combatir la droga, quizás el problema más grave de la sociedad tucumana.
Tal vez los fondos que se destinarán (Alperovich calcula que son unos $ 200 millones, pero aún no se precisó de dónde saldrán) podrían servir para promover más lugares de rehabilitación y allí podría mandar a su hijo el hombre en cuestión.
Debilitamiento
En marzo de 2015 es posible que la cabeza de los hombres y mujeres de la política tucumana estén ocupados en otros temas. Estarán a sólo cuatro meses de los comicios. Si hoy lo que más desvela es saber si llegarán a ser candidatos, no es descabellado imaginar que el día en que debe entrar en vigencia la ley estén en campaña. Por lo tanto, la posibilidad de una prórroga no es alocada.
Esta semana Osvaldo Jaldo volvió a jurar fidelidad a su cargo -otra vez, ya lo había hecho en diciembre, pero dijo ser fiel a la función de diputado, algo que no fue- de ministro del Interior. En su discurso fue meloso con el matrimonio Alperovich. Alguna vez la fortaleza de Jaldo fue que se movía con independencia, algo que la mayoría de los principales referentes de la política comarcana no pueden hacer. Están presos de la voluntad alperovichista. Ese es el caso de Jaldo, de Juan Manzur y de los ministros obsecuentes. No ocurre lo mismo con los dirigentes intermedios que cuando miran el horizonte sabe que Alperovich ya no estará o por lo menos no empuñará la lapicera. Esto es lo que no termina de asimilar el gobernador que alguna vez creyó convertirse en el líder que no terminó siendo. Hasta su hija dejó el proyecto político y desarmó el Ateneo de la Militancia que supo cautivar a muchos seguidores. Tanto es el desencanto que la polémica Sarita Alperovich ni siquiera fue a la última cita de su agrupación.
Tiempos de cambio
La reforma del Código Penal llega al país en momentos inoportunos. Hay un gobierno nacional errante que se está yendo y que no define herederos. Por lo tanto, se ha vuelto débil a la hora de generar grandes transformaciones. Algo parecido ocurre en Tucumán. En estos días anduvo de visita Ricardo Rouvier porque asesorará a algunos candidatos del peronismo que no están en las marquesinas de la Casa de Gobierno. El sociólogo fue prudente al definir el momento por el que atraviesa la sociedad: “Tucumán está debatiéndose en estos momentos entre la continuidad y el cambio. Es necesario que los candidatos se planteen transmitir actitudes claras y una buena adecuación a lo que espera la sociedad de los políticos”.
El consejo es para el futuro, pero bien hubiera servido para las decisiones que se vienen tomando donde la palabra de uno es más importante que la preocupación de todos. Como si de verdad estuviera el carro delante del caballo.
Lo más popular
