Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 15 Febrero 2014
La tormenta está cerca. En realidad, viene acechando hace tiempo, pero empresarios y funcionarios hacen la vista gorda. La fuerza laboral tucumana se debilita frente a un creciente ejército de asalariados no registrados. Empleo en negro, en la jerga popular. Los controles oficiales no han sido tan eficientes para combatir una vieja práctica laboral. El justificativo de coyuntura suele ser el elevado costo de contratar personal. Pero eso no debe ser motivo para que un empleado no tenga la posibilidad de gozar, en el presente, de la cobertura de una obra social ni, en el futuro, el acceso a la jubilación.

El año que pasó se cerró con una casi nula generación de puestos, si se toma en cuenta las altas y bajas laborales fiscalizadas e informadas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las altas rozaron los 500 casos, cuando -en promedio- durante la década ganada habían sido de 6.000 casos. El desempleo en el Gran Tucumán-Tafí Viejo (que se informará el miércoles 19) puede sobrepasar el 4% (entre 12.000 y 13.000 casos), una tasa que iría en aumento en la comparación interanual.

La economía tucumana no ha llegado aún al nivel de destrucción de empleo. Pero hay indicios de que va hacia ese camino. El propio gobernador José Alperovich ha advertido, días pasados, que se vienen 90 días complicados para la economía. Y, por esa razón, alertó que hay que cuidar el empleo. Se sabe que el mandatario suele pensar en voz alta y, por eso, aquel vaticinio puede llegar a convertirse pronto en una profecía autocumplida.

La sensible baja en la producción de citrus es una mala noticia para el mercado laboral. La actividad del limón emplea a no menos de 30.000 obreros, y una cosecha con altibajos no hará más que expulsar a gran parte de esa fuerza laboral hacia la subocupación -en el mejor de los casos- o directamente al desempleo.

La devaluación ha puesto a los empresarios con los pelos de punta. La ingeniería financiera tiende a revisar los costos fijos y una de las variables de ajuste suele ser la dotación de personal. Hay empresas que han prescindido temporalmente de empleados; otras que han encarado un proceso de rotación de personal y de recambio, tratando de reducir la carga salarial. Y, finalmente, hay compañías que han encarado ya un diálogo directo con sus trabajadores para diseñar planes de contingencia para tiempos de crisis. Las paritarias se convertirán en el escenario de las negociaciones que irán mucho más allá del salario. Pero la inflación (ahora -en cierta medida- reconocida por el Gobierno nacional) se ha devorado el poder adquisitivo del asalariado. Aquellas negociaciones, sin embargo, no toman en cuenta a los asalariados no registrados que, en el caso de Tucumán, superan las 110.000 personas. La cifra puede llegar a crecer, advierten los expertos. Y, si todo sigue como hasta ahora, no es descabellado pensar que, en la medición del segundo trimestre de este año, la tasa de empleo en negro pueda trepar al 48% o al 49%. En otras palabras, uno de cada dos empleados estaría en negro. Una espantosa precariedad laboral.

Al tercer trimestre del año pasado, la fuerza laboral tucumana ascendía a 171.016 empleados. Son los registrados. Y el salario promedio de bolsillo fue, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), fue de $ 5.132, que se ubicó en el penúltimo puesto en el ranking nacional. Sólo supera al de un trabajador privado en blanco de Santiago del Estero que llegó a cobrar, en promedio, $ 5.069. Lo peor del caso es que esa no es la mala noticia. Ese ingreso medio tucumano apenas llegaría a cubrir los gastos mínimos mensuales de una familia tipo. Y siguen perdiendo la carrera ante la galopante inflación.

Comentarios