24 Enero 2014
Dos años y cinco meses después de que Mario Racedo, ex juez federal subrogante, procesara a Jorge Parache, ex juez federal N°1, y al abogado Daniel Martín, en la causa “Taranto”, la alzada se expidió y avaló lo resuelto respecto del ex magistrado. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán además declaró desierto el recurso de apelación que interpuso Martín. Según el tribunal, la defensa de ese imputado -a cargo de José Agustín Ferrari, que falleció a fines de 2013- omitió decir en qué lo agraviaba el auto de procesamiento de Racedo.
La sentencia del 10 de octubre pasado fue firmada por el magistrado catamarqueño Juan Carlos Reynaga, y los conjueces Adolfo Raúl Guzmán, Alicia Carranza y Marcelo Billone. El fallo da pie a la prosecución de la pesquisa abierta en 2006 junto a otras investigaciones de supuestas irregularidades en la tramitación de cautelares con títulos de la deuda pública detectadas en los dos juzgados federales de Tucumán (“Borquez”, la más avanzada de estas causas, tiene audiencias de probation y de juicio oral programadas para febrero).
En esos expedientes, el fiscal Carlos Brito consideró probado que los imputados pergeñaron la maniobra consistente en la adquisición de bonos en dólares pos default de 2001 con la intención de -cautelar mediante- exigir el pago como si los títulos hubiesen sido comprados antes de la cesación de pagos. En “Borquez”, ese supuesto ardid se quedó en tentativa; en “Taranto”, en cambio, fue consumado.
En el acto que confirmó el procesamiento de Parache en este segundo caso, la Cámara advirtió que el ex juez federal N°1 dictó todas las medidas -que permitieron concretar la maniobra mencionada- a sabiendas de su carácter ilegítimo. “El objeto fue lograr el cobro indebido de la suma de $ 1,3 millón con el consecuente perjuicio al Estado Nacional”, concluyó la alzada.
La Cámara detalló que, en esta investigación, los títulos fueron adquiridos una semana antes de que Martín, en su carácter de abogado de Antonio Vicente Taranto, entablase la demanda que exigió al erario que se abstuviese de pesificar los papeles (26 de octubre de 2004). “Surge de manera evidente que los títulos fueron comprados para promover una acción con el fin de obtener su pago en dólares, dando así inicio a la maniobra defraudatoria”, razonó el estrado. Y añadió: “esta maniobra fue posible merced a que en el trámite no se exigió a la actora que acreditara fechas y montos de tenencia de los títulos, pese a las advertencias realizadas al juez por parte de los representantes del Estado Nacional”.
El despropósito
Al momento de cuestionar el procesamiento, la defensa de Parache adujo que la medida cautelar -favorable a Taranto- tenía un efecto provisional. También subrayó que el ex juez la dictó condicionado por su carácter urgente, esto es, sin poder hacer un análisis profundo, y siguiendo la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones, que confirmó numerosos fallos como el impugnado. Los defensores Fernando Poviña y Hernán Frías Silva expresaron que, por la recarga de tareas que en 2004 soportaba el Juzgado Federal N°1, resultaba un despropósito pedir a su ex titular la corroboración de la edad de Taranto -fue fraguada- y de la fecha de adquisición de los títulos.
Los letrados de Parache sostuvieron que había prescripto la acción penal. Pero la Justicia hizo las cuentas y aseveró que no habían transcurrido aún seis años (plazo máximo de la pena del delito más grave imputado) desde que el procesado renunció a la magistratura (31 de mayo de 2007) hasta el llamado a prestar indagatoria (18 de agosto de 2010). Mientras Parache revistió la condición de funcionario público, la prescripción no corrió ni para él ni para los demás imputados en la misma pesquisa.
La sentencia del 10 de octubre pasado fue firmada por el magistrado catamarqueño Juan Carlos Reynaga, y los conjueces Adolfo Raúl Guzmán, Alicia Carranza y Marcelo Billone. El fallo da pie a la prosecución de la pesquisa abierta en 2006 junto a otras investigaciones de supuestas irregularidades en la tramitación de cautelares con títulos de la deuda pública detectadas en los dos juzgados federales de Tucumán (“Borquez”, la más avanzada de estas causas, tiene audiencias de probation y de juicio oral programadas para febrero).
En esos expedientes, el fiscal Carlos Brito consideró probado que los imputados pergeñaron la maniobra consistente en la adquisición de bonos en dólares pos default de 2001 con la intención de -cautelar mediante- exigir el pago como si los títulos hubiesen sido comprados antes de la cesación de pagos. En “Borquez”, ese supuesto ardid se quedó en tentativa; en “Taranto”, en cambio, fue consumado.
En el acto que confirmó el procesamiento de Parache en este segundo caso, la Cámara advirtió que el ex juez federal N°1 dictó todas las medidas -que permitieron concretar la maniobra mencionada- a sabiendas de su carácter ilegítimo. “El objeto fue lograr el cobro indebido de la suma de $ 1,3 millón con el consecuente perjuicio al Estado Nacional”, concluyó la alzada.
La Cámara detalló que, en esta investigación, los títulos fueron adquiridos una semana antes de que Martín, en su carácter de abogado de Antonio Vicente Taranto, entablase la demanda que exigió al erario que se abstuviese de pesificar los papeles (26 de octubre de 2004). “Surge de manera evidente que los títulos fueron comprados para promover una acción con el fin de obtener su pago en dólares, dando así inicio a la maniobra defraudatoria”, razonó el estrado. Y añadió: “esta maniobra fue posible merced a que en el trámite no se exigió a la actora que acreditara fechas y montos de tenencia de los títulos, pese a las advertencias realizadas al juez por parte de los representantes del Estado Nacional”.
El despropósito
Al momento de cuestionar el procesamiento, la defensa de Parache adujo que la medida cautelar -favorable a Taranto- tenía un efecto provisional. También subrayó que el ex juez la dictó condicionado por su carácter urgente, esto es, sin poder hacer un análisis profundo, y siguiendo la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones, que confirmó numerosos fallos como el impugnado. Los defensores Fernando Poviña y Hernán Frías Silva expresaron que, por la recarga de tareas que en 2004 soportaba el Juzgado Federal N°1, resultaba un despropósito pedir a su ex titular la corroboración de la edad de Taranto -fue fraguada- y de la fecha de adquisición de los títulos.
Los letrados de Parache sostuvieron que había prescripto la acción penal. Pero la Justicia hizo las cuentas y aseveró que no habían transcurrido aún seis años (plazo máximo de la pena del delito más grave imputado) desde que el procesado renunció a la magistratura (31 de mayo de 2007) hasta el llamado a prestar indagatoria (18 de agosto de 2010). Mientras Parache revistió la condición de funcionario público, la prescripción no corrió ni para él ni para los demás imputados en la misma pesquisa.
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