“El gobernador Alperovich no está en la lista negra del Frente Renovador”. ¿Qué significa esto? ¿Hay acaso una lista con nombres malditos, como el Índice de los Libros Prohibidos, en tiempos de la Inquisición Española? La frase es el encabezado textual salido de la boca de José Ignacio de Mendiguren, en la entrevista exclusiva con Irene Benito de LA GACETA. La periodista apuró al diputado massista, preguntándole si el FR recibiría en su regazo al zar de pago chico. De su respuesta se desprende que en la alianza hay una nómina negra. Interesante sería conocer sus nombres y apellidos, como el ADN político de cada segregado. Sergio Masa impuso, hacia dentro de la fuerza que timonea, un tope: no admitir a nadie con pasado de corrupción a sus espaldas.
Ése es, justamente, el lado flaco del gobernador; renquea de esa pata. Su gestión está barnizada por gravísimos hechos de esa naturaleza, con aval legislativo, aunque resulte increíble. En Tucumán existe una corrupción legislada, como sostiene Carlos Duguech. Y se podría agregar: institucionalizada con el beneplácito del mandamás. Son innúmeras las denuncias ante la Justicia y se considera a Alperovich el principal responsable. Si la investigación no avanzó hasta ahora, es simplemente por el blindaje de sus fueros y por el pánico que metió en los jueces de la aldea. Nunca se animaron a impulsar proceso alguno. Se explica: en menos de lo que canta un gallo podrían quedar en la aspereza de la calle, mediante procesos políticos amañados. Así también están amparados algunos de sus jerarcas, como el vicegobernador, Juan Manzur, actual ministro de Salud de Cristina.
Por ser quien es, De Mendiguren no puede desconocer tales antecedentes, ni tampoco que la re, re, reelección de Alperovich está muerta y sepultada, con una losa de cemento encima. Las expresiones soltadas al viento con total desparpajo por el siempre reciclado diputado -un itinerante pertinaz de la política y flotante dirigente empresarial-, no fueron felices. Ni dejan bien parado a Massa, por el huésped tucumano que podría recibir en su carpa.
Los dichos de De Mendiguren sonaron a miel en los tímpanos del zar. Significan, a futuro, el madero para el náufrago en la mar del que puede tomarse cuando Cristina vaya camino al ocaso, transfigurada en nostalgia. Si de algo éste se cuida, ahora, es de no sacar los pies del plato K. Conoce de antemano que del cielo podría caerle sólo fuego líquido, si tuviera la osadía de coquetear con Massa, Scioli, De la Sota o cualquier otro del desagrado de la reina Cristina. De enterarse la viuda de que anda en esas travesuras non sanctas -para ella imperdonables- los días estarían contados para el pecador. Recurriría, nadie dude, a una mortífera represalia: cortarle los víveres y sitiarlo por hambre y sed, hasta dejarlo exangüe por inanición.
Con sólo no remesar a tiempo las rupias para el pago de sueldos a los estatales, Alperovich tendría sofocones al por mayor, con gremios día y noche golpeándole los portales de la Casa de Gobierno, no para alabarlo, justamente. Ergo, ni dormido se le ocurriría movida alguna, ni señales a nadie. Camina por la cornisa cuidando cada paso, casi sin respirar, y mucho más en esta hora de su caída política. El funcionamiento del Estado tucumano está sujeto a la billetera de la Casa Rosada. Con este elemento persuasivo, Cristina arrodilla a los gerentes de provincia, látigo en mano, como antes lo hacía su difunto esposo. El método es el mismo: rendirse a sus pies o muerte civil.
Al fin, una buena noticia. Tucumán la necesitaba, y mucho. La Justicia, pese a que es una dama de ojos cerrados, aspira a ser el Poder más diáfano de la provincia. Alabada sea. La Corte Suprema acaba de disponer, de ahora en más, la difusión a través de la web de todas sus acordadas, a partir de febrero de 2011. Su objetivo es transparentar el movimiento de las causas en Tribunales. De este modo, los abogados, como litigantes, la prensa o cualquier otro curioso tendrán la posibilidad de conocer el curso de los expedientes que se tramitan, dónde se encuentran y qué avance tienen.
Con las actualizadas tecnologías, se pondrá fin al desbarajuste descomunal de la papelería judicial. Se dará cuenta de los nombramientos soslayando concursos, auditorías, ascensos y traslado de personal. Es de esperar que no se oculten las acordadas ultrasensibles. La gente podrá saber por qué la Corte quedó desierta, cuando todos los jueces se fueron de vacaciones al mismo tiempo.
Al tomar Antonio Gandur el timón de la Corte, dio el envión final a la iniciativa para garantizar la transparencia de sus actos. Contó con la adhesión de Claudia Sdbar y de Daniel Posse; en cambio, votaron por mantener el secretismo Antonio Estofán y René Goane. Gandur lanzó una frase que resonó fuerte hacia adentro del palacio: “Sin libertad de prensa, no hay democracia”.
Lo de la Corte es un ejemplo a imitar, y cuanto más pronto, mejor. La Legislatura podría hacer lo mismo, por contagio republicano, y acabar con las cuentas secretas en esa pata del aparato estatal. Por ser una parte indisoluble del Estado, precisamente, nada debe ocultar. Sin embargo, el presupuesto del Parlamento se maneja, desde hace una década, sin que se sepa qué se hace con los dineros del pueblo, ni cómo ni en qué se gastan, ni cuál es su destino. Desde esta columna se habló del dinero con cifras escalofriantes que recibe un hato de legisladores privilegiados. Nada aclaró el titular subrogante del cuerpo, Regino Amado. Mantiene un ocultamiento invulnerable. ¿Espera el Parlamento que alguien inicie juicio para saber qué hace con los rublos de la tucumanía?
Este año la Legislatura maneja 740 millones de pesos. De lo único que informa es el monto que demanda el funcionamiento de la Cámara y el de las dietas de los legisladores. El resto se resguarda bajo setenta llaves. Buena parte de ese dinero se filtra por el ítem “gastos sociales”. Estos se distribuyen discrecionalmente, con reserva absoluta. Amado, con asombroso desparpajo, no se mete mucho en la cuestión administrativa, dice. Él es el responsable N° 1 y no puede hacerse el distraído, porque asumió con todas las facultades del presidente.
Tiró la pelota al secretario administrativo, Juan Antonio Ruiz Olivares. Por sus manos pasa todo el dinero del Parlamento y él liquida “los gastos sociales” a la tropa oficialista y a la de la vereda de enfrente. Es una Legislatura con miembros millonarios. Con obstinación se niegan a hacer la declaración jurada de sus bienes. Más de uno no podría explicar su enriquecimiento meteórico. Amado podría embeberse con las palabras de Gandur, Sdbar y Posse, quienes, citando la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interarmericana de Derechos Humanos, señalan que es un derecho del ciudadano el acceso a la información en poder del Estado y que éstos están obligados a garantizar el ejercicio de ese derecho del pueblo. Los presidentes de las comisiones de abogados también expresaron su beneplácito por la medida tomada por la Corte.
Ante la retirada inexorable y cada vez más cerca, el gobierno nacional toma recaudos para cuidar la retaguardia de algunos de sus jerarcas, con el nombramiento de conjueces umbilicalmente atados al poder político. El caso más sonado es el de Martín Magram, abogado defensor de Amado Boudou, implicado en el caso Ciccone. Algo similar ocurrió en la aldea. Como regalo del cielo le cayó la designación a Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco y de su hija desaparecida Marita Verón.
Una sorpresa, no exenta de indignación, generó en la sociedad política y entre los togados, saber que el PE Nacional propuso como conjueces, para el fuero federal de la provincia, a profesionales vinculados, también aquí, al poder político. Era costumbre, hasta aquí, que tales jueces fueran designados a propuesta de los togados federales de cada jurisdicción. Cristina volteó esa modalidad de designación. Es llamativo el caso de Valentina García Salemi. Fue nombrada secretaria de la Procuraión General de la Nación para colaborar en casos de trata de personas que se tramitan en Tucumán. Sus funciones las desempeña en la fiscalía a cargo de Carlos Brito. En las alturas del poder nada se deja librado al azar.
La pelea judicial entre Alperovich y el camarista Alberto Piedrabuena se definió en favor de éste. Se negaba a otorgarle la jubilación que por ley le correspondía, porque era uno de los jueces que dictó la absolución colectiva de los imputados en el caso Marita Verón. Ante el fallo de la Corte y la tardanza del PE en acatarlo, los abogados Arnaldo Ahumada y Roberto Toledo estaban a punto de denunciar a Alperovich por desobediencia judicial. El zar arrugó y admitió la dimisión.
Ése es, justamente, el lado flaco del gobernador; renquea de esa pata. Su gestión está barnizada por gravísimos hechos de esa naturaleza, con aval legislativo, aunque resulte increíble. En Tucumán existe una corrupción legislada, como sostiene Carlos Duguech. Y se podría agregar: institucionalizada con el beneplácito del mandamás. Son innúmeras las denuncias ante la Justicia y se considera a Alperovich el principal responsable. Si la investigación no avanzó hasta ahora, es simplemente por el blindaje de sus fueros y por el pánico que metió en los jueces de la aldea. Nunca se animaron a impulsar proceso alguno. Se explica: en menos de lo que canta un gallo podrían quedar en la aspereza de la calle, mediante procesos políticos amañados. Así también están amparados algunos de sus jerarcas, como el vicegobernador, Juan Manzur, actual ministro de Salud de Cristina.
Por ser quien es, De Mendiguren no puede desconocer tales antecedentes, ni tampoco que la re, re, reelección de Alperovich está muerta y sepultada, con una losa de cemento encima. Las expresiones soltadas al viento con total desparpajo por el siempre reciclado diputado -un itinerante pertinaz de la política y flotante dirigente empresarial-, no fueron felices. Ni dejan bien parado a Massa, por el huésped tucumano que podría recibir en su carpa.
Los dichos de De Mendiguren sonaron a miel en los tímpanos del zar. Significan, a futuro, el madero para el náufrago en la mar del que puede tomarse cuando Cristina vaya camino al ocaso, transfigurada en nostalgia. Si de algo éste se cuida, ahora, es de no sacar los pies del plato K. Conoce de antemano que del cielo podría caerle sólo fuego líquido, si tuviera la osadía de coquetear con Massa, Scioli, De la Sota o cualquier otro del desagrado de la reina Cristina. De enterarse la viuda de que anda en esas travesuras non sanctas -para ella imperdonables- los días estarían contados para el pecador. Recurriría, nadie dude, a una mortífera represalia: cortarle los víveres y sitiarlo por hambre y sed, hasta dejarlo exangüe por inanición.
Con sólo no remesar a tiempo las rupias para el pago de sueldos a los estatales, Alperovich tendría sofocones al por mayor, con gremios día y noche golpeándole los portales de la Casa de Gobierno, no para alabarlo, justamente. Ergo, ni dormido se le ocurriría movida alguna, ni señales a nadie. Camina por la cornisa cuidando cada paso, casi sin respirar, y mucho más en esta hora de su caída política. El funcionamiento del Estado tucumano está sujeto a la billetera de la Casa Rosada. Con este elemento persuasivo, Cristina arrodilla a los gerentes de provincia, látigo en mano, como antes lo hacía su difunto esposo. El método es el mismo: rendirse a sus pies o muerte civil.
Al fin, una buena noticia. Tucumán la necesitaba, y mucho. La Justicia, pese a que es una dama de ojos cerrados, aspira a ser el Poder más diáfano de la provincia. Alabada sea. La Corte Suprema acaba de disponer, de ahora en más, la difusión a través de la web de todas sus acordadas, a partir de febrero de 2011. Su objetivo es transparentar el movimiento de las causas en Tribunales. De este modo, los abogados, como litigantes, la prensa o cualquier otro curioso tendrán la posibilidad de conocer el curso de los expedientes que se tramitan, dónde se encuentran y qué avance tienen.
Con las actualizadas tecnologías, se pondrá fin al desbarajuste descomunal de la papelería judicial. Se dará cuenta de los nombramientos soslayando concursos, auditorías, ascensos y traslado de personal. Es de esperar que no se oculten las acordadas ultrasensibles. La gente podrá saber por qué la Corte quedó desierta, cuando todos los jueces se fueron de vacaciones al mismo tiempo.
Al tomar Antonio Gandur el timón de la Corte, dio el envión final a la iniciativa para garantizar la transparencia de sus actos. Contó con la adhesión de Claudia Sdbar y de Daniel Posse; en cambio, votaron por mantener el secretismo Antonio Estofán y René Goane. Gandur lanzó una frase que resonó fuerte hacia adentro del palacio: “Sin libertad de prensa, no hay democracia”.
Lo de la Corte es un ejemplo a imitar, y cuanto más pronto, mejor. La Legislatura podría hacer lo mismo, por contagio republicano, y acabar con las cuentas secretas en esa pata del aparato estatal. Por ser una parte indisoluble del Estado, precisamente, nada debe ocultar. Sin embargo, el presupuesto del Parlamento se maneja, desde hace una década, sin que se sepa qué se hace con los dineros del pueblo, ni cómo ni en qué se gastan, ni cuál es su destino. Desde esta columna se habló del dinero con cifras escalofriantes que recibe un hato de legisladores privilegiados. Nada aclaró el titular subrogante del cuerpo, Regino Amado. Mantiene un ocultamiento invulnerable. ¿Espera el Parlamento que alguien inicie juicio para saber qué hace con los rublos de la tucumanía?
Este año la Legislatura maneja 740 millones de pesos. De lo único que informa es el monto que demanda el funcionamiento de la Cámara y el de las dietas de los legisladores. El resto se resguarda bajo setenta llaves. Buena parte de ese dinero se filtra por el ítem “gastos sociales”. Estos se distribuyen discrecionalmente, con reserva absoluta. Amado, con asombroso desparpajo, no se mete mucho en la cuestión administrativa, dice. Él es el responsable N° 1 y no puede hacerse el distraído, porque asumió con todas las facultades del presidente.
Tiró la pelota al secretario administrativo, Juan Antonio Ruiz Olivares. Por sus manos pasa todo el dinero del Parlamento y él liquida “los gastos sociales” a la tropa oficialista y a la de la vereda de enfrente. Es una Legislatura con miembros millonarios. Con obstinación se niegan a hacer la declaración jurada de sus bienes. Más de uno no podría explicar su enriquecimiento meteórico. Amado podría embeberse con las palabras de Gandur, Sdbar y Posse, quienes, citando la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interarmericana de Derechos Humanos, señalan que es un derecho del ciudadano el acceso a la información en poder del Estado y que éstos están obligados a garantizar el ejercicio de ese derecho del pueblo. Los presidentes de las comisiones de abogados también expresaron su beneplácito por la medida tomada por la Corte.
Ante la retirada inexorable y cada vez más cerca, el gobierno nacional toma recaudos para cuidar la retaguardia de algunos de sus jerarcas, con el nombramiento de conjueces umbilicalmente atados al poder político. El caso más sonado es el de Martín Magram, abogado defensor de Amado Boudou, implicado en el caso Ciccone. Algo similar ocurrió en la aldea. Como regalo del cielo le cayó la designación a Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco y de su hija desaparecida Marita Verón.
Una sorpresa, no exenta de indignación, generó en la sociedad política y entre los togados, saber que el PE Nacional propuso como conjueces, para el fuero federal de la provincia, a profesionales vinculados, también aquí, al poder político. Era costumbre, hasta aquí, que tales jueces fueran designados a propuesta de los togados federales de cada jurisdicción. Cristina volteó esa modalidad de designación. Es llamativo el caso de Valentina García Salemi. Fue nombrada secretaria de la Procuraión General de la Nación para colaborar en casos de trata de personas que se tramitan en Tucumán. Sus funciones las desempeña en la fiscalía a cargo de Carlos Brito. En las alturas del poder nada se deja librado al azar.
La pelea judicial entre Alperovich y el camarista Alberto Piedrabuena se definió en favor de éste. Se negaba a otorgarle la jubilación que por ley le correspondía, porque era uno de los jueces que dictó la absolución colectiva de los imputados en el caso Marita Verón. Ante el fallo de la Corte y la tardanza del PE en acatarlo, los abogados Arnaldo Ahumada y Roberto Toledo estaban a punto de denunciar a Alperovich por desobediencia judicial. El zar arrugó y admitió la dimisión.
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