21 Diciembre 2013 Seguir en 
La mayoría de las ciudades importantes cuenta con decálogo referido a su ordenamiento territorial y arquitectónico, de manera que su crecimiento se produzca en forma armónica. El Código de Planeamiento Urbano (CPU) cumple esa función reguladora. En San Miguel de Tucumán, suele sufrir violaciones a través de la figura de la “excepción” y por las transgresiones que cometen algunas empresas constructoras o ciudadanos.
En su sesión del jueves, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que permitirá la regularización de inmuebles ya construidos, cuyos dueños hayan infringido el CPU. La norma tendrá una vigencia de un año y expirará en diciembre próximo. Se especifica que para acogerse a la nueva reglamentación se deberá presentar en la Dirección de Catastro municipal la documentación técnica de la obra. Se la analizará y se decidirá si está en condiciones de regularizar su situación, previo pago de una multa, cuyo monto variará de acuerdo con la superficie del inmueble. Una vez que Catastro apruebe la documentación técnica, el expediente será girado a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, y finalmente será enviado al Concejo para su aprobación.
Según los ediles oficialistas, la iniciativa tiende a brindar una solución al propietario que no ha podido escriturar por hallarse en situación irregular. En referencia a las constructoras que transgreden con mucha frecuencia el CPU, un concejal alperovichista dijo: “Sabemos cuál es el modus operandi de estas empresas que estafan a la gente. Crean un fideicomiso y una administradora del consorcio y luego se desligan de la obra”. La norma fue objetada por dos pares de la UCR; observaron que la norma beneficiaría a los transgresores sistemáticos a quienes se debería haber excluido. “Pareciera ser que es más fácil construir de manera irregular y después pagar las multas. Se está desvirtuando una ordenanza que en principio era buena. Tampoco la ordenanza prevé crear una cuenta especial para que todo lo recaudado los cánones de regularización sean depositados en esa cuenta”, afirmó una concejala, mientras uno de sus pares de la bancada oficialista lanzó una temeraria afirmación: “Nunca más este Concejo Deliberante aprobará una excepción al Código del Planeamiento Urbano”.
El Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán, data de 1998, está contemplado en la ordenanza N° 2648. Su objetivo es regular la urbanización, es decir la ocupación, los usos, el fraccionamiento del suelo urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos y paisajísticos y todo otro aspecto que tenga relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la ciudad.
Las transgresiones al CPU desnudan la falta de control adecuada de los organismos municipales que deben ocuparse de este asunto. En pro de la transparencia, sería positivo que se investigara en el seno municipal quiénes fueron los funcionarios que permitieron estas irregularidades en los últimos años -en particular de constructoras-, cuyo modus operandi fue descrito por un edil en la sesión del jueves. Respecto de las excepciones al CPU, es el mismo Concejo el que aprueba estas violaciones. Si la autoridad controlara con eficiencia, aplicara rigurosamente la normativa y no la transgrediera, seguramente no harían falta ordenanzas como la que acaba de aprobarse. En buena hora, si esta iniciativa logra brindarles una solución a los vecinos y se hace realidad la arriesgada afirmación del edil.
En su sesión del jueves, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que permitirá la regularización de inmuebles ya construidos, cuyos dueños hayan infringido el CPU. La norma tendrá una vigencia de un año y expirará en diciembre próximo. Se especifica que para acogerse a la nueva reglamentación se deberá presentar en la Dirección de Catastro municipal la documentación técnica de la obra. Se la analizará y se decidirá si está en condiciones de regularizar su situación, previo pago de una multa, cuyo monto variará de acuerdo con la superficie del inmueble. Una vez que Catastro apruebe la documentación técnica, el expediente será girado a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, y finalmente será enviado al Concejo para su aprobación.
Según los ediles oficialistas, la iniciativa tiende a brindar una solución al propietario que no ha podido escriturar por hallarse en situación irregular. En referencia a las constructoras que transgreden con mucha frecuencia el CPU, un concejal alperovichista dijo: “Sabemos cuál es el modus operandi de estas empresas que estafan a la gente. Crean un fideicomiso y una administradora del consorcio y luego se desligan de la obra”. La norma fue objetada por dos pares de la UCR; observaron que la norma beneficiaría a los transgresores sistemáticos a quienes se debería haber excluido. “Pareciera ser que es más fácil construir de manera irregular y después pagar las multas. Se está desvirtuando una ordenanza que en principio era buena. Tampoco la ordenanza prevé crear una cuenta especial para que todo lo recaudado los cánones de regularización sean depositados en esa cuenta”, afirmó una concejala, mientras uno de sus pares de la bancada oficialista lanzó una temeraria afirmación: “Nunca más este Concejo Deliberante aprobará una excepción al Código del Planeamiento Urbano”.
El Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán, data de 1998, está contemplado en la ordenanza N° 2648. Su objetivo es regular la urbanización, es decir la ocupación, los usos, el fraccionamiento del suelo urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos y paisajísticos y todo otro aspecto que tenga relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la ciudad.
Las transgresiones al CPU desnudan la falta de control adecuada de los organismos municipales que deben ocuparse de este asunto. En pro de la transparencia, sería positivo que se investigara en el seno municipal quiénes fueron los funcionarios que permitieron estas irregularidades en los últimos años -en particular de constructoras-, cuyo modus operandi fue descrito por un edil en la sesión del jueves. Respecto de las excepciones al CPU, es el mismo Concejo el que aprueba estas violaciones. Si la autoridad controlara con eficiencia, aplicara rigurosamente la normativa y no la transgrediera, seguramente no harían falta ordenanzas como la que acaba de aprobarse. En buena hora, si esta iniciativa logra brindarles una solución a los vecinos y se hace realidad la arriesgada afirmación del edil.
Lo más popular
