18 Noviembre 2013
Una denuncia por inhabilidad moral habría motivado un despido en el Concejo Deliberante de Las Talitas. El ex edil Martín Julio Ramírez había presentado una nota al cuerpo, por la que solicitaba la remoción del cargo del concejal alperovichista Néstor Alfredo Barrera. Argumentaba que este había incluido a su esposa, Pilar de los Ángeles Villagrán, entre los beneficiarios de un plan social por $ 750. El escrito fue rechazado el jueves por el presidente del Concejo, Carlos Najar, debido a cuestiones de forma. Pero la cosa no quedó allí: Barrera decidió prescindir de los servicios del padre de Ramírez, que formaba parte de su personal de bloque.
El trámite
El ex edil había presentado la nota por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante el jueves 31 de octubre. El lunes 4 de este mes -dos días hábiles después-, Najar firmó el decreto que da por concluida la tarea de Martín Alberto Ramírez, padre del denunciante.
Najar, hermano de la legisladora Adriana Najar y cuñado del intendente talitense Luis Morghenstein, explicó que él no tiene que ver ni con las designaciones ni con los ceses de prestación de servicios de los empleados de los bloques.
"La decisión sobre las altas y las bajas las toma cada concejal. Se trata de personal que se desempeña bajo la órbita de cada bloque. El presidente -en este caso, yo- simplemente pone a conocimiento del cuerpo, para que se realicen las cuestiones administrativas necesarias, porque esta gente cobra su sueldo en blanco", explicó a LA GACETA. Y si bien no se pronunció sobre la baja de Ramírez, sugirió que podría tratarse de una cuestión de confianza entre el edil y sus empleados. "La decisión la toma cada concejal. Cada uno tiene dos empleados; ellos nombrarán al que pueda cumplir esas funciones, dentro de su gente de confianza", conjeturó el concejal.
Julio Ramírez prometió que no se quedará de brazos cruzados. "Hablaré con mi abogado (Gustavo Morales); seguramente iremos al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), porque esto es una clara discriminación contra mi padre", manifestó.
Ramírez -con el patrocinio letrado de Gustavo Morales- había solicitado la remoción de Barrera, por presunta inhabilidad moral. Para fundamentar su acusación y el pedido de expulsión, adjuntó a la denuncia documentación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de la Red de Servicios de Empleo, en las que consta que Villagrán percibe un beneficio social desde abril de 2012, y que este alcanza actualmente la suma de $ 750.
Había basado su pedido en la Ley N° 5.529 (Orgánica de Municipalidades), que confiere a los Concejos la potestad de remover a sus miembros por inhabilidad moral, entre otros.
El trámite
El ex edil había presentado la nota por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante el jueves 31 de octubre. El lunes 4 de este mes -dos días hábiles después-, Najar firmó el decreto que da por concluida la tarea de Martín Alberto Ramírez, padre del denunciante.
Najar, hermano de la legisladora Adriana Najar y cuñado del intendente talitense Luis Morghenstein, explicó que él no tiene que ver ni con las designaciones ni con los ceses de prestación de servicios de los empleados de los bloques.
"La decisión sobre las altas y las bajas las toma cada concejal. Se trata de personal que se desempeña bajo la órbita de cada bloque. El presidente -en este caso, yo- simplemente pone a conocimiento del cuerpo, para que se realicen las cuestiones administrativas necesarias, porque esta gente cobra su sueldo en blanco", explicó a LA GACETA. Y si bien no se pronunció sobre la baja de Ramírez, sugirió que podría tratarse de una cuestión de confianza entre el edil y sus empleados. "La decisión la toma cada concejal. Cada uno tiene dos empleados; ellos nombrarán al que pueda cumplir esas funciones, dentro de su gente de confianza", conjeturó el concejal.
Julio Ramírez prometió que no se quedará de brazos cruzados. "Hablaré con mi abogado (Gustavo Morales); seguramente iremos al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), porque esto es una clara discriminación contra mi padre", manifestó.
Ramírez -con el patrocinio letrado de Gustavo Morales- había solicitado la remoción de Barrera, por presunta inhabilidad moral. Para fundamentar su acusación y el pedido de expulsión, adjuntó a la denuncia documentación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de la Red de Servicios de Empleo, en las que consta que Villagrán percibe un beneficio social desde abril de 2012, y que este alcanza actualmente la suma de $ 750.
Había basado su pedido en la Ley N° 5.529 (Orgánica de Municipalidades), que confiere a los Concejos la potestad de remover a sus miembros por inhabilidad moral, entre otros.
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