12 Noviembre 2013
DURAS DECLARACIONES. El rector dejó entrever su enojo. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Primero mencionó que no haría declaraciones y luego, dejó entrever su enojo. El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, se refirió ayer a la denuncia penal en la Justicia Federal que impulsaron en su contra alumnos del programa Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM). "Ahora es algo personalizado. Yo sabré responder la denuncia y oportunamente también sabré iniciar las acciones correspondientes por daño, perjuicios, lesiones morales y lo que me corresponda", adelantó.
Los denunciantes sospechan que las autoridades de la casa de estudios habrían efectuado un pago irregular de una comisión inmobiliaria, después de compra del inmueble de Muñecas 436 (allí debían dictarse los cursos). Para abonar ese dinero, según la presentación, se habrían utilizado fondos provenientes de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).
El Ministerio Público informó ayer que tramitará la causa ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Fernando Poviña (h). En los primeros actos judiciales había intervenido Daniel Bejas, juez federal N°1, en reemplazo de Poviña. La Justicia Federal no delegó la investigación al Ministerio Público, que en esta causa sólo propondrá medidas de prueba. La semana pasada, el fiscal Carlos Brito pidió al estrado que requiera a la UNT una serie de papeles vinculados a la administración de fondos del EPAM y a la compra del inmueble.
Las diferencias entre el alumnado y las autoridades comenzaron cuando trascendió que había una deuda por alquileres vencidos del local original, en la calle Virgen de la Merced 417 (ex Rivadavia). En abril, el Rectorado dispuso el traslado de la sede a la ex central termoeléctrica de Agua y Energía (Sarmiento al 1.000). Los abuelos rechazaron el cambio porque denunciaron que el edificio estaba lejos y era peligroso.
El enojo aumentó cuando LA GACETA publicó que, en 2009, Cerisola había aprobado la compra directa por U$S 1,17 millón del local de la calle Muñecas para el EPAM. Este, sin embargo, fue destinado a la facultad de Derecho.
Respuesta a Gandur
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y profesor consulto de la UNT, Antonio Gandur, se había involucrado en la problemática. A principios de mes envió una nota a la vicerrectora, Alicia Bardón, para que la cuestión "EPAM" sea tratada por la Comisión Honoraria del Centenario de la UNT, de la que Gandur es miembro ad hoc.
Bardón confirmó ayer que respondió la misiva: "le di garantías de que se va a hacer". La reunión, en la que se abordarán también iniciativas con vistas a la celebración, se concretará mañana.
"Tenemos la obligación de cooperar, no sólo al mantenimiento y pervivencia del programa EPAM, sino también para que ello se concrete de un modo que resulte compatible con adecuadas condiciones de dignidad", había instado el magistrado en su nota.
Los denunciantes sospechan que las autoridades de la casa de estudios habrían efectuado un pago irregular de una comisión inmobiliaria, después de compra del inmueble de Muñecas 436 (allí debían dictarse los cursos). Para abonar ese dinero, según la presentación, se habrían utilizado fondos provenientes de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).
El Ministerio Público informó ayer que tramitará la causa ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Fernando Poviña (h). En los primeros actos judiciales había intervenido Daniel Bejas, juez federal N°1, en reemplazo de Poviña. La Justicia Federal no delegó la investigación al Ministerio Público, que en esta causa sólo propondrá medidas de prueba. La semana pasada, el fiscal Carlos Brito pidió al estrado que requiera a la UNT una serie de papeles vinculados a la administración de fondos del EPAM y a la compra del inmueble.
Las diferencias entre el alumnado y las autoridades comenzaron cuando trascendió que había una deuda por alquileres vencidos del local original, en la calle Virgen de la Merced 417 (ex Rivadavia). En abril, el Rectorado dispuso el traslado de la sede a la ex central termoeléctrica de Agua y Energía (Sarmiento al 1.000). Los abuelos rechazaron el cambio porque denunciaron que el edificio estaba lejos y era peligroso.
El enojo aumentó cuando LA GACETA publicó que, en 2009, Cerisola había aprobado la compra directa por U$S 1,17 millón del local de la calle Muñecas para el EPAM. Este, sin embargo, fue destinado a la facultad de Derecho.
Respuesta a Gandur
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y profesor consulto de la UNT, Antonio Gandur, se había involucrado en la problemática. A principios de mes envió una nota a la vicerrectora, Alicia Bardón, para que la cuestión "EPAM" sea tratada por la Comisión Honoraria del Centenario de la UNT, de la que Gandur es miembro ad hoc.
Bardón confirmó ayer que respondió la misiva: "le di garantías de que se va a hacer". La reunión, en la que se abordarán también iniciativas con vistas a la celebración, se concretará mañana.
"Tenemos la obligación de cooperar, no sólo al mantenimiento y pervivencia del programa EPAM, sino también para que ello se concrete de un modo que resulte compatible con adecuadas condiciones de dignidad", había instado el magistrado en su nota.
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