01 Septiembre 2013 Seguir en 
Corromper a alguien con dádivas para conseguir de él algo, es una de las acciones que más se repiten a diario en la geografía argentina. Soborno, cohecho, corrupción, extorsión son sinónimos, pero el término más popular es coima, especialmente en Tucumán, donde parece haber prendido con fuerza. En las últimas semanas, por lo menos cuatro episodios (de los denunciados) que involucraron a policías y a inspectores municipales, tomaron estado público.
El 25 de julio pasado, un agricultor chaqueño que viajaba con su hija y un amigo, fueron interceptados por un control policial donde le pidieron una coima de $ 30.000. Como no tenían ese dinero, los llevaron a la sede de la Brigada, en Yerba Buena. El episodio derivó en un escándalo que generó una rotación en los cargos de seis jefes policiales. El juez dictó la prisión preventiva para 10 policías de la Brigada Norte acusados de privación ilegítima de la libertad, entre los que se encuentra el jefe; fueron trasladados a la cárcel de Villa Urquiza.
"Pusieron los cepos y después colocaron los carteles de prohibido estacionar" se tituló nuestra crónica del 22/8, en la que un lector denunció que a varios autos estacionados supuestamente en una zona permitida, les habían colocado el cepo. El hecho había sucedido en el pasaje 2 de Abril, entre Las Piedras y General Paz. "Tras comprobar esto, el hombre -que trabaja en la zona desde hace años- se dirigió, junto a los cuidadores, hasta los agentes que custodiaban la acera para pedirles explicaciones. 'De manera respetuosa, los chicos preguntaron por qué estaban poniéndoles la traba a los coches, ya que no había carteles indicadores. En ese momento, uno de los municipales sacó del camión dos carteles y empezaron a colocarlos, ya con los autos con sus respectivas multas", señalaba la crónica. El 29/8, LA GACETA publicó: "Detienen a dos policías acusados de privación ilegítima de la libertad. Según la denuncia, los agentes apresaron ilegalmente a dos jóvenes y los obligaron a sacar dinero de un cajero para permitirles salir. Y ese mismo día, publicamos: "No competirá más en Tucumán porque le pidieron una coima. Una biker de Santa María relató cómo dos agentes de Tránsito le cobraron $ 500 para sacarle el cepo". El episodio había ocurrido el sábado 17, las 8.30, en Ayacucho y Las Piedras cuando la deportista y su familia estaban cargando equipaje en el auto.
En 2010, LA GACETA.com efectuó un sondeo sobre el comportamiento de los tucumanos al volante, en el que participó más de un millar de internautas. El 80,6% señaló que era muy fácil evitar una multa pagando una coima. A la hora de evaluar a los inspectores, un 86,5% opinó que eran deshonestos, un 10,7% dijo que eran autoritarios y sólo un 2,7 % afirmó que eran correctos. En julio pasado, se divulgó un informe de Transparencia Internacional en América que colocaba a la Argentina en primer lugar en la percepción del aumento de la corrupción con un 72%, seguida de México con 71%.
La frase "Hecha la ley, hecha la trampa" pinta un aspecto de nuestra idiosincrasia. Tal vez sea esa la razón por la que la sociedad suele tolerar esta vil acción y la fomenta a sabiendas que es ilegal. La Justicia y los gobernantes deben garantizar la transparencia y castigar las transgresiones, lo cual no siempre ocurre. Por ejemplo, la investigación de los supuestos casos de corrupción en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y en el Sutrappa no han avanzado sin que haya habido una explicación. La corrupción que se combate con educación, con la aplicación de la ley y con servidores del pueblo probos. Con esa medicina, posiblemente los tucumanos logremos mitigar con el tiempo el vergonzoso mote de coimeros.
El 25 de julio pasado, un agricultor chaqueño que viajaba con su hija y un amigo, fueron interceptados por un control policial donde le pidieron una coima de $ 30.000. Como no tenían ese dinero, los llevaron a la sede de la Brigada, en Yerba Buena. El episodio derivó en un escándalo que generó una rotación en los cargos de seis jefes policiales. El juez dictó la prisión preventiva para 10 policías de la Brigada Norte acusados de privación ilegítima de la libertad, entre los que se encuentra el jefe; fueron trasladados a la cárcel de Villa Urquiza.
"Pusieron los cepos y después colocaron los carteles de prohibido estacionar" se tituló nuestra crónica del 22/8, en la que un lector denunció que a varios autos estacionados supuestamente en una zona permitida, les habían colocado el cepo. El hecho había sucedido en el pasaje 2 de Abril, entre Las Piedras y General Paz. "Tras comprobar esto, el hombre -que trabaja en la zona desde hace años- se dirigió, junto a los cuidadores, hasta los agentes que custodiaban la acera para pedirles explicaciones. 'De manera respetuosa, los chicos preguntaron por qué estaban poniéndoles la traba a los coches, ya que no había carteles indicadores. En ese momento, uno de los municipales sacó del camión dos carteles y empezaron a colocarlos, ya con los autos con sus respectivas multas", señalaba la crónica. El 29/8, LA GACETA publicó: "Detienen a dos policías acusados de privación ilegítima de la libertad. Según la denuncia, los agentes apresaron ilegalmente a dos jóvenes y los obligaron a sacar dinero de un cajero para permitirles salir. Y ese mismo día, publicamos: "No competirá más en Tucumán porque le pidieron una coima. Una biker de Santa María relató cómo dos agentes de Tránsito le cobraron $ 500 para sacarle el cepo". El episodio había ocurrido el sábado 17, las 8.30, en Ayacucho y Las Piedras cuando la deportista y su familia estaban cargando equipaje en el auto.
En 2010, LA GACETA.com efectuó un sondeo sobre el comportamiento de los tucumanos al volante, en el que participó más de un millar de internautas. El 80,6% señaló que era muy fácil evitar una multa pagando una coima. A la hora de evaluar a los inspectores, un 86,5% opinó que eran deshonestos, un 10,7% dijo que eran autoritarios y sólo un 2,7 % afirmó que eran correctos. En julio pasado, se divulgó un informe de Transparencia Internacional en América que colocaba a la Argentina en primer lugar en la percepción del aumento de la corrupción con un 72%, seguida de México con 71%.
La frase "Hecha la ley, hecha la trampa" pinta un aspecto de nuestra idiosincrasia. Tal vez sea esa la razón por la que la sociedad suele tolerar esta vil acción y la fomenta a sabiendas que es ilegal. La Justicia y los gobernantes deben garantizar la transparencia y castigar las transgresiones, lo cual no siempre ocurre. Por ejemplo, la investigación de los supuestos casos de corrupción en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y en el Sutrappa no han avanzado sin que haya habido una explicación. La corrupción que se combate con educación, con la aplicación de la ley y con servidores del pueblo probos. Con esa medicina, posiblemente los tucumanos logremos mitigar con el tiempo el vergonzoso mote de coimeros.
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