31 Agosto 2013
El concejal de Yerba Buena, Pedro Albornoz Piossek, presentó ayer una denuncia penal en contra de la empresa Marm Group, encargada de colocar los cepos a los vehículos en infracción. El edil cuestionó que, en el contrato de concesión del servicio, la Municipalidad de Yerba Buena se comprometa a abonar a la firma una suma millonaria cuando caduque el contrato.
"Es preocupante el contrato que firmó el Concejo de la gestión anterior, mediante el que beneficia exclusivamente a esta empresa y perjudica al municipio, no sólo en el porcentaje que debería ingresar a las arcas municipales, sino también en una peligrosísima cláusula de rescisión en donde aquellos concejales -sin explicación razonable- le garantizan a la empresa una indemnización equivalente al total de lo facturado desde el primer día de contrato", cuestionó el representante vecinal.
Al ser consultado sobre el tenor de la denuncia penal, Albornoz Piossek explicó: "es una denuncia penal por los posibles delitos de asociación ilícita, defraudación, abuso de autoridad en contra de los socios gerentes de la empresa Marm Group y de quienes resulten responsables de un perjuicio a los vecinos de la ciudad".
"Hace meses que intento obtener información de dicha empresa con cartas documento que nunca contestaron, incluido un pedido de informe que presenté en el Concejo Deliberante y no fue tratado. Para que se entienda: si dentro de siete años se le anula el contrato a la empresa el municipio debería abonarle $ 81 millones", concluyó.
"Es preocupante el contrato que firmó el Concejo de la gestión anterior, mediante el que beneficia exclusivamente a esta empresa y perjudica al municipio, no sólo en el porcentaje que debería ingresar a las arcas municipales, sino también en una peligrosísima cláusula de rescisión en donde aquellos concejales -sin explicación razonable- le garantizan a la empresa una indemnización equivalente al total de lo facturado desde el primer día de contrato", cuestionó el representante vecinal.
Al ser consultado sobre el tenor de la denuncia penal, Albornoz Piossek explicó: "es una denuncia penal por los posibles delitos de asociación ilícita, defraudación, abuso de autoridad en contra de los socios gerentes de la empresa Marm Group y de quienes resulten responsables de un perjuicio a los vecinos de la ciudad".
"Hace meses que intento obtener información de dicha empresa con cartas documento que nunca contestaron, incluido un pedido de informe que presenté en el Concejo Deliberante y no fue tratado. Para que se entienda: si dentro de siete años se le anula el contrato a la empresa el municipio debería abonarle $ 81 millones", concluyó.
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