15 Agosto 2013
El "sí" del PE al juez Herrera Molina pone en la mira el caso de Piedrabuena
Garmendia, abogado de Trimarco, insistió en que el gobernador puede rechazar renuncias condicionadas. "La aceptación de las dimisiones de jueces es la solución legal adecuada", dijo García Posse, titular del Colegio de Abogados
JUEZ DIMITENTE. Piedrabuena con los manifestantes que en abril repudiaron la destitución que pidió Trimarco. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
La tensión cesó respecto de Emilio Herrera Molina, vocal de la Sala II de la Cámara Penal, pero persiste respecto de Alberto Piedrabuena, uno de sus compañeros de tribunal. E, incluso, se ha intensificado tras la decisión del gobernador José Alperovich de aceptar la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación del primer magistrado.
A diferencia de aquel, que acreditó padecer un cáncer de próstata, Piedrabuena goza de buena salud. La distinción es esencial, puesto que el Poder Ejecutivo (PE) liberó a Herrera Molina de la magistratura -y del proceso de remoción impulsado por Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón- invocando expresamente la cuestión de la enfermedad.
Herrera Molina dimitió el 26 de diciembre; Piedrabuena, el 24 de abril. El Gobierno procedió a rechazar -por separado- ambas renuncias con el argumento de que pesaba sobre esos magistrados (y sobre su par Eduardo Romero Lascano) el pedido de destitución que formuló Trimarco tras el fallo de la Sala II de la Cámara Penal que absolvió a los 13 acusados de secuestrar y prostituir a "Marita" (la Justicia detuvo provisoriamente el proceso de remoción; en paralelo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán -CSJT- se dispone a pronunciarse sobre la sentencia absolutoria).
Tanto Herrera Molina como Piedrabuena pidieron amparo a los Tribunales. En marzo, el primero logró que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Rodolfo Novillo, Ebe López Piossek y Carlos Giovanniello -en disidencia parcial-) anule el decreto del PE que le denegó la renuncia; el lunes, la CSJT confirmó esa solución. Piedrabuena obtuvo lo propio en virtud de un fallo de julio de la Sala I de la Cámara Contenciosa (Salvador Ruiz y Novillo), que estaría listo para ser revisado por la Corte.
"Juez de la impunidad"
"Hay que ver qué hace el alto tribunal con Piedrabuena porque él está sano. El gobernador tiene derecho a rechazar la renuncia condicionada (al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil). Es entendible desde el punto de vista humanitario que Herrera Molina se jubile si está muy enfermo, pero eso no implica que no pensemos que es un juez de la impunidad", opinó ayer Carlos Garmendia, abogado de Trimarco. Y añadió: "si Piedrabuena no quiere ir al juicio político, que renuncie incondicionalmente. La defensa de los jueces politizó la cuestión dejándonos a nosotros como unos imbéciles que atacamos la independencia judicial cuando sabemos que el tribunal tuvo pruebas para condenar (a los acusados del caso 'Verón') y no lo hizo".
El PE ha de aceptar siempre la renuncia de los magistrados, según Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital. "Es la solución legal adecuada, el proceder que satisface a las instituciones no tan solo en el caso de Herrera Molina, que era especial por su afección, sino también en el de Piedrabuena", expresó.
El criterio de García Posse fue suscrito por Romero Lascano, el único de los tres jueces del caso "Verón" que no está en condiciones de jubilarse. "La Ley 8.199 manda aceptar la renuncia en el acto. ¿Para qué entrar en la intimidad del estado de salud? Me alegra que Emilio pueda acceder a la jubilación. No correspondía que enfrente semejante estrés estando tan enfermo y siendo tan clara la normativa. Es un tema que debió haber sido cerrado hace mucho tiempo", acotó.
Piedrabuena recordó que Herrera Molina pudo retirarse antes del juicio del caso "Verón" y que optó por esperar para no complicar más el proceso. A la hora de reflexionar sobre su caso, el magistrado renunciante eligió la moderación: "los hechos no me permiten saber qué hará el Gobierno conmigo. Cumplo con todos los requisitos para jubilarme, así que seguiré luchando".
A diferencia de aquel, que acreditó padecer un cáncer de próstata, Piedrabuena goza de buena salud. La distinción es esencial, puesto que el Poder Ejecutivo (PE) liberó a Herrera Molina de la magistratura -y del proceso de remoción impulsado por Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón- invocando expresamente la cuestión de la enfermedad.
Herrera Molina dimitió el 26 de diciembre; Piedrabuena, el 24 de abril. El Gobierno procedió a rechazar -por separado- ambas renuncias con el argumento de que pesaba sobre esos magistrados (y sobre su par Eduardo Romero Lascano) el pedido de destitución que formuló Trimarco tras el fallo de la Sala II de la Cámara Penal que absolvió a los 13 acusados de secuestrar y prostituir a "Marita" (la Justicia detuvo provisoriamente el proceso de remoción; en paralelo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán -CSJT- se dispone a pronunciarse sobre la sentencia absolutoria).
Tanto Herrera Molina como Piedrabuena pidieron amparo a los Tribunales. En marzo, el primero logró que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Rodolfo Novillo, Ebe López Piossek y Carlos Giovanniello -en disidencia parcial-) anule el decreto del PE que le denegó la renuncia; el lunes, la CSJT confirmó esa solución. Piedrabuena obtuvo lo propio en virtud de un fallo de julio de la Sala I de la Cámara Contenciosa (Salvador Ruiz y Novillo), que estaría listo para ser revisado por la Corte.
"Juez de la impunidad"
"Hay que ver qué hace el alto tribunal con Piedrabuena porque él está sano. El gobernador tiene derecho a rechazar la renuncia condicionada (al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil). Es entendible desde el punto de vista humanitario que Herrera Molina se jubile si está muy enfermo, pero eso no implica que no pensemos que es un juez de la impunidad", opinó ayer Carlos Garmendia, abogado de Trimarco. Y añadió: "si Piedrabuena no quiere ir al juicio político, que renuncie incondicionalmente. La defensa de los jueces politizó la cuestión dejándonos a nosotros como unos imbéciles que atacamos la independencia judicial cuando sabemos que el tribunal tuvo pruebas para condenar (a los acusados del caso 'Verón') y no lo hizo".
El PE ha de aceptar siempre la renuncia de los magistrados, según Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital. "Es la solución legal adecuada, el proceder que satisface a las instituciones no tan solo en el caso de Herrera Molina, que era especial por su afección, sino también en el de Piedrabuena", expresó.
El criterio de García Posse fue suscrito por Romero Lascano, el único de los tres jueces del caso "Verón" que no está en condiciones de jubilarse. "La Ley 8.199 manda aceptar la renuncia en el acto. ¿Para qué entrar en la intimidad del estado de salud? Me alegra que Emilio pueda acceder a la jubilación. No correspondía que enfrente semejante estrés estando tan enfermo y siendo tan clara la normativa. Es un tema que debió haber sido cerrado hace mucho tiempo", acotó.
Piedrabuena recordó que Herrera Molina pudo retirarse antes del juicio del caso "Verón" y que optó por esperar para no complicar más el proceso. A la hora de reflexionar sobre su caso, el magistrado renunciante eligió la moderación: "los hechos no me permiten saber qué hará el Gobierno conmigo. Cumplo con todos los requisitos para jubilarme, así que seguiré luchando".
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