Resignada a perder votos, pero no el poder

Por Hugo Grimaldi - Agencia DYN

14 Julio 2013
H ipótesis. Cierto día de 2014, las dos cámaras del Congreso podrían consagrar la necesidad de plantear una reforma constitucional con la simple mayoría de sus miembros de ese momento, kirchneristas, aliados y eventuales advenedizos. La oposición de todo pelaje y color patalearía, pero hasta podría sentir la conciencia tranquila por haber cumplido con su promesa de votar en contra y ni siquiera los escribanos podrían hacerle cargos a ningún legislador. En su artículo 30, la Constitución dice otra cosa diferente sobre el modo de declarar la necesidad de una reforma. "Con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros", dice con cierta ambigüedad, aunque la doctrina y hasta la presidenta, Cristina Kirchner, sostienen que deben ser dos tercios de los miembros de cada cámara. Por derecha, el número necesario será inalcanzable, aunque al oficialismo le vaya medianamente bien en octubre.

Si una norma de esa envergadura llegara a pasar el filtro del Congreso, cuando se convoque a elecciones para elegir a convencionales, la Justicia debería tratar la cuestión de la constitucionalidad instancia por instancia, hasta llegar al último de los escalones, la Corte Suprema que, se presume, voltearía el intento sin más trámite. Pero, si una ley previa del tenor de la que agitó el senador neuquino Marcelo Fuentes, aprobada también por las mayorías que sepa aglutinar el kirchnerismo, hubiese habilitado a un Tribunal Constitucional para que interprete la democracia por encima de la Corte y bajo la óptica que sustenta el Gobierno sobre la razón que tendrían siempre los representantes del pueblo por haber sido votados alguna vez, entonces la reforma y una eventual re-reelección serían imparables.

Fuentes sabe que antes de llegar a este hipotético paso, el eventual proyecto debería sortear su propio problema de inconstitucionalidad, pero está trabajando para encontrar vericuetos que le permitan avanzar en el tema. "¿Cómo se puede crear un tribunal así en el marco constitucional vigente? Hay que ser un animal para hacer eso", suele irritarse. Nadie puede creer que por su acentuado pedigrí ultrakirchnerista, en su caso particular del tipo de los furiosos, el senador haya dicho lo que dijo sin alguna venia previa de Olivos.

En cuanto a las formas, al propio kirchnerismo o no le importa o bien desea que sea de esa manera, porque cuando avanza deja atrás tierra arrasada. Quizás no lo percibe o no le interesa, pero cuánto más se enreda en sus propias trampas más complica la solución de los problemas, aún los cotidianos del grueso de la gente, pero avanza siempre.

En esa línea, la Presidenta ha decidido seguir una estrategia de franca radicalización para mantener firme a su núcleo duro, sobre todo a los militantes más jóvenes, a quienes seduce a diario con la zanahoria del trasvasamiento generacional. De ahora en más, aunque Cristina afirme que no quiere ser "eterna", lo más probable es que endurezca a como diere lugar sus dos últimos años de mandato, ya que no quiere ser "pato rengo" de aquí hasta 2015: perderá votos, pero no perderá poder. En este aspecto, el nombramiento del general César Milani al frente del Ejército, un experto de la inteligencia militar, le ha producido escozor a más de cuatro, que observan con preocupación el nombramiento y asimilan el caso a Venezuela. Sin embargo, por ahora, el todoterreno Guillermo Moreno es el paradigma más acabado de la estrategia K para que la Presidenta no sienta que su imagen se va adelgazando, a medida que se clausura su ciclo constitucional. Por eso, lo ha elegido como el ariete más visible de las batallas que ella considera que hay que dar contra las corporaciones que no le son fieles. Las empresas, los bancos y sobre todo el Grupo Clarín están en su mira particular y aunque no domina tanto el área de la Justicia, encargada a otros soldados de la causa, Moreno hizo de las suyas en los tribunales para hacerse notar.

Exultante, el multifacético secretario se dio tiempo además para ningunear al juez Claudio Bonadío con un "no me hizo preguntas y debatimos o reflexionamos con él atentamente sobre cómo los medios, los banqueros y las consultoras querían elevar las tasas de interés y forzar una devaluación. No sabés lo interesado que estaba en aprender", presumió. Salió del juzgado hecho unas pascuas, ya que la condición de imputado no le obliga a decir verdad a nadie que se siente a prestar declaración y es muy diferente a ser un testigo, ya que quien jura no mentir se somete a las penas por falso testimonio.

Bonadío militó hace años en la misma agrupación del setentismo peronista que frecuentaba Moreno (Guardia de Hierro) y mandó a poner preso al ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime, uno de los íconos más cercanos al kirchnerismo de la primera época.

En una maniobra de pinzas sobre el Grupo Clarín, Moreno fue nombrado representante del Estado en las asambleas del holding y en paralelo hizo una denuncia judicial por "las graves irregularidades acaecidas" en la asamblea de accionistas y en la reunión de directorio del 25 y 26 de abril, mientras que la Comisión Nacional de Valores declaró "irregular" la asamblea en las que irrumpieron Moreno, Axel Kicillof, Daniel Reposo (Sigen) y Alejandro Vanoli (CNV). Clarín denunció que el "plan de intervención de la compañía" sigue adelante, como una ofensiva para "acallar las voces no adictas", plan que tiene sustento en el artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales que consiguió el kirchnerismo en el Congreso, para que las minorías puedan desplazar a las autoridades de las empresas cotizantes durante 90 días.

En este caso, la instancia de apelación no es judicial, sino administrativa y será el ministro de Economía, quien deba resolver la suerte de la empresa intervenida. La especulación es que si se concreta el avance sobre los medios de Clarín, con la Justicia en feria será más difícil obtener un amparo que frene la ofensiva, método que el grupo calificó de "selectivo y discriminatorio para aquellos que no se le someten (al Gobierno) y que quiere perseguir".

Pero, además, se dio a conocer el dictamen que la procuradora Alejandra Gils Carbó, otra cruzada del bando de los duros, emitió a pedido de la Corte sobre el caso de la Ley de Medios, en el que manifestó la que la misma es constitucional y, por lo tanto, los artículos suspendidos por la Justicia son válidos. Para Clarín se trató de un "alegato oficialista" dentro de un pronunciamiento "eminentemente político" y ahora habrá que esperar el fallo del alto tribunal. Todas estas obsesiones del kirchnerismo tienen que ver con no mostrar debilidad, una pretensión que genera desprolijidades sobre desprolijidades. Si a esto se le suma que la sociedad percibe que el Gobierno se ocupa de sus problemas, antes que de aquellos que más le atañen a la gente (inseguridad, precios que vuelan, mala calidad de los servicios públicos, impuestos cada vez más asfixiantes, aún sobre el salario) no debe extrañar que en esta era del segundo cristinismo las cosas hayan cambiado mucho en relación a la recuperación de imagen de otros tiempos y que se haya acelerado la pendiente.

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