Ser solidarios, más allá de lo que diga la ley

Para la Real Academia Española, la condición de "accesibilidad" es un indicativo de la "calidad de ser de fácil acceso". En la jerga contemporánea, dícese de aquellos espacios o prestaciones que les garantizan una vida digna a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. En la última década, distintos organismos multilaterales han legitimado con diversos instrumentos jurídicos los derechos de esos grupos, en particular a través de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizada en 2006, legitimada por la Organización de las Naciones Unidas y ratificada en 2008 por nuestro país a partir de la Ley 23.678. Sin embargo, en la Argentina actual, la sociedad va por detrás de esa normativa, nacida como respuesta a una época que ve ampliarse los derechos de las personas. Y en Tucumán, en particular, la deuda es más notoria. En reiteradas oportunidades, desde LA GACETA hemos señalado los padecimientos que experimentan en nuestra provincia las personas con distintas discapacidades, sean motrices, auditivas, neurológicas, mentales o visuales. Una queja que se reitera en el tiempo es el incumplimiento -tanto de parte del Estado como de particulares- de lo establecido en diferentes leyes (la mencionada 26.378 y la 22.431, que data de 1981) y en las que se establecen las condiciones para acceder al Certificado de Discapacidad. Entre los beneficios que en teoría debe otorgar ese instrumento figuran la supresión de barreras arquitectónicas para garantizar una buena circulación; el acceso a la seguridad social, de salud y previsional, así como el uso libre del servicio de transporte público de pasajeros. A propósito, esta semana confluyeron en LA GACETA numerosos reclamos sobre el tema. En una carta de lectores que se publicó ayer, se narran las desventuras de un discapacitado motriz al que una empresa de transporte interurbano le negó el derecho a viajar gratis en la parte baja del colectivo. "¿Tanto costará instruir a los propietarios de estos importantes servicios públicos de pasajeros, que deben actuar solidariamente con estas personas?", se pregunta el lector que contó el mal trago que vivió un amigo. A las empresas de transporte también se les reclama la adaptación de todas las unidades al piso bajo.

En la misma edición de ayer, otro lector señala que en la ochava del edificio de Banco Nación de San Martín y Maipú (un edificio emblemático de la arquitectura moderna tucumana), donde el cordón de la vereda es bastante más elevado de lo normal, no existe una rampa para discapacitados. Esos son apenas dos de los tantos ejemplos a mano que llegan a nuestro diario, y que muestran, como se ha indicado antes, que urge una apertura solidaria en la sociedad tucumana, en general, y no sólo en el Estado, que también está en mora. Sobre este aspecto, un reclamo que se reitera en Tucumán es el incumplimiento del 4% del cupo laboral en los organismos públicos. Las quejas se extienden al Estado nacional, en la demanda de que los beneficiarios del Profe (programa de Salud) sean atendidos en sanatorios.

Teresa Ivankow, a cargo del monitoreo y control de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destaca que los estados que incumplan con esa normativa son pasibles de sanción. Y que, en consecuencia, quienes ven atropellados a diario sus derechos, deberían hacer un reclamo formal que le genere una mora al Estado. En otras palabras, que se logre por acción coercitiva lo que no surge por acción solidaria.