Creen que la DAU pagó más caro una obra

Creen que la DAU pagó más caro una obra

La empresa "DC Construcciones", cuyo dueño es un choripanero, tuvo a su cargo los trabajos en el centro cívico del pueblo simoqueño. "Esta obra pone de manifiesto las prácticas reñidas con la legalidad", denunció la legisladora radical Elías de Pérez

CENTRO CÍVICO. En un mismo edificio de la comuna de Monteagudo funcionan el Juzgado de Paz, una dependencia de Rentas y una comisaría. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL CENTRO CÍVICO. En un mismo edificio de la comuna de Monteagudo funcionan el Juzgado de Paz, una dependencia de Rentas y una comisaría. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
11 Junio 2013
A 10 meses del alejamiento del ex bussista Miguel Brito al frente de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), las denuncias sobre el presunto pago de sobreprecios por parte de la repartición en la concreción de obras públicas no terminan. Tampoco cesan las quejas de vecinos y de empleados de algunas dependencias del Estado, quienes también cuestionan las fallas edilicias en los trabajos que realizaron las empresas contratadas por la DAU, algunas de ellas presuntamente firmas "fantasma".

Según una investigación que lleva a cabo la legisladora radical Silvia Elías de Pérez, las obras de remodelación de un centro cívico que funciona en la comuna de Monteagudo -integra el Departamento de Simoca- se habrían concretado mediante el pago de sobreprecios.

En agosto 2010, la DAU aprobó la restauración del Juzgado de Paz, la Dirección de Rentas y la comisaría, reparticiones que funcionan en un mismo edificio. Pero dos años y medio después, los vecinos y empleados que allí trabajan denuncian -prefieren no hablar públicamente- que el deterioro de las instalaciones se profundizó durante los últimos meses como consecuencia de las filtraciones y la humedad. A su vez, Elías de Pérez sostiene que las obras fueron realizadas con materiales de baja calidad y por una empresa que no estaba preparada para realizar los trabajos. Coincidentemente con lo que publicó LA GACETA el año pasado, la empresa que realizó las obras es "DC Construcciones". La firma está a nombre de Domingo Corbalán, quien no sería un próspero empresario de la construcción. Corbalán se dedica -según lo confirmó su hijo a este diario- a la venta de choripanes. Según consta en la denuncia penal efectuada en Tribunales por la legisladora radical, "DC Construcciones" sería, en realidad, propiedad de Juan Figueroa. Elías de Pérez afirma que esta persona es hermano de Lidia Figueroa, quien estuvo a cargo del Departamento Obras por Administración de la DAU, antes de que estallara el escándalo.

Ayer, Elías de Pérez aportó a este diario documentación que -según la radical- fue extraída de la propia DAU. Se trata de un listado de materiales presupuestados por la repartición en agosto de 2010. La parlamentaria comparó los precios de materiales con los valores publicados por la revista Arquitectura y Construcción (edición de abril-mayo de 2010). Por ejemplo, el informe sostiene que la DAU presupuestó para la remodelación de la comisaría de Monteagudo seis tachos de 20 litros de sellador por un monto de $ 190 cada uno, cuando el precio de revista es de $ 146. Otro ejemplo es la compra de pintura. La DAU habría pagado $ 554 por cada tacho de 20 litros, cuando en la revista mencionada figura que su valor asciende a $ 313. Una diferencia llamativa de precio se habría dado en la adquisición de 107 metros cuadrados de piso de granito. Según Elías de Pérez, la repartición pagó $ 67 el metro cuadrado, cuando en la publicación tiene un monto de $ 14,50 cada metro cuadrado. La diferencia en los precios entre el presupuesto de la DAU y la revista Arquitectura y Construcción se repiten en 79 ítems.

De acuerdo al listado de empresas adjudicatarias que publica la DAU en internet, la repartición le pagó $ 460.000 a la firma "DC Construcciones" para que remodelara el centro cívico de Monteagudo.

Según lo adelantó ayer a este diario, Elías de Pérez tiene previsto presentar nueva documentación en la Justicia.

"Esta obra pone de manifiesto las prácticas reñidas con la legalidad. Donde no sólo los cómputos métricos inflados y los sobreprecios son prácticas comunes. En muchos casos, como los que se exponen, aparecen serias fallas constructivas que traen un perjuicio para el erario. Una situación similar se dio en el barrio Parque Batalla de la capital, donde el Gobierno tuvo que realizar de nuevo una obra de cloacas que costó $ 1 millón", cuestionó la legisladora radical.

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