Cuentas poco claras

Como sucede en la naturaleza misma, por voluntad de los hombres, en muchos lugares del mundo nada se pierde, todo se transforma. Los frutos que ya han cumplido su ciclo regresan a la tierra a través de sus semillas para renacer luego. En las sociedades organizadas y cultivadas, lo que ya no sirve se recicla en cosas útiles. En otros rincones del planeta, las cuentas claras conservan la amistad. Y cuando ello sucede, las comunidades progresan porque hay transparencia, control de las finanzas públicas. Cada ciudadano sabe cuál es el destino de los tributos que paga. Pero existen también lugares, jardines de repúblicas, donde los dineros públicos se pierden a menudo y se transforman en desocupación y miseria de sus ciudadanos, y donde las cuentas oscuras son las que generalmente conservan la amistad entre la clase dirigente.
La Dirección General de Comunas Rurales, que depende del Poder Ejecutivo, debe recibir balances bimestrales de cada una de esas 93 administraciones, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 5.616. Luego de un visado contable, copias de esos resúmenes de ingresos y egresos deben que ser remitidos por esa repartición al Tribunal de Cuentas para un control cruzado de los dineros públicos.
En estos días, un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia señala que no puede conocerse el paradero de alrededor de $ 18 millones que las comunas recibieron en concepto de coparticipación (3,45% de los ingresos coparticipables que recibe la Provincia), según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda.
El Tribunal de Cuentas no tiene la información completa de 2002, correspondiente a seis balances bimestrales por administración. De 86 comunas -de un total de 93-, el órgano de contralor no posee ni un solo papel. Es más, de 558 resúmenes de ingresos y egresos que debería tener, sólo tiene ocho.
La situación en la Dirección General de Comunas Rurales no es mucho más auspiciosa. De las 93 administraciones provinciales, 35 no remitieron ninguna clase de información sobre el destino de los recursos públicos (representan el 39% del total), y sólo 13 (14%) acercaron los seis balances exigidos por ley.
Lo grave es que estas irregularidades se vinieron repitiendo en los últimos 10 años auditados. Entre 1992 y 2002, las comunas no remitieron al PE el 26% de esos balances (faltan 1.574 sobre 6.138 en total). La Dirección de Comunas Rurales tiene sólo el 55% de todos los resúmenes (3.383) y el Tribunal apenas el 19% (1.181).
En el acuerdo 1.311, del 30 de setiembre pasado, el ente de contralor destacó que el capítulo referido a las comunas sólo consiste en la descripción de un estado no monetario, dado que no se conocen los importes manejados.
Desde hace mucho tiempo, se sabe que las comunas rurales son las receptoras de los cientos de nombramientos que se efectúan desde otras áreas de este y de anteriores gobiernos provinciales, pese a que la Ley de Emergencia Económica -vigente desde hace más de una década- lo prohíbe expresamente. Posiblemente sea esta una de las razones por la cual los resúmenes de ingresos y de egresos bimestrales de las delegaciones comunales no aparecen y un 26% de estos balances se extravió en el período 1992-2002.
Lo más decepcionante es que los agujeros negros tucumanos se han tragado no sólo millones de pesos, sino también a los responsables del manejo de la cosa pública, porque en una década no se conoce que algún funcionario haya sido sancionado o haya ido a la cárcel, situación que contribuye al descrédito de la Justicia.
Por esa razón, las frases que se lanzan desde el Ejecutivo, tales como "cumpliremos con creces las metas del pacto fiscal", vuelven más incrédula a la ciudadanía que asiste, sin embargo, indiferente, a la dilapidación de sus propios dineros.
En Tucumán, casi todo se pierde y lo poco que se transforma va a parar a cuentas poco claras o a agujeros negros, en donde difícilmente pueda reverdecer nuestro Jardín.