Insensatez de un ministro

La sensatez y el buen juicio son condiciones de la prudencia, una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en discernir entre el bien y el mal. Valor universal con el que las relaciones humanas se enriquecen en la búsqueda del buen fin, la prudencia es por ello condición esencial de la política, cuyo ejercicio definió hace más de dos mil años el aforismo latino "suaviter in modo, fortiter in re", es decir, suavidad o moderación en el estilo de proceder y firmeza en las cosas. No hay ni habrá gestión de buen servicio público, por muy dignos que sean sus fines, si esa sabiduría no acompaña su gestión. Desde hace tiempo, nuestra política adolece de esa condición, y es por ello que tantos compromisos y promesas de buen gobierno se esterilizan en la confrontación destructiva que alguien definió con certeza como la máquina de impedir. Un aparato mental que termina destruyendo a sus propios operadores después de causar estragos de toda clase y provocar en la desesperación el absurdo, aunque lógico, clamor de que se vayan todos.
Testimonio de esa perduración de la imprudencia han sido los conceptos que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Gustavo Beliz, expuso recientemente al inaugurar el Congreso Internacional sobre Narcotráfico y Prevención de Estupefacientes y Sida.
En tal oportunidad y ante un vasto auditorio nacional y extranjero, el ministro se refirió a la década pasada, de la que fue notorio protagonista en el poder público, con la siguiente afirmación: "Vivimos una narcodemocracia donde no se respetó la ley, donde los funcionarios públicos lavaron dinero sucio, donde llegaron al poder con el afán de enriquecerse, y en donde establecieron pautas de comportamientos, de actitudes de nepotismo, de valijas que iban y venían, con un fuerte nivel de complicidad con la corrupción y el narcotráfico".
No menos expresivo estuvo el ministro de Justicia cuando agregó seguidamente que en la Argentina de esos días se vendían en el Congreso leyes como mercancía. La tribuna pública y no algún juzgado del crimen ha sido el lugar escogido después de tanto tiempo para tan grave denuncia, por lo que no debe sorprender que, inclusive en los actuales ámbitos oficiales -bajo la misma sigla partidaria de aquellos días-, haya habido conmoción y censuras para Beliz.
El caso paradigmático del ministro que atiende precisamente la cartera de Justicia no es único, aunque sí más trascendente. Precisamente, uno de sus censores en la oportunidad ha sido el presidente provisional del Senado -recientemente elegido gobernador de San Juan- José Luis Gioja, quien a poco de haber presidido la Cámara Alta durante la sesión de juicio político al juez de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O?Connor, se refirió públicamente a este último mediante gruesas expresiones descalificadoras cuya reproducción sería impropia de este lugar. Con groserías o sin ellas es frecuente que altos funcionarios o legisladores prejuzguen descalificadoramente sobre circunstancias o personas que demandan pronunciamientos de la Justicia o de ellos mismos, haciendo caso omiso del daño que provocan a las investiduras que la ciudadanía les ha confiado.
En gran mayoría se trata de quienes pertenecen y hasta son dirigentes del mismo partido a cuyos correligionarios imputan por gravísimas responsabilidades, pero eludiendo el deber de llevarlos ante las juntas de disciplina y conducta. Por lo demás, el silencio formal del oficialismo parlamentario frente a esos gestos de violencia verbal que menoscaban a la institución, no hace sino sumar connivencias que ofenden a la sociedad democrática y dañan gravemente la imagen de la República.