Cambios en la Corte Suprema

La audiencia pública en la que el controvertido jurista Eugenio Zaffaroni debió responder durante siete horas a un interrogatorio sobre sus condiciones profesionales y personales para poder acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha constituido un paso importante, pero insuficiente, para el saneamiento que la sociedad espera de la imagen judicial.
Sin embargo, está envuelto en controversias, por la intransigencia presidencial en sostener una candidatura muy cuestionada. El repertorio de interrogantes que hicieron llegar al Ministerio de Justicia instituciones y particulares, vinculados a los temas jurídicos y sociales, acerca posiciones sobre la nominación por el presidente Néstor Kirchner del doctor Zaffaroni, han constituido un acontecimiento renovador, pero es criticable que hubiese un solo candidato. No debe sorprender que al término de tan riguroso examen hayan quedado insatisfacciones. La mayoría de ellas están relacionadas con el comportamiento tributario y previsional del candidato para el máximo tribunal, cuya capacidad como especialista del Derecho logró un balance favorable entre una mayoría de especialistas. El juicio habilitante sobre el que el Senado habrá de pronunciarse tras un dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, será el desenlace del largo procedimiento por el que deberá regirse en lo sucesivo la Corte Suprema de la Nación, caracterizado por la participación privada mediante un proceso público y transparente.
Como elemento censurable se agrega que el asesor de la candidatura de Zaffaroni es una persona con frondosos antecedentes penales, que arrojan más sombras sobre una personalidad controvertida. Se trata de un llamado de atención que el Senado no puede desconocer. Es curioso: los cuestionadores de Zaffaroni no dejaron de reconocer sus condiciones académicas, pero rechazaron su perfil garantista como especialista en el Derecho Penal. Es decir, su oposición al aumento de las penas para el delito a cambio de una mejor aplicación de las sanciones, así como del sistema de seguridad.
Otra cuestión muy diferente es el comportamiento de Zaffaroni con referencia al patrimonio personal y a sus obligaciones tributarias y provisionales, sobre las que el Senado deberá aplicar una sintonía fina consecuente con la finalidad de transparencia y condición ética que el nuevo procedimiento propone. La sensibilidad pública es extremada, pues no debe olvidarse que la Corte Suprema está siendo sometida a una presión política excepcional, invocándose precisamente la condición impropia de algunos de sus actuales miembros para desempeñarse en sus funciones.
La reforma del cerrado sistema de postulaciones para el máximo tribunal de Justicia no ha sido acompañada por los comportamientos públicos de algunos legisladores ni del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que, siendo autoridades de aplicación en trámites y desenlaces, han carecido de la prudencia imprescindible para otorgar la misma transparencia a sus actos. Sus reiterados comportamientos imprudentes han restado jerarquía a las decisiones hasta el punto de echar sombras sobre el futuro del nuevo régimen, recibido en su momento con llamativa satisfacción por la sociedad.
Especialmente los gestos y expresiones públicas de prejuzgamiento que devalúan el propósito presidencial de poner fin al viejo trámite oculto de nombramientos, que aún deberá perfeccionarse con la experiencia recogida. Más allá de lo que el Senado resuelva sobre el acuerdo para Zaffaroni, el nuevo sistema de postulaciones para la Corte debería prfeccionarse y servir de ejemplo para otras jurisdicciones provinciales afectadas por el viejo modelo que limita a los poderes políticos de turno el control de esos actos esenciales para la calidad de la Justicia.