Por Juan Pablo Durán
21 Febrero 2013
La negociación salarial docente en Tucumán cumple, desde hace décadas, con el principio nietzcheano del eterno retorno. Cada año, en cada víspera de inicio del ciclo lectivo, los funcionarios del Gobierno y los representantes gremiales ponen en escena el mismo sainete. La historia, los personajes y el final presentan, siempre, las mismas características. El argumento tampoco difiere. Al comienzo de la obra aparecen en el escenario los justicieros de ATEP, APEM y AMET (David Toledo, Isabel Ruiz y Edgardo Bessone, respectivamente) quienes le prometen al pueblo postergado (los maestros) que harán todo lo posible para arrebatarle el dinero al rey (José Alperovich) y mejorar, así, sus ingresos. Pero el monarca no interviene en esta historia. En la guionada discusión salarial participan sus cortesanos Silvia Rojkés (ministra de Educación) y el dueto de "Los Jiménez", conformado por Edmundo "El Bueno" (ministro de Gobierno) y Jorge "El Malo" (ministro de Economía). Cada uno de los vasallos tiene un rol definido. Rojkés no interviene en cuestiones numéricas. Su participación en el guión está ligada a temas pedagógicos. Mientras Jorge "El Malo" se encarga de asegurar que la plata no alcanza, Edmundo "El Bueno" es quien les dice a los gremialistas que intentará convencer a su malvado homónimo de que el dinero alcance.
Como en todo sainete, el simulacro de paritaria salarial se desarrolla en un solo acto que no suele durar más de una semana. ¿Por qué es un simulacro? En primer lugar, porque Tucumán no está adherido a la ley nacional que establece los lineamientos y parámetros para que se desarrolle una negociación colectiva, de la que participen otros gremios como la UDT y Sadop. Y en segundo lugar, porque la Provincia abona los incrementos salariales con fondos de la Nación, mediante la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26075). Es por ello que Tucumán no puede -en teoría- conceder más dinero que lo que establece el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en este caso, el 22% de aumento establecido de manera unilateral por el ministro de Educación, Alberto Sileoni. Porque por más que el PE cuente con recursos propios para hacerlo, el gobierno local está políticamente obligado a seguir a rajatabla los mandamientos de la Casa Rosada. Es por este motivo -y no otro- que la discusión provincial comenzó con un piso del 17%, anunciado semanas atrás por Jorge "El Malo". Según consignaron extraoficialmente, el objetivo final del Gobierno sería llegar al 22% de aumento de bolsillo. Ni un peso más.
Fondos frescos para Tucumán
A raíz del aumento que otorgó la Nación en 2012, Tucumán recibió -y continúa recibiendo- $ 460 por mes, para cada uno de los 37.000 cargos docentes existentes. Lo que representa $ 17 millones al mes de fondos frescos. Este año, el PE abonará con esos mismos fondos el incremento al sueldo básico -hoy estipulado en $ 1.790- hasta que lleguen, en marzo, las nuevas partidas nacionales con la suba del 22%. El año pasado, el incremento del salario básico fue de un 34% y significó un 23% de aumento de bolsillo. Entonces, surge el siguiente interrogante: ¿los docentes obtendrán una suba inferior o superior a la del año pasado? Sólo los personajes de esta repetida historia lo saben. Y a horas del inicio del ciclo lectivo, tanto los funcionarios del Gobierno como los dirigentes de ATEP, APEM y AMET prefieren manejarse en el más profundo hermetismo. El martes hubo una primera oferta. Pero ni los funcionarios ni los sindicalistas quisieron que trascendieran los números. Hoy las partes vuelven a reunirse. Y cuando caiga el telón, el final de la obra será el mismo: el Gobierno conforme, los docentes insatisfechos.
Como en todo sainete, el simulacro de paritaria salarial se desarrolla en un solo acto que no suele durar más de una semana. ¿Por qué es un simulacro? En primer lugar, porque Tucumán no está adherido a la ley nacional que establece los lineamientos y parámetros para que se desarrolle una negociación colectiva, de la que participen otros gremios como la UDT y Sadop. Y en segundo lugar, porque la Provincia abona los incrementos salariales con fondos de la Nación, mediante la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26075). Es por ello que Tucumán no puede -en teoría- conceder más dinero que lo que establece el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en este caso, el 22% de aumento establecido de manera unilateral por el ministro de Educación, Alberto Sileoni. Porque por más que el PE cuente con recursos propios para hacerlo, el gobierno local está políticamente obligado a seguir a rajatabla los mandamientos de la Casa Rosada. Es por este motivo -y no otro- que la discusión provincial comenzó con un piso del 17%, anunciado semanas atrás por Jorge "El Malo". Según consignaron extraoficialmente, el objetivo final del Gobierno sería llegar al 22% de aumento de bolsillo. Ni un peso más.
Fondos frescos para Tucumán
A raíz del aumento que otorgó la Nación en 2012, Tucumán recibió -y continúa recibiendo- $ 460 por mes, para cada uno de los 37.000 cargos docentes existentes. Lo que representa $ 17 millones al mes de fondos frescos. Este año, el PE abonará con esos mismos fondos el incremento al sueldo básico -hoy estipulado en $ 1.790- hasta que lleguen, en marzo, las nuevas partidas nacionales con la suba del 22%. El año pasado, el incremento del salario básico fue de un 34% y significó un 23% de aumento de bolsillo. Entonces, surge el siguiente interrogante: ¿los docentes obtendrán una suba inferior o superior a la del año pasado? Sólo los personajes de esta repetida historia lo saben. Y a horas del inicio del ciclo lectivo, tanto los funcionarios del Gobierno como los dirigentes de ATEP, APEM y AMET prefieren manejarse en el más profundo hermetismo. El martes hubo una primera oferta. Pero ni los funcionarios ni los sindicalistas quisieron que trascendieran los números. Hoy las partes vuelven a reunirse. Y cuando caiga el telón, el final de la obra será el mismo: el Gobierno conforme, los docentes insatisfechos.
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