¿Cuánto cuesta cada voto en Tucumán? La respuesta a este interrogante no es sencilla. Tal vez pueda contestarse proyectando el costo de logística propio de un año de elecciones de medio turno, estimado en $ 100 millones, pesos más, pesos menos. Y ese sería tan sólo un valor de superficie, el que se puede ver con la organización, el traslado, la puesta en escena y todo el movimiento eleccionario (seguridad, tarea administrativa extra, etc.).
Sin embargo, cada elección tiene un costo oculto. Por aquello de que la política tiene patas cortas, surgida de esa honestidad brutal del legislador José "Gallito" Gutiérrez, al justificar la suba del 36% en los gastos legislativos. Es que, como dijo, la política es como una maquinaria que siempre hay que aceitarla y eso cuesta dinero. Desde esa perspectiva, puede decirse que el costo de hacer política le significa a la gestión del gobernador José Alperovich unos $ 11.740 al año por tucumano. O que el Gobierno nacional destine este año cerca de $ 10.100 per cápita para sostener la prestación de servicios. La política electoral tiene cara de roca. Al menos $ 75 de cada $ 100 que gastará la administración de la presidenta Cristina Fernández será en asistencia social (llámense jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, subsidios por desempleo y otras ayudas económicas).
Si se toma en cuenta el dinero asignado por la Provincia y por la Nación, al Estado le bastaría con casi $ 22.000 por habitantes para costear los servicios esenciales de 1,48 millón de tucumanos. Y esto sólo si se mira desde el balcón de un oficialista, que espera que el dinero fluya (también con subas impositivas) para renovar la confianza del electorado. Pero, en la realidad, esto es muy diferente. La demanda es infinita y los bienes son escasos, contestan en Casa de Gobierno, con el tecnicismo propio de los economistas más que con la dadivosa predisposición del político.
Mantener un caudal político cuesta dinero. Esa no es la novedad. El hecho pasa por saber administrar el dinero de tal manera que la población pueda percibir -más fehacientemente- de que sus impuestos vuelven en obras y que la solidaridad del aporte llega a los que más lo necesitan. Esa es política de alta escuela, la que mantiene, con buenos porcentajes de aceptación, la imagen de un gobernante. La que puede catapultar a un opositor si sabe llegar a la gente. La que aprueba o desaprueba el electorado cada vez que va a las urnas.
Si se toma en cuenta todo lo que el Estado gastará en este año electoral, y si el fin es retener cuatro bancas de diputados, puede decirse entonces que por cada diputado, el Gobierno destinará $ 7.900 millones. Una cifra que representa casi el doble de lo que Tucumán le debe a sus acreedores, el endeudamiento público.
Ahora, si el dinero a medir es el de las promesas de campaña, la cifra sólo asciende a casi $ 1.000 millones. En ese caso, el costo por banca será de $ 250 millones. Pero las promesas en tiempos electorales, muchas veces se las lleva el viento del triunfalismo. Total, la gente ya votó y, hasta el próximo turno, pueden ser renovadas, como un crédito. Por eso, los tucumanos reaccionan con incredulidad cuando los gobernantes anuncian y anuncian la re-re-recontra reapertura de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. O cuando le dicen que van a abrir las calles Mendoza y San Martín, allí, a la altura de la estación Central Córdoba. El único camino que se abre es el de la campaña proselitista para sostener el poder. La única vía que no se cierra es la del dinero discrecional. Ese que a veces para en la estación tucumana y otras, pasa de largo, según el humor de la Casa Rosada y cuando el kirchnerismo necesita, con más fuerza, el voto en uno de los cincos distritos electorales más grande de la Argentina.
Sin embargo, cada elección tiene un costo oculto. Por aquello de que la política tiene patas cortas, surgida de esa honestidad brutal del legislador José "Gallito" Gutiérrez, al justificar la suba del 36% en los gastos legislativos. Es que, como dijo, la política es como una maquinaria que siempre hay que aceitarla y eso cuesta dinero. Desde esa perspectiva, puede decirse que el costo de hacer política le significa a la gestión del gobernador José Alperovich unos $ 11.740 al año por tucumano. O que el Gobierno nacional destine este año cerca de $ 10.100 per cápita para sostener la prestación de servicios. La política electoral tiene cara de roca. Al menos $ 75 de cada $ 100 que gastará la administración de la presidenta Cristina Fernández será en asistencia social (llámense jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, subsidios por desempleo y otras ayudas económicas).
Si se toma en cuenta el dinero asignado por la Provincia y por la Nación, al Estado le bastaría con casi $ 22.000 por habitantes para costear los servicios esenciales de 1,48 millón de tucumanos. Y esto sólo si se mira desde el balcón de un oficialista, que espera que el dinero fluya (también con subas impositivas) para renovar la confianza del electorado. Pero, en la realidad, esto es muy diferente. La demanda es infinita y los bienes son escasos, contestan en Casa de Gobierno, con el tecnicismo propio de los economistas más que con la dadivosa predisposición del político.
Mantener un caudal político cuesta dinero. Esa no es la novedad. El hecho pasa por saber administrar el dinero de tal manera que la población pueda percibir -más fehacientemente- de que sus impuestos vuelven en obras y que la solidaridad del aporte llega a los que más lo necesitan. Esa es política de alta escuela, la que mantiene, con buenos porcentajes de aceptación, la imagen de un gobernante. La que puede catapultar a un opositor si sabe llegar a la gente. La que aprueba o desaprueba el electorado cada vez que va a las urnas.
Si se toma en cuenta todo lo que el Estado gastará en este año electoral, y si el fin es retener cuatro bancas de diputados, puede decirse entonces que por cada diputado, el Gobierno destinará $ 7.900 millones. Una cifra que representa casi el doble de lo que Tucumán le debe a sus acreedores, el endeudamiento público.
Ahora, si el dinero a medir es el de las promesas de campaña, la cifra sólo asciende a casi $ 1.000 millones. En ese caso, el costo por banca será de $ 250 millones. Pero las promesas en tiempos electorales, muchas veces se las lleva el viento del triunfalismo. Total, la gente ya votó y, hasta el próximo turno, pueden ser renovadas, como un crédito. Por eso, los tucumanos reaccionan con incredulidad cuando los gobernantes anuncian y anuncian la re-re-recontra reapertura de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. O cuando le dicen que van a abrir las calles Mendoza y San Martín, allí, a la altura de la estación Central Córdoba. El único camino que se abre es el de la campaña proselitista para sostener el poder. La única vía que no se cierra es la del dinero discrecional. Ese que a veces para en la estación tucumana y otras, pasa de largo, según el humor de la Casa Rosada y cuando el kirchnerismo necesita, con más fuerza, el voto en uno de los cincos distritos electorales más grande de la Argentina.
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