El vicepresidente de la Legislatura, Manuel Fernández, se molestó cuando el cronista le preguntó cuánto recibía para gastos sociales y dijo: "cuando me digan cuánto perciben de sueldo los de LA GACETA voy a contestar cuánto gano yo. No tengo por qué decir cuánto gano a los medios. Yo a LA GACETA no le pregunto cuánto gana el dueño, por ejemplo".

Con su respuesta, el legislador no sólo demostró intolerancia y mala educación, sino que incurrió en un error y en una revelación. No es cierto que no tiene por qué decir cuánto gana: es su obligación y la de todos los representantes de los tucumanos blanquear sus ingresos. La ley provincial penaliza -irrazonablemente- la publicidad de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, pero una imposición ética y moral les exige informar a sus votantes -que además le pagan el sueldo- cuánto dinero reciben por mes del Estado. Es erróneo, además, equiparar la publicidad de los actos de un vicepresidente de la Legislatura con la de un empleado de una empresa privada.

Respecto de la revelación, la afirmación de Fernández es equiparable a la del sincericidio político de José "Gallito" Gutiérrez. El vicepresidente legislativo dijo: "cuando me digan cuánto perciben de sueldo los de LA GACETA voy a contestar cuánto gano yo"...; es decir, tomó a los gastos sociales no como tales, sino -según sus propias palabras- como parte de sus ingresos. Con esto, Fernández sumó más confusión en torno de los ingresos de los parlamentarios, porque él mismo tomó la pregunta del periodista sobre los gastos sociales como inquisitoria respecto de su sueldo. Los pocos representantes del pueblo que hicieron público cuánto reciben para gastos sociales y en qué los utilizan dijeron que usan esos fondos para ayudar a clubes, a instituciones o a particulares. Pero en ningún momento aceptaron -públicamente- que ese dinero forma parte de sus ingresos...

Los legisladores no son los únicos reacios a dar explicaciones públicas sobre su accionar. LA GACETA se encuentra visitando comunas del interior para ver cuál es su realidad y ya se topó con un par de comisionados rurales prepotentes y amenazantes antes las consultas periodísticas. ¿Por qué si su gestión -o la de cualquier político con cargo público- es transparente y ordenada se incomodan tanto ante la exposición pública? Con esas actitudes siembran más sospechas de lo que podrían cosechar en elogios.

Radicales decisiones
Los que son poco claros, pero para forjar alianzas, son los dirigentes de la UCR. Mientras el presidente radical, José Cano, afirma que trabaja por la unidad de un amplio arco de agrupaciones opositoras, integrantes de su partido lanzan líneas internas propiciando la ruptura. Ariel García salió a pintar las paredes para impulsar su candidatura, mientras José Avignone busca que "alguien" diga que él es el que mejor mide en las encuestas. Respecto de la jugada de García, hay dos lecturas: se metió en la interna para buscar un lugar en las listas o lo hizo para marear a los aliados y dejar a la UCR con los mejores lugares de una eventual lista de unidad. Mientras tanto, Juan Casañas sigue seduciendo y reuniéndose con cuanto dirigente puede para proteger lo que considera su segura candidatura en primer término. Un inesperado escollo se le presentó en su camino a la reelección y provino del ruralismo: sus colegas del campo cuestionan su gestión y quieren que un ex presidente de la Sociedad Rural encabece la lista. Si la unidad opositora se logra, con el ex directivo agrario a la cabeza, la preocupación será para el alperovichismo. De lo contrario, el oficialismo caminará tranquilo hacia otro triunfo arrollador en las urnas.

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