El caso Lebbos y el freezer gigante

Vamos a tratar de no dudar. Las intenciones, en este caso, seguramente están marcadas por el optimismo. Se advierte, desde hace años, que el sistema judicial está colapsado y que se hace poco o nada por resolverlo. El anuncio de probar una nueva metodología, que se aplicará como plan piloto en las fiscalías del sur de la provincia (Monteros y Concepción) puede traer una brisa de aire fresco a un ámbito en el que últimamente el hedor se hacía insoportable. Y que nadie se enoje. Lo dicen en el mismo seno del Poder Judicial: "Llamo la atención sobre la selectividad manifiesta del sistema. El proyecto en marcha debe acortar los plazos de la investigación, pero también es importante que lleguen a juicio las causas de la criminalidad organizada, que aparezca la delincuencia 'inteligente' y con poder de impunidad", aseguró Carlos Caramuti, miembro de la Cámara Penal. Y entonces la idea, en términos criollos, es que la cárcel deje de recibir sólo a ladrones de gallinas, y que de una vez por todas, la vara alcance también a quienes hoy se saben impunes. ¿Demasiado utópico?

Aún hoy resuenan los coletazos del fallo que absolvió a los 13 imputados del caso Marita Verón. La picota aún pende sobre las cabezas de los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina (quien renunció, aunque aún está esperando que José Alperovich acepte la dimisión) y Eduardo Romero Lascano. Ellos fueron el último eslabón del caso. Y sobre ellos cayeron críticas despiadadas. ¿Qué sucede con los policías, funcionarios y magistrados que durante 10 años intervinieron en el caso y llevaron adelante una de las investigaciones más desastrosas que se recuerden en la provincia? Nada. Pero nada de nada. ¿Y entonces?

Quien conoce las fiscalías de la provincia está acostumbrado, aunque al principio asombre e indigne. Cientos, miles de expedientes se amontonan en cuanto rincón libre haya. Causas que, en algunos casos, tienen más de 20 años de trámite. ¿Se puede esperar Justicia trabajando de esta manera?

Hace poco más de un año, desde la Legislatura se pretendió avanzar con la creación de la Policía Judicial, una dependencia que tuviera a su cargo delitos de resolución compleja y que fuera monitoreada directamente por los fiscales. Pero cuando en el Ministerio de Seguridad (entonces a cargo de Mario López Herrera) se enteraron del plan corrieron a bisbisearle a Alperovich que no era conveniente y que podría acarrear problemas. El gobernador, que no quiere es tener problemas, bajó entonces el pulgar. Teniendo en cuenta la reforma que se pretende instrumentar en el área penal del Poder Judicial, ¿levantará el teléfono Antonio Estofán y hablará con Jorge Gassenbauer para retomar el plan caído? ¿Al menos se tomarán el tiempo para analizar pros y contras de este proyecto?

Un caso paradigmático de la ineficiencia conjunta de Policía y Justicia a la hora de investigar es el caso de Paulina Lebbos. Falta poco más de un mes para que se cumplan seis años del crimen de la estudiante de Comunicación Social. Y en seis años, en la Justicia, no hay ni un indicio que sirva de prueba para conocer la identidad de él o los asesinos. Nada. Y no es un caso cualquiera. Alberto, el padre de Paulina, era funcionario de Alperovich cuando mataron a la joven. No era un "Don Nadie". Y el ahora ex funcionario asegura que en el Gobierno alguien sabe quién mató a su hija. Y que incluso ese o esos alguien, conservan su o sus puestos en premio por el silencio. Así, el expediente está en un enorme freezer. Si uno confía en las buenas intenciones, la reforma que se pretende encarar en el Poder Judicial ¿servirá tanto con esta como con otras cientos de causas para descongelarlas? Esa también sería una forma de recuperar la confianza.