No tiene de qué quejarse. José Alperovich ha sofisticado tanto la fiscalización impositiva que, en casi 10 años de gestión, multiplicó por 12 la recaudación. Una década y seis moratorias después, los tucumanos pasaron a pagar a razón de $ 220 per cápita a $ 2.262 anuales por habitante, casi $ 700 más que el valor de una canasta básica familiar, medida por el Indec.
La presión fiscal ha crecido a tal magnitud que cualquier funcionario se pondría colorado si, en el corto plazo, debe anunciar un reajuste en las alícuotas. No hay que perder de vista que, durante muchos años, Tucumán encabezó el ranking en la materia. Sin embargo, la carga de Ingresos Brutos y de tasas municipales vuelve a poner al distrito en el lote de mayor carga impositiva. La buena noticia es que, además de Alperovich, otros gobernadores apelaron a este recurso -pedirle más dinero a los contribuyentes- para financiar el gasto público. Otro dato comparativo: en los últimos 10 años, el presupuesto del sector público tucumano se multiplicó casi por 16: pasó de $ 1.270 millones en 2003 a unos $ 20.000 millones previsto para este año.
La última moratoria ha puesto al desnudo que, pese a los años de bonanza, el asalariado no ha podido estabilizarse económicamente. Del lado de los impuestos, puede decirse que un indicio de aquella situación es que el plan de pagos cerró con 74.000 adhesiones, mayormente de Inmobiliario y Automotor. Puede haber casos de contribuyentes que no tienen la costumbre de cumplir con el fisco; pero también están aquellos que -aunque quieran- no lo pueden hacer y deben sacrificar o postergar algunas obligaciones para poder llegar a fines de mes. En ese universo figuran -además- grandes empresas que, como en anteriores ocasiones, tampoco se acogen a regímenes especiales para ponerse al día con el fisco. Con todo, el Estado recuperará con la moratoria unos $ 365 millones.
Justicia, equidad y capacidad contributiva son tres preceptos básicos de la imposición, sostienen los tributaristas. Los mismos principios deberían regir en la redistribución de la riqueza.
Un aumento del 36% en el gasto social de los legisladores resulta excesivo si se toma en cuenta que el Gobierno está exprimiendo más el bolsillo de los tucumanos con subas de hasta un 25% en tributos y en servicios. Por eso, los gremios estatales creen que el ofrecimiento de un 17% de aumento salarial suena a chiste de mal gusto. El Gobierno, en cambio, estima que puede cerrar en un 20%. Son $ 2.200 millones anuales más para el gasto en Personal. La cifra representa la mitad de la recaudación prevista para este año por Rentas.
Hubo falta de previsión política. A Alperovich no se le puede escapar un reajuste tan elevado en los gastos legislativos, por más que argumente que es de otro poder del Estado. El gobernador también tiene injerencia en la Cámara. De otro modo, no se explica por qué los proyectos del Ejecutivo se aprueban a libro cerrado, casi sin discusión parlamentaria. Los legisladores no sólo convalidaron la inflación real, sino que tomaron 11 puntos porcentuales más de ventaja.
Lo malo de este contexto de mayor gasto público -más aún en tiempos electorales- será que al ajuste lo termine pagando el mismo contribuyente de siempre: Juan Pueblo. Ese al que le cuesta llegar a fines de mes y al que, si se atrasa este año con los impuestos, irá el recaudador a golpearle la puerta y decirle que, si no paga, se expone al juicio. Porque en Tucumán se acabaron los planes de pago, pero no el festival del gasto público. Total todo el año es carnaval.
La presión fiscal ha crecido a tal magnitud que cualquier funcionario se pondría colorado si, en el corto plazo, debe anunciar un reajuste en las alícuotas. No hay que perder de vista que, durante muchos años, Tucumán encabezó el ranking en la materia. Sin embargo, la carga de Ingresos Brutos y de tasas municipales vuelve a poner al distrito en el lote de mayor carga impositiva. La buena noticia es que, además de Alperovich, otros gobernadores apelaron a este recurso -pedirle más dinero a los contribuyentes- para financiar el gasto público. Otro dato comparativo: en los últimos 10 años, el presupuesto del sector público tucumano se multiplicó casi por 16: pasó de $ 1.270 millones en 2003 a unos $ 20.000 millones previsto para este año.
La última moratoria ha puesto al desnudo que, pese a los años de bonanza, el asalariado no ha podido estabilizarse económicamente. Del lado de los impuestos, puede decirse que un indicio de aquella situación es que el plan de pagos cerró con 74.000 adhesiones, mayormente de Inmobiliario y Automotor. Puede haber casos de contribuyentes que no tienen la costumbre de cumplir con el fisco; pero también están aquellos que -aunque quieran- no lo pueden hacer y deben sacrificar o postergar algunas obligaciones para poder llegar a fines de mes. En ese universo figuran -además- grandes empresas que, como en anteriores ocasiones, tampoco se acogen a regímenes especiales para ponerse al día con el fisco. Con todo, el Estado recuperará con la moratoria unos $ 365 millones.
Justicia, equidad y capacidad contributiva son tres preceptos básicos de la imposición, sostienen los tributaristas. Los mismos principios deberían regir en la redistribución de la riqueza.
Un aumento del 36% en el gasto social de los legisladores resulta excesivo si se toma en cuenta que el Gobierno está exprimiendo más el bolsillo de los tucumanos con subas de hasta un 25% en tributos y en servicios. Por eso, los gremios estatales creen que el ofrecimiento de un 17% de aumento salarial suena a chiste de mal gusto. El Gobierno, en cambio, estima que puede cerrar en un 20%. Son $ 2.200 millones anuales más para el gasto en Personal. La cifra representa la mitad de la recaudación prevista para este año por Rentas.
Hubo falta de previsión política. A Alperovich no se le puede escapar un reajuste tan elevado en los gastos legislativos, por más que argumente que es de otro poder del Estado. El gobernador también tiene injerencia en la Cámara. De otro modo, no se explica por qué los proyectos del Ejecutivo se aprueban a libro cerrado, casi sin discusión parlamentaria. Los legisladores no sólo convalidaron la inflación real, sino que tomaron 11 puntos porcentuales más de ventaja.
Lo malo de este contexto de mayor gasto público -más aún en tiempos electorales- será que al ajuste lo termine pagando el mismo contribuyente de siempre: Juan Pueblo. Ese al que le cuesta llegar a fines de mes y al que, si se atrasa este año con los impuestos, irá el recaudador a golpearle la puerta y decirle que, si no paga, se expone al juicio. Porque en Tucumán se acabaron los planes de pago, pero no el festival del gasto público. Total todo el año es carnaval.
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