"Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada / reina, torre directa y peón ladino / sobre lo negro y blanco del camino / buscan y libran su batalla armada. / No saben que la mano señalada / del jugador gobierna su destino". Jorge Luis Borges,
Ajedrez.Ha pasado un mes desde que el fallo absolutorio a los 13 imputados en el caso de María de los Ángeles Verón pusiera en jaque al poder político que no respeta la independencia de la Justicia y que, a la vez, tampoco tiene la menor idea de lo que ocurre allí dentro. Un mes desde que, por primera vez en nueve años, se barajase como cierta la posibilidad de una intervención federal a Tucumán, que el alperovichismo disimuló ventilando que de lo que se hablaba, en realidad, era de intervenir sólo el Poder Judicial. Un mes desde que todos, sin necesidad de definiciones académicas, entendendieron el inconmensurable poder de la democracia de las pasiones. No importa que tres camaristas, por unanimidad, adviertieran que no hallaron pruebas sino sólo contradicciones para juzgar a los acusados, sometidos a juicio no por lo que son sino por el delito de secuestro. El dolor de una madre por su hija desaparecida puede arrasar con los feudos políticos del NOA. Lo pudo en la Catamarca de los Saadi, cuando el caso de María Soledad Morales. Y sin la absolución de Susana Trimarco para el gobernador y su esposa, lo habría podido también en el Tucumán de los Alperovich.
No fue mate. Así que el poder, que no debió sacrificar al rey ni a la dama, ensayó un gambito (mandó a Jorge Gassenbauer al Ministerio de Seguridad, simulando que sacrificaba a Mario López Herrera, que quedó en Fiscalía de Estado) y, luego ejecutó su segundo movimiento. En concreto: la última palabra sobre el fallo en el caso Verón estará en manos de los jueces naturales de la Corte.
Alfiles
Durante la primera semana de febrero, en principio, deben presentarse las casaciones contra el fallo absolutorio. Y se descuentan dos apelaciones: la de la querella (Trimarco) y la del Ministerio Público Fiscal. Las fuentes informadas pretenden que en esa oficina ya recibieron una advertencia de fuego: el planteo debe ser ejemplar. Porque la sentencia en el caso de Marita, dictado el 11 de diciembre, fue el segundo fallo en una semana que se da en las antípodas de lo que piden los fiscales. El 4 de diciembre habían absuelto a los padres de "Jorgito" Guerra, el niño de 12 años al cual, en noviembre de 2004, encontraron muerto dentro de un tacho de solventes, en el fondo de su casa. La fiscalía había pedido prisión perpetua para los padres, absueltos por falta de pruebas. Léase, los fiscales tienen que demostrar acabadamente que no están pidiendo condenas "para la tribuna".
Mientras tanto, se dieron todos los desplazamientos para lograr que sean vocales de la Corte (sin conjueces) los que entiendan en esas casaciones. El más notorio consistió en sacar al vocal Daniel Posse del Consejo Asesor de la Magistratura y colocarlo en el Jury de Enjuiciamiento. Y eso va más allá de que el ex ombudsman aceptara sólo para mostrarse defensor del rey y la dama que lo hicieron juez supremo. Los que hacen una segunda lectura sostienen que le pidieron ese cambio de lugar porque en su corta trayectoria en la Corte ha exhibido una larga tradición en excusaciones. ¿Y qué pasaba si Posse, en lugar de ir al Jury con René Mario Goane de suplente, se quedaba a atender las apelaciones y se excusaba? Había que integrar la Sala Civil y Penal de la Corte con un miembro de la Cámara Penal. Esa en la que siguen Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano. Esa de la que Emilio Herrera Molina, el tercer camarista que falló en el Caso Verón, se fue aplaudido luego de renunciar para acogerse a la jubilación.
¿Y si dos vocales de la Corte votan contra el fallo de esos camaristas, pero el conjuez vota a favor? Hay que llamar un segundo conjuez, para conseguir tres votos en un mismo sentido.
¿Y si el segundo conjuez vota igual que el segundo? Hay que llamar un tercer conjuez. Y si este vota como los otros conjueces, perdieron los vocales de la Corte.
En febrero, a las apelaciones las atenderán Antonio Estofán, ex fiscal de Estado de José Alperovich. Y Claudia Sbdar, ahora influyente presidenta del CAM. Y Antonio Gandur, serio candidato -aunque no único- a ser, en octubre, presidente del superior tribunal. Por cierto, Estofán habría dicho ya que nunca dijo que, en la Corte, el fallo por el Caso Verón sería "diferente". Léase, va a rechazar cuanta recusación quieran oponerle.
Peones
Todo lo anterior lleva al tercer movimiento del poder en el tablero de la causa de Marita.
En síntesis, que haya un fallo de la Corte respecto de las apelaciones contra la sentencia absolutoria antes de que se venzan los plazos de pronunciamiento del Jury de Enjuiciamiento.
Esa meta explica el comportamiento espasmódico del poder en las vísperas de fin de año. De querer conformar ese organismo enjuiciador antes de que estuviera presentada la acusación de Trimarco, pasaron a posponer todo el proceso para febrero. O sea, a prolongar los plazos del Jury para ganar tiempo en favor de la Corte. ¿Por qué? Por el cuarto movimiento...
Torres
La Corte, frente a las apelaciones, tiene cuatro opciones.
La primera es declarar nulo el fallo de la Sala II de la Cámara Penal. Una posibilidad ciertamente improbable por doble vía. Por un lado, por sus consecuencias vecinas al escándalo: otro juicio, con los mismos imputados e idéntico desfile de testigos. Por otro, porque hasta ayer, leída la sentencia, no le habían encontrado fisuras. Ahora están revisando los 60 cuerpos de expedientes. Pueden que encuentren una causal de nulidad, como puede que no.
La segunda opción es ratificar el fallo absolutorio de los 13 imputados y reivindicar la tarea de los magistrados penales. Huelgan los comentarios.
La tercera posibilidad es dictar un fallo condenatorio contra todos los que estuvieron acusados. Esa es una de las dos alternativas ciertas que baraja (o, más bien, anhela el poder). Pero no dejaría de evidenciar que la Justicia anda a los barquinazos: los fiscales piden perpetua, los camaristas absuelven, la Corte condena.
La cuarta: un fallo condenatorio parcial. Ratificar la absolución de los tucumanos, pero penar a los riojanos. Por caso, en el propio fallo de la Sala II se lee que
el tribunal tiene la certeza de que Irma Medina, Fernando "Chenga" Gómez, Gonzalo Gómez, Natalia Bustos, Azucena Márquez, Carlos Luna, Paola Gaitán, Juan Derobertis, Paola Ceballos y Patricia Medina integraban una verdadera organización cuya finalidad era explotar la prostitución de mujeres.
Esta es otra de las salidas que maneja (o, más bien, reza) el poder. Lo que lleva al cuarto movimiento. Más audaz. Improbable, aunque no imposible: que el Jury de Enjuiciamiento caiga.
Caballos
En los pasillos tribunalicios y en los de Casa de Gobierno se escucha, como si fuera un mantra, esa consigna coincidente: si hay fallo condenatorio de la Corte, se acaba el Jury. Claro que una cosa no implica la otra, pero la esperanza del poder parece reposar en identificar una etapa con la otra.
¿Por qué? Difícil saberlo, aunque puede especularse al respecto. En el Poder Judicial, los magistrados están mirando a la Corte. Y para ellos sólo hay dos lecturas posibles de lo que vaya a hacer el superior tribunal: o los vocales defienden un fallo que, para la judicatura, está ajustado a derecho; o defienden los intereses del Gobierno. Entonces, si hay fallo condenatorio y se desactiva el Jury (por obvias razones políticas antes que técnicas), los jueces supremos serán salomónicos.
Para el Gobierno también sería una salida que haya condena y no Jury. Y no sólo para evitar un proceso en que, desde la tribuna pública, la defensa de los jueces machacará, con nombres y apellidos, la responsabilidad por acción y omisión de oficialistas en la falta de esclarecimiento de la tragedia de Marita. El Gobierno también evitaría las consecuencias legales, económicas y políticas posteriores que acarrea un Jury de Enjuiciamiento que, hasta aquí, es un rosario de nulidades.
Por caso, el vocal Daniel Posse fue designado miembro del Jury en representación de la Corte en simultáneo a su desempeño como presidente del CAM. Después, los intérpretes de las leyes se enteraron que había una ley según la cual es razonablemente incompatible integrar el cuerpo que designa magistrados y, a la vez, el que los destituye. Posse se fue del CAM, pero su nombramiento en el Jury está fulminado de nulidad. Salvo en la doctrina del "nos hagamos los otarios".
Luego, este Jury está constituido por un representante del Poder Ejecutivo: el fiscal de Estado. Y el Ejecutivo es absoluta y excluyentemente unipersonal: lo ejerce el gobernador. O sea, el fiscal de Estado, en el Jury, es el representante del gobernador. Y el gobernador ya prejuzgó. "Haré todo lo que me pida Susana", declaró. Y resulta que Trimarco es la que pide que echen a los jueces.
Finalmente, el fiscal de Estado es Jorge Posse, hermano del juez supremo Daniel Posse. El mismo vocal que, cuando la Corte anuló la cautelar que frenaba la sexta exlusión en perjuicio de Carlos Eduardo López (el secretario judicial que se cansó de ganar concursos del CAM y al que José Alperovich discriminó por su condición de ex secretario de la Fiscalía Anticorrupción), se excusó de entender en la causa. ¿Por qué? Porque intervenía su hermano, como fiscal de Estado. ¿Y ahora?
No habrá verdades jurídicas en juego. Sólo un ajedrez de poder, en el que muchos creerán ser protagonistas, aunque sólo serán piezas. Y en las que quien las mueva, al decir de Borges, tampoco será dueño del final.
También el jugador es prisionero / (la sentencia es de Omar) de otro tablero / de negras noches y de blancos días. / Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza...?
