La decadencia del imperio alperovichista asoma en los primeros días de 2013. "Se acaba de ir una señora que tenía que llevar a su chiquita al hospital Garrahan". Con estas palabras la legisladora Camila Khoder explicaba el viernes la necesidad y la importancia de los gastos sociales que los legisladores se aumentaron en un 36%, en vísperas de Reyes. En otras palabras, la "sijosesista" -a esta altura de la vida política tucumana, todos los son; y el que no, lo oculta- quería decir que esos dineros -oscilan entre $ 50.000 y $ 120.000, según la obediencia debida del legislador- no van a sus bolsillos. Eso también es discrecional, ya que hay legisladores que sí los convierten en emolumentos personales y otros en los que destinan ese dinero a acciones sociales. Estos últimos se sienten menos en falta y, por lo tanto, consideran, al igual que Khoder, que es correcto el manejo de esos fondos. Lo cierto es que esa forma de repartirle plata a los representantes del pueblo resulta una gran ayuda para el Poder Ejecutivo, porque así mantiene sin problemas su prestigiada escribanía de Gobierno.
Este último aumento cuasi salarial ha sido recibido por los legisladores sin tanta vergüenza. Ocurre que han logrado demostrar a cierto sector de la sociedad que este sistema se hace necesario. En otras épocas los dueños de las bancas -en todos los gobiernos- tratan de disimular estas decisiones. Durante la gestión de Ramón Ortega los aumentos de recursos disponibles se hicieron en trasnochadas sesiones y lo mismo pasó durante la administración que le delegaron a Antonio Bussi en democracia. Fue en esa gestión en la que la Legislatura habrían proliferado los empleados fantasmas, que aparentemente tenían la capacidad de aparecer y desaparecer de las planillas. Durante el gobierno de Julio Miranda se tapaba todo a través de la partida presupuestaria 012; y luego, directamente se utilizaban bonos que se repartían contra la presencia del legislador ante una caja fuerte que había en la Casa de Gobierno.
Durante este Gobierno le achacaron el descontrol y desmanejo al ex vicegobernador Fernando Juri, a quien José Alperovich maltrató a raíz de los excesos que se cometían en la distribución discrecional de estos dineros extras. Hasta que llegó el gran administrador de fondos. Asumió Juan Manzur y prometió que $ 100 millones sobraban para administrar la Cámara y que pondría fin a tantos enredos. No hizo ni lo uno ni lo otro; y el rebaño alperovichista jamás se quejó. Tanto oficialistas como opositores cobran sus dietas, y religiosamente pasan por la tesorería de la Cámara a recibir personalmente lo que le corresponde por gastos sociales.
El sistema necesita de la complicidad y de la complacencia de cada legislador -sea del color político que fuere-; porque los $ 13.000 de dieta no les alcanza para sus vidas personales y para hacer política. Sin embargo, cada vez que desde la prensa se planteó la posibilidad de que se blanquearan esos fondos y de que se especificara que un legislador necesita lo que fuere para su trabajo -al fin y al cabo son egregios ciudadanos que han recibido el respaldo del pueblo y merecerían un gran remuneración-, siempre el oficialismo -orteguista, bussista, mirandista y alperovichista- se ha opuesto. Sucede que, de esa manera, los legisladores serían verdaderamente libres en sus actos y en sus pensamientos, algo que pareciera no ser grato en esta democracia. Vaya curiosidad.
Hubo un legislador -Hugo Balceda- que se animó a decir algunas cuestiones respecto del vínculo de la droga con la política. Balbuceó; no fue hasta el tuétano con sus decires. Alcanzó, sin embargo, para que de un día para el otro lo castigaran en la Cámara. Se separó de su bloque y empezó a sentir cómo recibía mucho menos fondos que sus iguales, el resto de los legisladores. No fue hace mucho; Balceda era un alperovichista más que manejaba con sus riendas Manzur. Finalmente, cuando vio sus bolsillos escuálidos, Balceda perdió la memoria y no recordó más aquello de que la droga se metía en las campañas políticas, y volvió al redil del bloque oficialista. Pertenecer tiene sus privilegios.
Khoder podría tener ingresos por muchísimos miles y, al mismo tiempo, formar parte de una estructura de gobierno tan eficiente que cuando un ciudadano se acerca a su despacho ella pudiera levantar un teléfono y conseguir que aquella madre lleve a su chiquito al Garrahan sin necesidad de que la legisladora toque un peso. No obstante, pareciera que ni a ella ni al Ejecutivo le conviene ese sistema. Son las miseria de la política actual, que no deberían existir en un Estado moderno, adinerado y poderoso, como el que se administra en Tucumán.
De esta forma, los legisladores de la oposición se han convertido en rehenes y en cómplices; y los del oficialismo, en cómodos beneficiarios. Ni siquiera les importa sentirse discriminados cuando unos reciben más que los otros. Al contrario, lo justifican. Todos los gobernadores, días antes de asumir o durante la campaña, se comprometieron a poner fin a esta forma de convertir en mentirosos -dicen recibir menos de lo que verdaderamente reciben- a los representantes del pueblo. Sin embargo, ninguno lo hizo.
El viento se llevó la alfombra
No por decadente el imperio alperovichista deja de funcionar. Al gobernador no le preocupa demasiado el desgaste de estas instituciones. Sólo le desespera la pérdida de poder. Le asusta que en la Nación sus interlocutores sean de segunda línea. Lo enfurece darse cuenta que alguien lo contradice o no respeta su palabra. Lo desvela que Susana Trimarco le marque los tiempos políticos; nada menos. Esta semana, la mamá de "Marita" le habría pedido que saque de la comisión de Juicio Político a José "Gallito" Gutierrez, pero después le explicaron que era un sijosesista incuestionable y esta se retracto. En la Legislatura no falta el que piensa que la asesoran mal, a veces.
"El hotel se hace sí, o sí", dijo el gobernador hace dos años, cuando se paró la obra en Tafí del Valle debido al incumplimiento de ordenanzas. Alperovich aplica el pragmatismo al máximo. No le importa si una ley, una ordenanza o un fallo judicial dice que no a algo. Él necesita que se haga su voluntad. Así llegó a contradecir un fallo de la Justicia que decía que no podía haber más de cuatro vendedores ambulantes por cuadra. Alperovich dispuso que se desoiga esa resolución hasta Reyes. Ya ha pasado más de un lustro de esa actitud y obviamente, ahora le resulta imposible ordenar la venta ambulante. Si el gobernador no acató la orden judicial, ¿por qué lo va a hacer un ciudadano común? A veces, la demagogia se vuelve un bumerán.
Volviendo al hotel de Tafí del Valle, el intendente Jorge Yapura Astorga no ha tenido empacho en ordenar la demolición de la obra que presenta un piso más de lo que dispone la norma. Al gobernador no le preocupa eso, sino que se haya desobedecido su orden. Ayer, en la Casa de Gobierno despotricaban contra el intendente tafinisto, que va a sufrir políticamente por esta decisión. Es que en estos tiempos cumplir la ley puede ser contraproducente si al que manda no le gusta. Alperovich asumió hace nueve años y medio centenar de días, y prometió alfombra roja para los inversores. Con el decreto de Yapura Astorga y de su archiasesor Miguel Mibelli, lo único rojo es la cara de furia con que quedó el ministro del Interior Osvaldo Jaldo y el mismísimo mandatario.
Más vale tarde que nunca
Ahí anda el hombre orquesta del gobernador. Ha decidido no moverse del despacho que tenía antes cuando era el superministro coordinador. Está todo igual, salvo las placas de la puerta que fueron sacadas. Es todo un mensaje: Jorge Gassenbauer es el ministro de Seguridad Ciudadana, pero sigue siendo el coordinador del Poder Ejecutivo y el principal interlocutor del gobernador. Tiene un rol más y un celular diferente. No le dieron una pistola, sino un smartphone más sofisticado. Desde que juró como shérif no ha hecho más que estudiar para entender dónde está parado. Esta semana tuvo una reunión inédita. Se llevó al ministro de Gobierno y Justicia a Tribunales y allí, con la presencia del presidente de la Corte y del ministro fiscal, se reunieron con todos los fiscales. "El Ejecutivo se encarga del manejo de la Policía en la prevención del delito y los fiscales -la Justicia- manejarán la Policía una vez que el hecho se haya cometido y haya entrado bajo la jurisdicción tribunalicia". Además se acordó un protocolo para que todos los fiscales adopten los mismos procederes y no que la Policía deba adecuarse a los caprichos o sistemas de cada fiscal. Sin dudas, no es que hayan descubierto la pólvora sino que han empezado a poner orden. Aún le falta definir quiénes serán los hombres que acomodarán en la pirámide de Seguridad. ¿Por qué no se hizo antes este tipo de reuniones? Porque el alperovichismo está amortiguado. Tanto Edmundo Jiménez, como el propio Gassenbauer -que coordinaba los Ministerios- pudieron haber hecho este movimiento mucho antes. Es que la falta de reuniones de gabinete -parecieran no funcionar los desayunos multitudinarios en la casa del gobernador- en la que se interrelacionen los funcionarios trae consecuencias. Cada área parece manejarse -y remitirse- al mandatario como si fuera un compartimento estanco de los demás y no un equipo de trabajo como debería ser un gabinete.
Gassenbauer en el estudio de su cartera y de su tropa además tendrá en sus manos un área de gran sensibilidad social, como es el IPLA, organismo que nació para prevenir, pero que peor imagen tiene en una sociedad donde el 80% de los delitos se producen como consecuencia del alcohol. Y en este tema, la sociedad no acompaña. La hipocresía es tal que en el IPLA se han secuestrado hace unos días bebidas por un valor de $ 150.000 y nadie fue aún a reclamarla; y ni hablar de equipos de música que superan ese valor y que está juntando telarañas porque el dueño no aparece.
Cuando llega la decadencia del imperio se pierde la dimensión del poder. Por eso los cristinistas se sienten seguros de decir que la Presidenta tiene el 40% de los votos en Tucumán; por lo tanto, si en este año electoral saca un 50% están dispuestos a decirle al gobernador que de él es sólo el 10%. En tiempos donde no se encuentra la brújula mejor no discutir estas cosas, afirman en la Casa de Gobierno, donde esperan que cambien los vientos.
Este último aumento cuasi salarial ha sido recibido por los legisladores sin tanta vergüenza. Ocurre que han logrado demostrar a cierto sector de la sociedad que este sistema se hace necesario. En otras épocas los dueños de las bancas -en todos los gobiernos- tratan de disimular estas decisiones. Durante la gestión de Ramón Ortega los aumentos de recursos disponibles se hicieron en trasnochadas sesiones y lo mismo pasó durante la administración que le delegaron a Antonio Bussi en democracia. Fue en esa gestión en la que la Legislatura habrían proliferado los empleados fantasmas, que aparentemente tenían la capacidad de aparecer y desaparecer de las planillas. Durante el gobierno de Julio Miranda se tapaba todo a través de la partida presupuestaria 012; y luego, directamente se utilizaban bonos que se repartían contra la presencia del legislador ante una caja fuerte que había en la Casa de Gobierno.
Durante este Gobierno le achacaron el descontrol y desmanejo al ex vicegobernador Fernando Juri, a quien José Alperovich maltrató a raíz de los excesos que se cometían en la distribución discrecional de estos dineros extras. Hasta que llegó el gran administrador de fondos. Asumió Juan Manzur y prometió que $ 100 millones sobraban para administrar la Cámara y que pondría fin a tantos enredos. No hizo ni lo uno ni lo otro; y el rebaño alperovichista jamás se quejó. Tanto oficialistas como opositores cobran sus dietas, y religiosamente pasan por la tesorería de la Cámara a recibir personalmente lo que le corresponde por gastos sociales.
El sistema necesita de la complicidad y de la complacencia de cada legislador -sea del color político que fuere-; porque los $ 13.000 de dieta no les alcanza para sus vidas personales y para hacer política. Sin embargo, cada vez que desde la prensa se planteó la posibilidad de que se blanquearan esos fondos y de que se especificara que un legislador necesita lo que fuere para su trabajo -al fin y al cabo son egregios ciudadanos que han recibido el respaldo del pueblo y merecerían un gran remuneración-, siempre el oficialismo -orteguista, bussista, mirandista y alperovichista- se ha opuesto. Sucede que, de esa manera, los legisladores serían verdaderamente libres en sus actos y en sus pensamientos, algo que pareciera no ser grato en esta democracia. Vaya curiosidad.
Hubo un legislador -Hugo Balceda- que se animó a decir algunas cuestiones respecto del vínculo de la droga con la política. Balbuceó; no fue hasta el tuétano con sus decires. Alcanzó, sin embargo, para que de un día para el otro lo castigaran en la Cámara. Se separó de su bloque y empezó a sentir cómo recibía mucho menos fondos que sus iguales, el resto de los legisladores. No fue hace mucho; Balceda era un alperovichista más que manejaba con sus riendas Manzur. Finalmente, cuando vio sus bolsillos escuálidos, Balceda perdió la memoria y no recordó más aquello de que la droga se metía en las campañas políticas, y volvió al redil del bloque oficialista. Pertenecer tiene sus privilegios.
Khoder podría tener ingresos por muchísimos miles y, al mismo tiempo, formar parte de una estructura de gobierno tan eficiente que cuando un ciudadano se acerca a su despacho ella pudiera levantar un teléfono y conseguir que aquella madre lleve a su chiquito al Garrahan sin necesidad de que la legisladora toque un peso. No obstante, pareciera que ni a ella ni al Ejecutivo le conviene ese sistema. Son las miseria de la política actual, que no deberían existir en un Estado moderno, adinerado y poderoso, como el que se administra en Tucumán.
De esta forma, los legisladores de la oposición se han convertido en rehenes y en cómplices; y los del oficialismo, en cómodos beneficiarios. Ni siquiera les importa sentirse discriminados cuando unos reciben más que los otros. Al contrario, lo justifican. Todos los gobernadores, días antes de asumir o durante la campaña, se comprometieron a poner fin a esta forma de convertir en mentirosos -dicen recibir menos de lo que verdaderamente reciben- a los representantes del pueblo. Sin embargo, ninguno lo hizo.
El viento se llevó la alfombra
No por decadente el imperio alperovichista deja de funcionar. Al gobernador no le preocupa demasiado el desgaste de estas instituciones. Sólo le desespera la pérdida de poder. Le asusta que en la Nación sus interlocutores sean de segunda línea. Lo enfurece darse cuenta que alguien lo contradice o no respeta su palabra. Lo desvela que Susana Trimarco le marque los tiempos políticos; nada menos. Esta semana, la mamá de "Marita" le habría pedido que saque de la comisión de Juicio Político a José "Gallito" Gutierrez, pero después le explicaron que era un sijosesista incuestionable y esta se retracto. En la Legislatura no falta el que piensa que la asesoran mal, a veces.
"El hotel se hace sí, o sí", dijo el gobernador hace dos años, cuando se paró la obra en Tafí del Valle debido al incumplimiento de ordenanzas. Alperovich aplica el pragmatismo al máximo. No le importa si una ley, una ordenanza o un fallo judicial dice que no a algo. Él necesita que se haga su voluntad. Así llegó a contradecir un fallo de la Justicia que decía que no podía haber más de cuatro vendedores ambulantes por cuadra. Alperovich dispuso que se desoiga esa resolución hasta Reyes. Ya ha pasado más de un lustro de esa actitud y obviamente, ahora le resulta imposible ordenar la venta ambulante. Si el gobernador no acató la orden judicial, ¿por qué lo va a hacer un ciudadano común? A veces, la demagogia se vuelve un bumerán.
Volviendo al hotel de Tafí del Valle, el intendente Jorge Yapura Astorga no ha tenido empacho en ordenar la demolición de la obra que presenta un piso más de lo que dispone la norma. Al gobernador no le preocupa eso, sino que se haya desobedecido su orden. Ayer, en la Casa de Gobierno despotricaban contra el intendente tafinisto, que va a sufrir políticamente por esta decisión. Es que en estos tiempos cumplir la ley puede ser contraproducente si al que manda no le gusta. Alperovich asumió hace nueve años y medio centenar de días, y prometió alfombra roja para los inversores. Con el decreto de Yapura Astorga y de su archiasesor Miguel Mibelli, lo único rojo es la cara de furia con que quedó el ministro del Interior Osvaldo Jaldo y el mismísimo mandatario.
Más vale tarde que nunca
Ahí anda el hombre orquesta del gobernador. Ha decidido no moverse del despacho que tenía antes cuando era el superministro coordinador. Está todo igual, salvo las placas de la puerta que fueron sacadas. Es todo un mensaje: Jorge Gassenbauer es el ministro de Seguridad Ciudadana, pero sigue siendo el coordinador del Poder Ejecutivo y el principal interlocutor del gobernador. Tiene un rol más y un celular diferente. No le dieron una pistola, sino un smartphone más sofisticado. Desde que juró como shérif no ha hecho más que estudiar para entender dónde está parado. Esta semana tuvo una reunión inédita. Se llevó al ministro de Gobierno y Justicia a Tribunales y allí, con la presencia del presidente de la Corte y del ministro fiscal, se reunieron con todos los fiscales. "El Ejecutivo se encarga del manejo de la Policía en la prevención del delito y los fiscales -la Justicia- manejarán la Policía una vez que el hecho se haya cometido y haya entrado bajo la jurisdicción tribunalicia". Además se acordó un protocolo para que todos los fiscales adopten los mismos procederes y no que la Policía deba adecuarse a los caprichos o sistemas de cada fiscal. Sin dudas, no es que hayan descubierto la pólvora sino que han empezado a poner orden. Aún le falta definir quiénes serán los hombres que acomodarán en la pirámide de Seguridad. ¿Por qué no se hizo antes este tipo de reuniones? Porque el alperovichismo está amortiguado. Tanto Edmundo Jiménez, como el propio Gassenbauer -que coordinaba los Ministerios- pudieron haber hecho este movimiento mucho antes. Es que la falta de reuniones de gabinete -parecieran no funcionar los desayunos multitudinarios en la casa del gobernador- en la que se interrelacionen los funcionarios trae consecuencias. Cada área parece manejarse -y remitirse- al mandatario como si fuera un compartimento estanco de los demás y no un equipo de trabajo como debería ser un gabinete.
Gassenbauer en el estudio de su cartera y de su tropa además tendrá en sus manos un área de gran sensibilidad social, como es el IPLA, organismo que nació para prevenir, pero que peor imagen tiene en una sociedad donde el 80% de los delitos se producen como consecuencia del alcohol. Y en este tema, la sociedad no acompaña. La hipocresía es tal que en el IPLA se han secuestrado hace unos días bebidas por un valor de $ 150.000 y nadie fue aún a reclamarla; y ni hablar de equipos de música que superan ese valor y que está juntando telarañas porque el dueño no aparece.
Cuando llega la decadencia del imperio se pierde la dimensión del poder. Por eso los cristinistas se sienten seguros de decir que la Presidenta tiene el 40% de los votos en Tucumán; por lo tanto, si en este año electoral saca un 50% están dispuestos a decirle al gobernador que de él es sólo el 10%. En tiempos donde no se encuentra la brújula mejor no discutir estas cosas, afirman en la Casa de Gobierno, donde esperan que cambien los vientos.
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