Fatiga: Pérdida de la resistencia mecánica de un material, al ser sometido largamente a esfuerzos repetidos. (Diccionario de la Real Academia Española)
Los síntomas comenzaron a insinuarse apenas asumió el tercer período, a fines de 2011. José Alperovich dijo en diciembre de ese año que, cumplido el mandato en 2015, le gustarían cuatro años más de gestión para completar los planes que tenía para la provincia. A los pocos días se desdijo por completo. Ya en 2012, el asunto se hizo notorio durante la negociación salarial con los policías. Los agentes le arrancaron un incremento del 37% a un Gobierno que, además, debió cambiar la cúpula de la fuerza pública. En julio, otra manifestación: el mandatario trastabilló con el singularísimo "índice guardapolvo": sostuvo que una señal de que la situación alimentaria había mejorado era que los chicos de cuarto grado usaban guardapolvos más grandes. La cuestión volvió a aparecer, otra vez en el terreno educativo, en noviembre: la ministra de Educación, Silvia Rojkés, decidió que las clases se prolongarían sí o sí hasta el 21 de diciembre en todas las escuelas-horno de la provincia. Antes, esas cosas no se le escapaban al gobernador, que debió dar marcha atrás luego de la indignación sindical y familiar desatada por la curiosa justificación de su cuñada: "No podemos condenar a los pueblos tropicales a que no tengan educación".
La fatiga del régimen alperovichista terminó de manifestarse en toda su dimensión en diciembre, a partir del fallo absolutorio a los 13 imputados de haber secuestrado a María de los Ángeles Verón. Y, sobre todo, a partir de los 13 patrulleros de la Policía de Tucumán afectados al traslado de los que iban a ser sentenciados y que, por obvias razones, nunca fueron usados. Es evidente que el oficialismo no tiene (ni debe tener) ninguna participación en esa sentencia (ni en cualquier otra). Pero pocas cosas son tan reveladoras del cansancio gubernamental. Resulta que el Gobierno que poco proclive a respetar la independencia judicial (ya designó uno de cada tres jueces, el 60% de las veces no designó al ganador del concurso del CAM, y discriminó seis veces al secretario judicial Carlos López) no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando en los colonizados tribunales de la provincia. Además del ya ventilado parentesco entre el camarista Eduardo Romero Lascano y el ministro político Edmundo Jiménez, ¿para qué nombró Alperovich tres vocales de la Corte y, además, designó al hijo de la única jueza suprema como su secretario privado?
El recién nacido 2013 comenzó todavía peor. El gobernador despidió 2012 prometiendo hacer lo que le pida Susana Trimarco. Y ella pidió la destitución de la Sala II de la Cámara Penal. Y al respecto sólo se han cometido errores. Quisieron conformar el jury de enjuiciamiento antes de que siquiera se reuniera la comisión de Juicio Político. Los abogados de Trimarco, en el camino, se enteraron de que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de sus sentencias y decidieron, tras 10 meses de juicio en los que no se quejaron formalmente, que los magistrados merecían ser echados por mal compartamiento. Emilio Herrera Molina presentó su dimisión, condicionada a la jubilación. Alberto Piedrabuena puede someterse al proceso y, a fin de acogerse al beneficio previsional, renunciar hasta cinco minutos antes de que el jury vaya a expedirse. Y Romero Lascano no presidió el tribunal ni condujo el debate. Será interesante ver qué inconducta le endilgarán...
En medio, se habilitará una verdadera tribuna desde la cual los acusados (si el alperovichismo no logra maniobrar políticamente para que ellos eviten la instancia del jury dejando sus cargos) podrán exhibir los errores y los horrores de la instrucción en la causa de Marita. Obra de empleados judiciales, funcionarios políticos y policías (esos a los que el gobernador tanto teme) que aún siguen en funciones. Antes, eso no se le escapaba a Alperovich: el no nato juicio político al vocal de la Corte René Mario Goane abortó en el preciso instante en que José Ricardo Falú dio a conocer que él, tan conocedor de los sospechosos de siempre, se haría cargo de la defensa del magistrado.
Está, pero no está
A Alperovich tampoco se le pasaban asuntos como el que se le acaba de escapar en la Caja Popular de Ahorros. "José", como le llama su entorno, siempre derrochó viveza criolla. Como cuando resolvió frenar la obra de la estación transformadora de EDET en Ayacucho al 200. Con la decisión tomada, le dijo a uno de los jueces supremos con los que tiene cercanía inusual desde hace unos meses, que "en realidad" había optado por "parar todo", porque la casa de un familiar del magistrado quedaba en esa vecindad.
Pasear por Tribunales es un fantasma que el mandatario quiere exorcizar y por eso, además de hacerse amigo del juez (y de hacer jueces a sus amigos), manda que todo pase por la Legislatura: de ese modo, no hay denuncia por abuso de autoridad que pueda prosperar. Que al costo lo paguen los legisladores de su partido, que para eso aumentó un 36% los gastos sociales. Se acepta, como probada rendición de cuentas de ese dineral (las "Transferencias" eran de $ 75 millones en el Presupuesto 2012), que los parlamentarios entreguen recibos Húsares escritos a mano alzada. Y todavía falta el aumento de dietas que se concederá en un par de meses, con las paritarias de los estatales...
Justamente, la toma de los $ 172 millones de los fondos de garantía de seguros de la Caja Popular de Ahorros, que bien pudo haberse concretado mediante un convenio, fue sancionado por la Legislatura. Pero la fatiga pone al alperovichismo al borde del incumplimiento de esa misma norma, "su" norma, que ordenaba restituir los dineros a la entidad el 31 de diciembre.
Tres jornadas antes, durante el Día de los Santos Inocentes, el Gobierno anunció oficialmente que concretaba la devolución de $ 155 millones de capital (ya habían restituido $ 17 millones), más $ 6 millones de intereses.
Sin embargo, la cuenta corriente oficial de la Caja Popular de Ahorros (20097313/9) no registra, hasta el miércoles pasado (es decir, durante el período fijado por la ley) el retorno de esos fondos, como sí ocurrió con los $ 17 millones devueltos el 5 de noviembre de 2012.
• El viernes 28 de diciembre aparecen tres operaciones en la columna del "Crédito", por $ 34.824. Con 43 centavos.
• El lunes 31 figuran dos movimientos, por $ 23.083. Con 13 centavos.
• El miércoles ingresaron a esa cuenta $ 0. Con 0 centavos.
Curiosamente, de la cuenta Z-05 del Gobierno en el Banco del Tucumán (20097091/8) sí salieron sumas cuantiosas, con destino a otras dependencias.
• El 28 de diciembre aparecen movimientos, para acreditar en reparticiones, por $ 179.630.796. Con 57 centavos. Y por 123.511.846. Con 6 centavos.
Ni qué decir de la nueva emisión de Letras de Tesorería que el alperovichismo todavía corrige: las dejarán a cambio de tomar los $ 161 millones que dijeron que han devuelto, hasta el 31 de diciembre que viene, a una tasa del 17%. A despecho de los dichos del gobernador, que sostuvo que no ha tenido que "usar" el préstamo de la Caja. Claro que lo usa: ese dinero no está en la entidad sino en las cuentas del Ejecutivo, haciendo de "colchón" para no quedar en "rojo" con el banco.
Se están cansando de quedar en evidencia...
El norte en el sur
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación (2003-2007), impulsó el programa de obras públicas Norte Grande, en nombre de reparar el desequilibrio por tantos años de vigencia del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, instrumentado por su padrino y luego archienemigo, Eduardo Duhalde. Eso, al alperovichismo, nunca se le escapó y lo dijo una y otra vez en el recinto legislativo. Pero en la última sesión, el poder político provincial decidió que a los proyectos de dos obras para Tucumán, en el marco del Norte Grande, se los encargará a la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. Curioso kirchnerismo el de los oficialistas vernáculos: decidieron ceder $ 8,5 millones al conurbano bonaerense.
Esta incoherencia marcada por Ariel García (junto con Silvia Elías, los dos únicos radicales que votaron contra la marginación de los profesionales tucumanos) no fue la mayor estridencia del recinto. La respuesta del PJ, en la voz de Sisto Terán, fue reveladora, según se lee en la copia taquigráfica del debate. "El trabajo, aunque parezca mentira, más oneroso no termina siendo el del proyecto ejecutivo, sino el del estudio del impacto ambiental, porque las exigencias que plantean estas instituciones financieras internacionales son muy superiores a las que planteamos nosotros dentro del ámbito provincial". Los cipayos nos cuidan más que los nacionales y populares.
Que los representantes del pueblo de Tucumán, en el Ejecutivo y en la Legislatura, prefieran a los profesionales platenses antes que a los del pueblo de Tucumán desnuda que el proyecto político gobernante ha perdido ya todo sentido de la orientación.
La aguja de la brújula siempre apunta al Norte, dónde se enclava esta sufrida provincia. Pero el compás de los que gobiernan funciona distinto. Todo apunta al sur. Se orienta hacia La Plata.
Los síntomas comenzaron a insinuarse apenas asumió el tercer período, a fines de 2011. José Alperovich dijo en diciembre de ese año que, cumplido el mandato en 2015, le gustarían cuatro años más de gestión para completar los planes que tenía para la provincia. A los pocos días se desdijo por completo. Ya en 2012, el asunto se hizo notorio durante la negociación salarial con los policías. Los agentes le arrancaron un incremento del 37% a un Gobierno que, además, debió cambiar la cúpula de la fuerza pública. En julio, otra manifestación: el mandatario trastabilló con el singularísimo "índice guardapolvo": sostuvo que una señal de que la situación alimentaria había mejorado era que los chicos de cuarto grado usaban guardapolvos más grandes. La cuestión volvió a aparecer, otra vez en el terreno educativo, en noviembre: la ministra de Educación, Silvia Rojkés, decidió que las clases se prolongarían sí o sí hasta el 21 de diciembre en todas las escuelas-horno de la provincia. Antes, esas cosas no se le escapaban al gobernador, que debió dar marcha atrás luego de la indignación sindical y familiar desatada por la curiosa justificación de su cuñada: "No podemos condenar a los pueblos tropicales a que no tengan educación".
La fatiga del régimen alperovichista terminó de manifestarse en toda su dimensión en diciembre, a partir del fallo absolutorio a los 13 imputados de haber secuestrado a María de los Ángeles Verón. Y, sobre todo, a partir de los 13 patrulleros de la Policía de Tucumán afectados al traslado de los que iban a ser sentenciados y que, por obvias razones, nunca fueron usados. Es evidente que el oficialismo no tiene (ni debe tener) ninguna participación en esa sentencia (ni en cualquier otra). Pero pocas cosas son tan reveladoras del cansancio gubernamental. Resulta que el Gobierno que poco proclive a respetar la independencia judicial (ya designó uno de cada tres jueces, el 60% de las veces no designó al ganador del concurso del CAM, y discriminó seis veces al secretario judicial Carlos López) no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando en los colonizados tribunales de la provincia. Además del ya ventilado parentesco entre el camarista Eduardo Romero Lascano y el ministro político Edmundo Jiménez, ¿para qué nombró Alperovich tres vocales de la Corte y, además, designó al hijo de la única jueza suprema como su secretario privado?
El recién nacido 2013 comenzó todavía peor. El gobernador despidió 2012 prometiendo hacer lo que le pida Susana Trimarco. Y ella pidió la destitución de la Sala II de la Cámara Penal. Y al respecto sólo se han cometido errores. Quisieron conformar el jury de enjuiciamiento antes de que siquiera se reuniera la comisión de Juicio Político. Los abogados de Trimarco, en el camino, se enteraron de que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de sus sentencias y decidieron, tras 10 meses de juicio en los que no se quejaron formalmente, que los magistrados merecían ser echados por mal compartamiento. Emilio Herrera Molina presentó su dimisión, condicionada a la jubilación. Alberto Piedrabuena puede someterse al proceso y, a fin de acogerse al beneficio previsional, renunciar hasta cinco minutos antes de que el jury vaya a expedirse. Y Romero Lascano no presidió el tribunal ni condujo el debate. Será interesante ver qué inconducta le endilgarán...
En medio, se habilitará una verdadera tribuna desde la cual los acusados (si el alperovichismo no logra maniobrar políticamente para que ellos eviten la instancia del jury dejando sus cargos) podrán exhibir los errores y los horrores de la instrucción en la causa de Marita. Obra de empleados judiciales, funcionarios políticos y policías (esos a los que el gobernador tanto teme) que aún siguen en funciones. Antes, eso no se le escapaba a Alperovich: el no nato juicio político al vocal de la Corte René Mario Goane abortó en el preciso instante en que José Ricardo Falú dio a conocer que él, tan conocedor de los sospechosos de siempre, se haría cargo de la defensa del magistrado.
Está, pero no está
A Alperovich tampoco se le pasaban asuntos como el que se le acaba de escapar en la Caja Popular de Ahorros. "José", como le llama su entorno, siempre derrochó viveza criolla. Como cuando resolvió frenar la obra de la estación transformadora de EDET en Ayacucho al 200. Con la decisión tomada, le dijo a uno de los jueces supremos con los que tiene cercanía inusual desde hace unos meses, que "en realidad" había optado por "parar todo", porque la casa de un familiar del magistrado quedaba en esa vecindad.
Pasear por Tribunales es un fantasma que el mandatario quiere exorcizar y por eso, además de hacerse amigo del juez (y de hacer jueces a sus amigos), manda que todo pase por la Legislatura: de ese modo, no hay denuncia por abuso de autoridad que pueda prosperar. Que al costo lo paguen los legisladores de su partido, que para eso aumentó un 36% los gastos sociales. Se acepta, como probada rendición de cuentas de ese dineral (las "Transferencias" eran de $ 75 millones en el Presupuesto 2012), que los parlamentarios entreguen recibos Húsares escritos a mano alzada. Y todavía falta el aumento de dietas que se concederá en un par de meses, con las paritarias de los estatales...
Justamente, la toma de los $ 172 millones de los fondos de garantía de seguros de la Caja Popular de Ahorros, que bien pudo haberse concretado mediante un convenio, fue sancionado por la Legislatura. Pero la fatiga pone al alperovichismo al borde del incumplimiento de esa misma norma, "su" norma, que ordenaba restituir los dineros a la entidad el 31 de diciembre.
Tres jornadas antes, durante el Día de los Santos Inocentes, el Gobierno anunció oficialmente que concretaba la devolución de $ 155 millones de capital (ya habían restituido $ 17 millones), más $ 6 millones de intereses.
Sin embargo, la cuenta corriente oficial de la Caja Popular de Ahorros (20097313/9) no registra, hasta el miércoles pasado (es decir, durante el período fijado por la ley) el retorno de esos fondos, como sí ocurrió con los $ 17 millones devueltos el 5 de noviembre de 2012.
• El viernes 28 de diciembre aparecen tres operaciones en la columna del "Crédito", por $ 34.824. Con 43 centavos.
• El lunes 31 figuran dos movimientos, por $ 23.083. Con 13 centavos.
• El miércoles ingresaron a esa cuenta $ 0. Con 0 centavos.
Curiosamente, de la cuenta Z-05 del Gobierno en el Banco del Tucumán (20097091/8) sí salieron sumas cuantiosas, con destino a otras dependencias.
• El 28 de diciembre aparecen movimientos, para acreditar en reparticiones, por $ 179.630.796. Con 57 centavos. Y por 123.511.846. Con 6 centavos.
Ni qué decir de la nueva emisión de Letras de Tesorería que el alperovichismo todavía corrige: las dejarán a cambio de tomar los $ 161 millones que dijeron que han devuelto, hasta el 31 de diciembre que viene, a una tasa del 17%. A despecho de los dichos del gobernador, que sostuvo que no ha tenido que "usar" el préstamo de la Caja. Claro que lo usa: ese dinero no está en la entidad sino en las cuentas del Ejecutivo, haciendo de "colchón" para no quedar en "rojo" con el banco.
Se están cansando de quedar en evidencia...
El norte en el sur
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación (2003-2007), impulsó el programa de obras públicas Norte Grande, en nombre de reparar el desequilibrio por tantos años de vigencia del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, instrumentado por su padrino y luego archienemigo, Eduardo Duhalde. Eso, al alperovichismo, nunca se le escapó y lo dijo una y otra vez en el recinto legislativo. Pero en la última sesión, el poder político provincial decidió que a los proyectos de dos obras para Tucumán, en el marco del Norte Grande, se los encargará a la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. Curioso kirchnerismo el de los oficialistas vernáculos: decidieron ceder $ 8,5 millones al conurbano bonaerense.
Esta incoherencia marcada por Ariel García (junto con Silvia Elías, los dos únicos radicales que votaron contra la marginación de los profesionales tucumanos) no fue la mayor estridencia del recinto. La respuesta del PJ, en la voz de Sisto Terán, fue reveladora, según se lee en la copia taquigráfica del debate. "El trabajo, aunque parezca mentira, más oneroso no termina siendo el del proyecto ejecutivo, sino el del estudio del impacto ambiental, porque las exigencias que plantean estas instituciones financieras internacionales son muy superiores a las que planteamos nosotros dentro del ámbito provincial". Los cipayos nos cuidan más que los nacionales y populares.
Que los representantes del pueblo de Tucumán, en el Ejecutivo y en la Legislatura, prefieran a los profesionales platenses antes que a los del pueblo de Tucumán desnuda que el proyecto político gobernante ha perdido ya todo sentido de la orientación.
La aguja de la brújula siempre apunta al Norte, dónde se enclava esta sufrida provincia. Pero el compás de los que gobiernan funciona distinto. Todo apunta al sur. Se orienta hacia La Plata.
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