Ningún actor social tradicional estuvo en el centro de la escena este sábado de corridas y miedo, parecido a los días de 1989. Y las respuestas oficiales no sirvieron para aventar la incertidumbre: por eso ayer se vio policías con Itakas en el microcentro y vendedores ambulantes dispuestos a sobrevivir como sea, asumiento su nuevo rol de guardianes de la calle.
La pregunta sobre qué movilizó el vandalismo de estos días tiene varias hipótesis pero no está aún respondida. Pero tampoco había sido respondida en la crisis de 1989 y en los saqueos de 2001, porque, que se sepa, en aquellos tiempos no hubo responsables explicitados públicamente, pese a que se habló de punteros políticos vinculados con grupos mafiosos como manejadores del caos. La hipótesis conspirativa fue asumida ahora por kirchneristas, que culparon a los camioneros de Moyano, o, como dijo Martín Buzzi, gobernador de Chubut, a "una organización que actuó coordinadamente en todo el país a la que se sumaron delincuentes comunes". Similar visión tiene Moyano, cuando culpa al Gobierno por el caos.
La otra hipótesis es la de un movimiento no organizado, espontáneo, sostenida por el jefe de Policía, comisario Jorge Racedo, que parado en la peatonal intentaba calmar a la gente, diciendo que no pasaba nada y que se trataba de delincuentes comunes. Pero tampoco podía explicar de dónde salían esos grupos que atacaron a manotazos los negocios de El Bajo, y que luego se trasladaron al mercado Persia de la calle Junín, siguiendo la paranoia del país. ¿Es como dice Buzzi, o como dice Racedo? ¿O habrá dos circunstancias distintas para un mismo fenómeno?
Está claro que los sectores menos pudientes fueron los más vulnerables: el súper de Lavaisse al 1.200 (en un barrio donde la custodia policial no existe); la autopista de Circunvalación (donde grupos marginales cortaron la ruta y causaron el accidente que le costó la vida al transeúnte Ramón Acosta) y el área comercial de Banda del Río Salí, donde no hubo transportes, ya que los ómnibus fueron apedreados, al igual que en Villa Mariano Moreno. En cambio, los súper grandes reaccionaron y estuvieron llenos de policías.
En esta ocasión hubo unos 500 detenidos en el país. En Tucumán fueron unos 30. El ministro de Seguridad y el jefe de Policía los describieron como jóvenes, casi adolescentes, y muchos de ellos fueron ayer devueltos a sus padres. La ocasión habrá de servir, al menos, para identificar a qué grupos sociales pertenecen y las razones del ataque en patota, más allá del efecto contagio que en pocas horas se desplazó como epidemia por el país. Hay elementos para el análisis: "estos son choros de acá. Los conocemos", dijo un feriante de avenida Independencia al 1.200. O sea, a diferencia de 2001, se podría hacer una pesquisa profunda para desentrañar cualquier hipótesis.
También está claro que las cámaras de seguridad no fueron útiles para prevenir ni detectar la agitación inesperada: un comerciante del centro, Máximo Castro, quien dijo tener alarma y monitoreo, se preguntaba: "¿sirve para algo?" Además, fue evidente que los policías, pese a que había alerta desde los ataques en Bariloche, el jueves, fueron desbordados por el fenómeno y sólo atinaban a correr a donde había corridas. Hubo miedo en la gente y pérdidas entre los comerciantes. El Estado estaba ausente o perdido. Los ambulantes custodiaron la calle.
Habrá que buscar explicaciones en áreas sociales a las que no llega el modelo: quizá sean personas con planes sociales ya devorados por la inflación, que están siendo empujados hacia la marginalidad -como explica Alberto Fernández-; o bien excluidos que no se sienten ciudadanos ni partícipes del sistema y por lo tanto aprovecharon la oportunidad para hacerse un festín. O pueden ser delincuentes. Pero nadie los vio venir y, a menos que se estudie quiénes son y qué motivó sus acciones, no se los verá venir en el futuro.
La pregunta sobre qué movilizó el vandalismo de estos días tiene varias hipótesis pero no está aún respondida. Pero tampoco había sido respondida en la crisis de 1989 y en los saqueos de 2001, porque, que se sepa, en aquellos tiempos no hubo responsables explicitados públicamente, pese a que se habló de punteros políticos vinculados con grupos mafiosos como manejadores del caos. La hipótesis conspirativa fue asumida ahora por kirchneristas, que culparon a los camioneros de Moyano, o, como dijo Martín Buzzi, gobernador de Chubut, a "una organización que actuó coordinadamente en todo el país a la que se sumaron delincuentes comunes". Similar visión tiene Moyano, cuando culpa al Gobierno por el caos.
La otra hipótesis es la de un movimiento no organizado, espontáneo, sostenida por el jefe de Policía, comisario Jorge Racedo, que parado en la peatonal intentaba calmar a la gente, diciendo que no pasaba nada y que se trataba de delincuentes comunes. Pero tampoco podía explicar de dónde salían esos grupos que atacaron a manotazos los negocios de El Bajo, y que luego se trasladaron al mercado Persia de la calle Junín, siguiendo la paranoia del país. ¿Es como dice Buzzi, o como dice Racedo? ¿O habrá dos circunstancias distintas para un mismo fenómeno?
Está claro que los sectores menos pudientes fueron los más vulnerables: el súper de Lavaisse al 1.200 (en un barrio donde la custodia policial no existe); la autopista de Circunvalación (donde grupos marginales cortaron la ruta y causaron el accidente que le costó la vida al transeúnte Ramón Acosta) y el área comercial de Banda del Río Salí, donde no hubo transportes, ya que los ómnibus fueron apedreados, al igual que en Villa Mariano Moreno. En cambio, los súper grandes reaccionaron y estuvieron llenos de policías.
En esta ocasión hubo unos 500 detenidos en el país. En Tucumán fueron unos 30. El ministro de Seguridad y el jefe de Policía los describieron como jóvenes, casi adolescentes, y muchos de ellos fueron ayer devueltos a sus padres. La ocasión habrá de servir, al menos, para identificar a qué grupos sociales pertenecen y las razones del ataque en patota, más allá del efecto contagio que en pocas horas se desplazó como epidemia por el país. Hay elementos para el análisis: "estos son choros de acá. Los conocemos", dijo un feriante de avenida Independencia al 1.200. O sea, a diferencia de 2001, se podría hacer una pesquisa profunda para desentrañar cualquier hipótesis.
También está claro que las cámaras de seguridad no fueron útiles para prevenir ni detectar la agitación inesperada: un comerciante del centro, Máximo Castro, quien dijo tener alarma y monitoreo, se preguntaba: "¿sirve para algo?" Además, fue evidente que los policías, pese a que había alerta desde los ataques en Bariloche, el jueves, fueron desbordados por el fenómeno y sólo atinaban a correr a donde había corridas. Hubo miedo en la gente y pérdidas entre los comerciantes. El Estado estaba ausente o perdido. Los ambulantes custodiaron la calle.
Habrá que buscar explicaciones en áreas sociales a las que no llega el modelo: quizá sean personas con planes sociales ya devorados por la inflación, que están siendo empujados hacia la marginalidad -como explica Alberto Fernández-; o bien excluidos que no se sienten ciudadanos ni partícipes del sistema y por lo tanto aprovecharon la oportunidad para hacerse un festín. O pueden ser delincuentes. Pero nadie los vio venir y, a menos que se estudie quiénes son y qué motivó sus acciones, no se los verá venir en el futuro.
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